Rull y Forn podrán ser candidatos en mayo si el Supremo mantiene el criterio del juez Llarena
El juez Manuel Marchena debe decidir en los próximos días si aplica el nuevo delito de desórdenes públicos agravados a los condenados por el ‘procés’
Josep Rull | Europa Press
La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, que preside Manuel Marchena, debe revisar esta semana las condenas por sedición y malversación a los líderes independentistas después de que el Gobierno derogara el delito de sedición y reformara la malversación del Código Penal. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE explican que, si Marchena sigue el mismo criterio que el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, que optó por aplicar una malversación agravada a los encausados rebeldes -Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí-, los únicos que tienen el camino despejado para volver a la política en el corto plazo son Josep Rull y Joaquím Forn, ya que son los dos exconsejeros juzgados que no fueron condenados por este delito.
El juez instructor eliminó la sedición sin aplicar el nuevo delito de desórdenes públicos agravados a Carles Puigdemont ni al resto de exconsejeros fugados por entender que lo que sucedió en el 1-O no encaja en esta nueva tipificación. Su auto fue recurrido por la Fiscalía, que pide reclamarles por este delito. Ahora, queda por ver si el Supremo también considera que no ha lugar a aplicar el delito de desórdenes públicos agravados a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva al tiempo que les aplica una malversación agravada, que comportaría asociada una pena de inhabilitación para cargo público.
Cae la inhabilitación
En la sentencia del Alto Tribunal del 14 de octubre de 2019 se condenó a Junqueras a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta; y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a las penas de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta, en los cuatro casos por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.
Asimismo, condenó por el delito de sedición -pero no de malversación- a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, a las penas de 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta; a los exconsellers del Govern autonómico Joaquim Forn y Josep Rull a las penas de 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta; y a los líderes de Assemblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, a las penas de 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta.
En cuanto a los exconsellers Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, fueron condenados cada uno de ellos como autores de un delito de desobediencia a las penas de 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial.
Fuentes de las defensas consultadas por este periódico entienden que al decaer la sedición, también tiene que caer la pena de inhabilitación asociada a la sedición. De hecho, los condenados de ERC han pedido la absolución en el Supremo bajo el pretexto de que la sedición había sido suprimida del Código Penal: «El texto del Código Penal (CP) vigente es más favorable, al no prever responsabilidad penal para ninguna de las conductas por las que recayó condena en su día», afirmaron Junqueras y Romeva en sus escritos de alegaciones a los que tuvo acceso Europa Press.
Elecciones municipales
De momento, ni Josep Rull ni Joaquim Forn han expresado públicamente su interés en volver a la primera línea política. Pero no hay que descartar que se integren en las candidaturas de las elecciones municipales del próximo mayo si finalmente el Supremo les exonera del delito de desórdenes públicos agravados.
«La mujer de Rull es cabeza de lista por Terrassa y tuvieron muchos enfrentamientos con su número dos, Montserrat Caupena. Seguramente irá a mítines y quizás cierra la lista, pero no creo que sea candidato», añaden a THE OBJECTIVE fuentes de Junts. En el caso de Forn, estas mismas fuentes afirman que «ayudará en la candidatura de Barcelona», de Xavier Trias, pero «de forma discreta».
Tampoco hay que descartar que, si el Supremo mantiene el mismo criterio de Llarena sobre la malversación agravada, decenas de independentistas procesados por malversación por su implicación en el 1-O, como Josep María Jové o Lluís Salvadó, puedan ser condenas a años de cárcel. En este caso, la única solución que tendría el Ejecutivo de Pedro Sánchez sería otra tanda de indultos.
