Varapalo del Defensor del Pueblo a Escrivá por la falta de citas en la Seguridad Social
La institución que lidera Ángel Gabilondo pide al ministerio que «resuelva las demoras» y «la falta de disponibilidad de citas presenciales»
Escrivá presenta los datos de afiliación a la Seguridad Social en noviembre. | Jesús Hellín (Europa Press)
El Defensor del Pueblo alerta de la «deficiente» gestión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A las movilizaciones de la plantilla en los últimos meses se añade ahora el reproche del organismo que lidera Ángel Gabilondo, que reclama al departamento de José Luis Escrivá que «resuelva las demoras en la concesión de citas en las diferentes oficinas de la Seguridad Social, así como la falta de disponibilidad de citas presenciales».
La recomendación del Defensor del Pueblo busca que el ministerio de Escrivá «supere las deficiencias apreciadas en los servicios de atención a la ciudadanía, situación que se aleja mucho de la necesaria prestación de un servicio público efectivo y de calidad, incompatible con el derecho de buena Administración».
La institución que dirige Gabilondo eleva al titular del ministerio las recomendaciones que realizó el pasado 19 de agosto al secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones. Entonces ya alertó de las deficiencias detectadas en el servicio de citas previas y atención presencial.
Quejas a la gestión de Escrivá
«El incesante número de quejas recepcionadas relacionadas con las dificultades de los ciudadanos para obtener cita previa en cualquier provincia del territorio nacional, que les permita recibir atención directa en los servicios de atención e información al público, alternativos a la comunicación telemática que ofrece la Seguridad Social», insiste el Defensor del Pueblo.
El órgano constitucional considera que, pese a las medidas adoptadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para resolver esta situación, estas «no resultan suficientes en orden a recibir una atención eficaz y eficiente que permita gestionar de forma directa las necesidades ciudadanas, en especial las del colectivo afectado por la brecha digital y en situación de vulnerabilidad para los que la atención presencial constituye una necesidad preferente».
Los particulares señalan en sus quejas que se ven obligados a realizar múltiples llamadas telefónicas «en diferentes horas y días en su deseo de obtener cita previa, así como sucesivos trámites a través de internet, en su mayoría sin resultado positivo, lo cual suponen un incumplimiento objetivo y directo de la obligación recogida en el artículo 103.1 de la Constitución, según el cual la Administración debe servir con objetividad a los intereses generales y actuar de acuerdo con el principio de eficacia en el desempeño de su labor».
Los damnificados apuntan que la situación afecta a la gratuidad del procedimiento administrativo al verse abocados a la contratación de servicios de asesoría para poder realizar con éxito sus trámites administrativos. La Seguridad Social se reforzó tras el verano con 1.615 trabajadores ante la situación de colapso. Supuso el primer aumento neto de la plantilla tras perder más de 6.500 efectivos en la última década, lo que provoca esperas en la atención de más de tres meses.
Los sindicatos afirman que el refuerzo es insuficiente para abordar las deficiencias de personal que tiene la Seguridad Social porque la carga de trabajo aumenta. El número de pensiones y los afiliados incrementa cada mes y deben responder a nuevas competencias de gestión como el Ingreso Mínimo Vital.
Durante la pandemia debieron hacer frente a un incremento de actividad extraordinario, ya que tuvieron que tramitar cuatro millones de bajas por covid y prestaciones para 1,5 millones de autónomos y casi cuatro millones de trabajadores en ERTE. La Seguridad Social cuenta con apenas 25.000 efectivos para hacer frente a estas tareas, pese a que las plazas reconocidas son 31.766. CSIF estima que existe un déficit 7.468 puestos, muy por encima del número de trabajadores que se incorporan.
