Desaladoras, campos de golf y viviendas: así amañó contratos la trama del PSOE valenciano
La Guardia Civil desgrana el ‘modus operandi’ con el que los cabecillas del ‘caso Azud’ favorecían a empresas a cambio de mordidas para financiar al PSPV
El exdirigente del PSPV-PSOE Pepe Cataluña declara en Valencia por el ‘caso Azud’. | Europa Press
Desaladoras, campos de golf y proyectos urbanísticos en localidades gobernadas por el PSOE en la Comunidad Valenciana. Son denominadores comunes en varias de las operaciones que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga en la pieza separada del caso Azud sobre los presuntos amaños de contratos y mordidas para financiar ilegalmente al PSOE valenciano entre los años 2004 y 2012. Muchos de ellos, en supuesta connivencia con altos cargos de la empresa pública estatal Acuamed, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía entonces la actual presidenta nacional del PSOE, Cristina Narbona.
A lo largo de un informe de 377 páginas, la UCO desgrana el modus operandi de la presunta trama corrupta vinculada al PSOE valenciano, cuyos cabecillas serían el extesorero del partido José María Cataluña y el histórico abogado del PSOE valenciano José Luis Vera. Haciendo uso de sus influencias en esa formación política, «habrían ejercido un papel nuclear» en la adulteración de contratos públicos para la «obtención, gestión y utilización» de cuantiosa comisiones y fondos ilícitos pagados por empresas del Grupo Axis y otras empresas que «tendrían como destinatario último al PSOE».
Presuntas mordidas que estaban relacionadas con actuaciones urbanísticas, desaladoras y campos de golf en distintas localidades como Jijona (Alicante), Bétera (Valencia) y Pego (Alicante). En el primero de esos municipios se habría producido la mayor de las comisiones ilegales detectadas por la Guardia Civil en la investigación: dos millones de euros que serían repartidos a partes iguales entre José Luis Vera y el PSOE.
La desaladora y el campo de golf en Jijona
Ante la escasez de recursos hídricos para desarrollar en Jijona el Programa de Actuación Integrada (PAI) ‘El Espartal’, que contemplaba la construcción de 5.000 viviendas y un campo de golf, el dueño del Grupo Axis habría recurrido al abogado Vera Llorens. En connivencia con un directivo de Acuamed, que también había sido alto cargo del PSOE valenciano, Vera logró que la empresa pública estatal firmase un convenio con el Ayuntamiento de Jijona para la ampliación de una desaladora. Una operación que permitió salvar la problemática de los recursos hídricos que ponía en riesgo el proyecto urbanístico del Grupo Axis.
Como contraprestación a sus servicios, Vera habría percibido importantes sumas económicas que habría destinado tanto a su beneficio personal como a financiar al PSOE en el año 2007. A través de contratos ficticios, según la UCO, el histórico abogado del PSOE valenciano «habría percibido en su propio beneficio 563.000 euros a través de dos contratos que se presumen ficticios» entre empresas del Grupo Axis y sociedades vinculadas a él. Con el objetivo de «dotar de apariencia de legalidad» a esos pagos, también se suscribieron contratos por importe de 484.480 euro a varias empresas de publicidad cuyos servicios no habrían sido prestados.
«Estos pagos (los efectuados a las empresas de publicidad) formarían parte de las comisiones percibidas por José Luis Vera y, también, de los que se desprende que el beneficiario último de los mismos habría sido el PSOE, al que este se encuentra estrechamente vinculado», indica la UCO. Los investigadores destacan las anotaciones encontradas en las agendas de Pepe Cataluña en relación a dos reuniones mantenidas entre Vera y el dueño de Grupo Axis, Jaime Febrer, en el periodo en el que se estaba tramitando el PAI ‘El Espartal’, durante el año 2007.
