Dos juzgados mantienen en vilo al Gobierno por sus contratos covid con un proveedor chino

Una misma empresa china figura en las dos causas judiciales en las que se investiga al exministro Salvador Illa y a otros tres altos cargos del Gobierno por su gestión durante la primera ola de la pandemia, según documentos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Se trata de Hangzhou Ruining Trading, un bróker chino que en los primeros compases de la pandemia recibió dos contratos valorados en 74,7 millones de euros para traer material sanitario a España en aviones fletados por Inditex.

Por un lado, el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid investiga la posible implicación de Illa en la distribución de un lote de dos millones de mascarillas defectuosas, suministradas por Hangzhou Ruining Trading, que habrían sido entregadas a los médicos en la primera ola de la pandemia a pesar de no cumplir con los requisitos de seguridad exigidos por la normativa. Una causa en la que se investiga un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores del sector sanitario, a raíz de una querella interpuesta por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contra el exministro y actual líder del PSC.

El segundo de los contratos a Hangzhou Ruining Trading, por el que la misma empresa percibió otros 43,4 millones de euros para traer batas desechables de protección contra el covid, figura también en el conocido como caso Travis. Es una de las adjudicaciones por las que el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid investiga a dos exaltos cargos de Sanidad y una directora general del Ministerio de Hacienda por presuntas irregularidades en los contratos covid otorgados por el Gobierno, sin licitación ni publicidad previa, a empresas de las que se desconocía incluso su domicilio fiscal.

Mascarillas ‘fake’ de Illa

El caso de las mascarillas defectuosas, como adelantó este diario, se ha reabierto recientemente por orden de la Audiencia Provincial de Madrid. En una providencia fechada el pasado 29 de diciembre, el juez Carlos Valle acordó la práctica de nuevas diligencias para esclarecer el papel de Illa, como máximo responsable de Sanidad, en la gestión la gestión del lote de dos millones de mascarillas defectuosas FFP2 N95, de la marca Garry Galaxy, adquiridas como parte de un contrato de 23,8 millones de euros adjudicado a Hangzou Ruining Trading, sin publicidad ni licitación previa, el 20 de marzo de 2020.

Para ello, el titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid ha librado sendos oficios dirigidos al Ministerio de Sanidad y otros dos organismos públicos: al Instituto de Salud Carlos III y al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). El objetivo es que aporten información concreta sobre la gestión de las mascarillas defectuosas, incluidas en uno de los tres lotes de mascarillas por las que el Gobierno acabó pagando 31,2 millones (impuestos incluidos) a la mercantil china.

A pesar de que en la memoria de la adjudicación se señalaba la necesidad imprescindible de «proteger a los profesionales sanitarios», las mascarillas incluidas en el primer lote no cumplían con la seguridad mínima exigida para proteger a los médicos. Aun así, fueron distribuidas por el Gobierno a varias comunidades autónomas en una época en que la covid-19 se cobraba cientos de muertos al día en hospitales de toda España. Las autoridades de Aragón y Cataluña detectaron que esas mascarillas no cumplían con las normas de seguridad preceptivas y avisaron de ello a Sanidad el 10 de abril de 2020. Su nivel de filtrado era de tan solo el 70%, muy lejos del 92% mínimo que exige la normativa.

El Ministerio de Sanidad, dirigido por Salvador Illa, se vio obligado a ordenar su retirada de los hospitales. Para entonces, según la querella del sindicato médico CESM, ya habían sido utilizadas por el personal sanitario en distintos centros médicos. Al menos, en la Comunidad Valenciana. «Se utilizaron entre los días 5 y 17 de abril de 2020 por facultativos y otro personal sanitario en la atención a pacientes contagiados por la covid-19, lo que puso en grave riesgo a todo el personal receptor de las mencionadas mascarillas», indica la querella que originó la causa contra el exministro y actual líder del PSC.

A pesar de que Cataluña y Aragón dieron aviso el 10 de abril de las deficiencias de seguridad de las mascarillas, la orden de retirada no se habría ejecutado hasta siete días después. El juez quiere averiguar si ese retraso, y otras cuestiones relacionadas con la gestión de las mascarillas fake, puede suponer un delito contra la salud de los trabajadores sanitarios.

Tres altos cargos imputados

El segundo caso relacionado con Hangzhou Ruining Trading lo investiga el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid y tiene a tres altos cargos del Gobierno imputados. A raíz de una querella interpuesta por Vox, se investiga un posible delito de malversación en una docena de contratos por los que el Estado pagó 310 millones de euros y que fueron adjudicados entre el 13 de marzo y el 30 de abril del año 2020. 

