La Fiscalía rebaja la pena al jefe policial acusado de expulsar a agentes de un hotel por el 1-O
Los concejales del PSC Carme Aragonès y Jordi Masnou han aceptado una condena de un año de cárcel y otro de inhabilitación
Policías nacionales en Barcelona en octubre de 2017. | Manuel Medir / Zuma Press / ContactoPhoto
La Fiscalía ha rebajado de tres a dos años y medio su petición de condena para Carles Santacreu, jefe de la Policía Local de Pineda de Mar (Barcelona), acusado de coaccionar a un hotelero para que expulsara a policías nacionales del 1-O, con una alternativa que propone una pena de solo inhabilitación.
En la sección sexta de la Audiencia de Barcelona ha quedado hoy visto para sentencia el juicio contra el mando policial y contra los concejales del PSC Carme Aragonès, que era teniente de alcalde de Pineda en octubre de 2017, y Jordi Masnou, todavía teniente de alcalde de Pineda, según señala EFE.
En la primera sesión del juicio, ambos cargos socialistas aceptaron una condena de un año de cárcel y otro de inhabilitación por coaccionar al hotelero para forzar la expulsión de los policías, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía al que el jefe de la Policía Local no aceptó sumarse.
En su declaración ante la Audiencia de Barcelona, Aragonès y Masnou han reconocido las coacciones, como habían pactado con la Fiscalía, pero han exculpado al mando de la Policía Local, que según su versión no tuvo participación alguna en la reunión con el hotelero y se limitó a acompañarlos por seguridad, para abrirles paso ante las centenares de personas concentradas frente al establecimiento en protesta por la presencia de los policías.
Al mismo argumento se ha ceñido el propio jefe de la Policía Local, que ha explicado que acompañó a la reunión a Aragonès -quien representaba al alcalde porque este estaba fuera del municipio- para sacarla a ella y al otro concejal de la «zona de conflicto».
Según el acusado, en la reunión se limitó a «estar», sin participar, y atento a lo que sucedía a las puertas del hotel: «tengo fuera varios focos, 80 o 90 personas que estaban nerviosos -los policías nacionales que se alojaban en el hotel- y 300 personas hostiles con los antidisturbios».
En sus conclusiones definitivas, el fiscal ha rebajado a dos años y seis meses de cárcel la pena que solicita para Santacreu por un delito de coacciones, al aplicarle la atenuante de dilaciones indebidas, en un causa que empezó a investigarse hace cinco años. Pero además ha introducido una pena alternativa para el caso de que el tribunal descarte condenar al agente por coacciones: una pena de inhabilitación especial durante 15 meses y multa de 6.750 euros por el delito de omisión del deber de impedir delitos.
«Le acusamos de pasividad ante el delito que presencia», ha razonado el fiscal, tras recordar la «tensión horrible» que sufrieron los policías nacionales alojados en el hotel de Pineda, quienes en su opinión «se sintieron insultados y amenazados», sin que nadie tuviera la «gentileza» de consultarles, hasta que el 3 de octubre tuvieron que abandonar el establecimiento.
Para los concejales del PSC, ha solicitado la condena de un año de cárcel y otro de inhabilitación pactada con su defensa, pena que el tribunal ha avanzado que tiene la intención de suspender -para evitar que tengan que entrar en prisión- una vez compruebe que carecen de antecedentes penales.