Un millón de euros para el PSOE
En esas anotaciones sobre la primera reunión, celebrada en febrero de ese año en la sede del Grupo Axis, se hace referencia a «aportaciones y honorarios» relacionados con el proyecto de Jijona. También «se refleja un reparto de fondos de 2 millones de euros vinculado a una desaladora», en el que uno de los destinatarios de 1 millón de euros aparece referido como «Partido». Anotación que los investigadores relacionan con el PSOE.
En otros mails, facturas y documentos que la Guardia Civil relaciona con la desaladora y el convenio suscrito entre Acuamed y el Ayuntamiento de Jijona, figuran distintas anotaciones y conversaciones que acreditarían una segunda reunión reunión entre Vera y Febrer en abril de 2007. «A juicio policial, las similitudes entre ambas atendiendo al contexto de la investigación y a la actividad desarrollada en relación al PAI ‘El Espartal’, vinculan directamente la actividad desarrollada por José Luis VERA con la percepción por su parte de 2MM€; uno de los cuales habría destinado a su beneficio particular y, el restante, al partido político con el que se le vincula y a través del que habría articulado su capacidad de influencia sobre determinados procedimientos administrativos», indica la UCO.
Otra desaladora en Castellón
La de Jijona no sería la única operación de los cabecillas de la trama corrupta relacionada con una desaladora y con Acuamed. El extesorero del PSOE valenciano José María Cataluña habría intervenido en el contrato por el que la mercantil FACSA, del Grupo Gimeno, resultó adjudicataria en 2008 para la redacción del proyecto y la construcción de la desaladora de Moncofar (Castellón), por un importe de 50,8 millones de euros.
«Poco después de la adjudicación, se habría producido algún tipo de reunión entre José María Cataluña y FACSA a tenor del contenido de las agendas del primero», indica la UCO. Finalmente, el 28 de marzo de 2008, una de las mercantiles utilizadas por la trama para realizar pagos -en concepto de servicios publicitarios ficticios- emitió a FACSA una factura por importe de 70.817 euros. Según la Guardia Civil, ese pago «tendría como finalidad justificar el abono de una serie de servicios prestados en beneficio del PSOE con motivo de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado que tuvieron lugar el 9 de marzo de 2008».
Ayuntamientos del PSOE y campos de golf
Además de los proyectos urbanísticos mencionados anteriormente, la UCO relaciona a Vera y Cataluña con otras presuntas irregularidades en los municipios de Bétera y Pego a favor del Grupo Axis. En el primero de esos municipios, en el año 2005, las empresas de Febrer pretendían desarrollar un proyecto para construir 4.000 viviendas y un campo de golf. Para ello, se celebraron varias reuniones con el alcalde y otros concejales de esa localidad valenciana, gobernada en minoría por PP y UV.
Para sacar adelante el proyecto, la constructora necesitaba el apoyo de otros partidos políticos como el PSOE. Vera y Cataluña habrían participado en una reunión con los responsables de Axis para tratar esta cuestión. «En las anotaciones relativas a esta reunión aparecen una serie de apuntes relacionados con la localidad de Bétera, entre las cuales se recoge un punto que contempla: ‘PSOE 15 millones de pesetas’», indica el informe de la UCO.
En la localidad alicantina de Pego, y también en 2005, de nuevo el Grupo Axis promovió un proyecto para la construcción de 1.300 viviendas y un campo de golf. Las pruebas encontradas por la Guardia Civil también reflejan anotaciones relacionadas con el PSOE, y más concretamente con su portavoz en ese Ayuntamiento, gobernado por un tripartito formado por PP, PSOE y Bloc.
El 7 de abril de 2005 tuvo lugar una reunión en la sede del Grupo Axis, en la que habrían participado Febrer, Vera y Cataluña. Según las anotaciones de las agendas incautadas por la Guardia Civil, aquella reunión estaba relacionada con el proyecto urbanístico de Pego. El grupo empresarial, según esas anotaciones, pretendía pagar 300 millones de pesetas al PSOE y Bloc a través de José Luis Vera. El proyecto urbanístico en Pego fue aprobado con los votos de PP y PSOE, y con la abstención de Bloc, aunque finalmente nunca llegaría a desarrollarse.