Entre ellos, según fuentes jurídicas, se encuentra el segundo de los contratos adjudicados por el Ministerio de Sanidad a Hangzhou Ruining Trading y por el que la mercantil china percibió otros 43,3 millones de euros. Suscrito el 28 de marzo de 2020 para traer a España 2,3 millones de unidades de monos desechables de protección para los sanitarios, ese contrato figura en el punto seis de la querella del partido presidido por Santiago Abascal.

La denuncia recalca que en la adjudicación inicial, corregida meses después por el Gobierno, no aparecía «identificación fiscal, ni forma societaria, nacionalidad, domicilio u objeto social conocido» de la compañía china. En su escrito, Vox pide investigar si la empresa existe realmente y sugiere la posibilidad de que un «contratista nacional» hubiera actuado como intermediario entre el Ministerio de Sanidad y Hangzhou Ruining Trading.

¿Un contratista nacional?

«En la citada memoria justificativa se detalla también un presupuesto en concepto de IVA (21%) y otro en materia de tasas, aranceles y ‘otros’ que finalmente no aparecen en la licitación y que inducirían a pensar que aunque estamos ante un contratista nacional, el pago se realizara en ‘dólares USA'», señala la formación política en la querella que investiga la juez Concepción Jerez.

La memoria justificativa de ese contrato, formalizado en el BOE el 28 de abril de 2020, está firmada por Alfonso María Jiménez Palacios. El exdirector del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), ahora jubilado, es uno de los tres imputados en esta causa. Todos ellos ocupaban altos cargos del Gobierno durante la época en la que se concedieron los contratos y firmaron las adjudicaciones que investiga el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid.

Las otras dos personas investigadas son Paloma Rosado, actualmente titular de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC) del Ministerio de Hacienda, y Patricia Lacruz, exdirectora general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGCBSSNSF).

Esta última fue cesada en su cargo el pasado 30 de agosto -después de que la jueza decidiera ampliar y prorrogar la investigación-, según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE). La directora general de Farmacia, que también firmó la polémica adquisición de las mascarillas defectuosas por las que se investiga a Salvador Illa,  presentó su dimisión alegando motivos personales, según avanzó el diario La Razón.

Informaban a Illa

Durante su declaración ante la juez, el pasado mes de abril, los tres imputados defendieron haber actuado conforme a la normativa vigente y aseguraron haber informado en todo momento a sus superiores, según informaron fuentes jurídicas. En concreto, Jiménez aseguró que informaba al menos dos veces al día al entonces ministro Salvador Illa sobre los contratos adjudicados. También reveló que el equipo interministerial que decidía las adjudicaciones a empresas chinas se basó en un listado de empresas recomendadas por la Embajada de España en Pekín.

A pesar de que la Fiscalía pidió archivar la causa, al considerar que la querella de Vox se sustentaba «en meras conjeturas y sospechas», la juez Concepción Jerez acordó prorrogar la investigación otros seis meses meses para esclarecer si se cometió un delito de malversación en la adjudicación de los contratos. La magistrada solicitó nueva documentación a los imputados, defendidos por la Abogacía del Estado, y les llamó a declarar por segunda vez el pasado mes de noviembre.

Frenazo a la causa

Sin embargo, esa declaración se suspendió a última hora y se aplazó sin fecha. Entregaron apenas 24 horas antes de su cita con la juez las pruebas documentales solicitadas meses antes por la magistrada, según fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE. Ante la entrega tardía de la documentación, con la que se buscaba dar impulso a la causa, Vox pidió a la titular del juzgado que aplazase la declaración de los tres investigados para poder analizar las nuevas pruebas. 

Con los documentos aportados a la causa, se intenta aclarar qué expertos formaban parte del equipo interdisciplinar que decidía sobre las adjudicaciones a empresas para traer material sanitario a España en la primera ola de la pandemia, y qué compañías adjudicatarias estaban en el listado de proveedores chinos facilitado por la Embajada española en Pekín en marzo de 2020.

La juez entendió que la acusación no había tenido margen suficiente para estudiar los documentos y aceptó aplazar la declaración de los investigados. Vox consideraba necesario pedir a los investigados cualquier indicio documental «que acredite la existencia de dicho comité de expertos», como las actas de sus reuniones o los correos electrónicos que avalaron las compras de material sanitario que se investigan en la causa. Ante el frenazo que esto supuso a la causa, según fuentes jurídicas, el partido político ha solicitado a la juez que prorrogue otros seis meses la instrucción del caso.