El TC acelera con el aborto: habrá una nueva ponencia este mes y se aprobará antes del 28M
La mayoría progresista persigue avalar la ley en su totalidad. Cándido Conde-Pumpido se comprometió a acelerar las resoluciones pendientes en el tribunal
Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal Constitucional. | Alberto Ortega (Europa Press)
Cándido Conde-Pumpido pisa el acelerador. El presidente del Tribunal Constitucional quiere zanjar cuanto antes el asunto de la ley del aborto aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero. Especialmente después de que la mayoría progresista haya inadmitido el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP hace casi 13 años. Los magistrados también han rechazado la ponencia del conservador Enrique Arnaldo, que renuncia a redactar un nuevo texto. En ese cometido le sustituirá la progresista Inmaculada Montalbán. El objetivo es presentar una nueva ponencia este mismo mes y aprobar la sentencia definitiva antes de las elecciones del 28 de mayo.
Esta decisión contrasta con los casi 13 años que lleva sin resolverse el recurso de inconstitucionalidad de la ley del aborto que presentó el PP. La intención es recortar los tiempos, fruto del compromiso de acelerar las resoluciones pendientes que adquirió el nuevo presidente del Constitucional. Así se lo comunicó Conde-Pumpido a sus compañeros en el pleno gubernativo celebrado el 17 de enero.
La norma que regula el aborto en España fue actualizada en 2010 con la ley de plazos. El Gobierno socialista, siguiendo el ejemplo de otros países europeos, estableció un periodo de tiempo para interrumpir el embarazo de forma voluntaria sin necesidad de cumplir otros requisitos, como requería la norma anterior. El nuevo texto permite abortar en las primeras 14 semanas de forma libre; entre la 14 y la 22 siempre que exista un criterio médico y, a partir de entonces, por anomalías graves e incurables.
El recurso contra el aborto
Medio centenar de diputados del PP, liderados por Federico Trillo, presentaron un recurso de inconstitucionalidad a la ley del aborto en junio de 2010. El caso ha pasado ya por las manos de tres magistrados. Los primeros responsables fueron Elisa Pérez Vera y Andrés Ollero, pero sus proyectos nunca llegaron a debatirse en pleno. El único que alcanzó la última fase fue el borrador de Arnaldo, desestimado este jueves por siete votos contra cuatro.
Arnaldo proponía declarar inconstitucional por insuficiente el artículo 17.5 de la norma, que regula cómo debe proporcionarse la información a la mujer que desee interrumpir su embarazo. En su opinión, esa fórmula no asegura que la gestante esté «debidamente informada antes de adoptar su decisión», lo que afecta tanto a los derechos de la embarazada como a la protección del nasciturus.
El borrador de Arnaldo estaba listo en abril, pero el anterior presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, descartó llevarlo al pleno por la división que generaba el recurso a la ley del aborto. En esas circunstancias, consideró más conveniente aplazar el trámite hasta que se remozara la corte de garantías, lo que sucedió en enero.
La mayoría progresista ha desestimado este jueves la sentencia de Arnaldo. El jurista designado por el PP ha renunciado a redactar un nuevo borrador de sentencia. Conde-Pumpido no quiere perder un instante y ha nombrado como sustituta a Inmaculada Montalbán. Magistrada del bloque progresista y vicepresidenta de la corte de garantías, asume la tarea de retocar el artículo que el anterior ponente pretendía declarar inconstitucional para avalar así la ley del aborto de Zapatero en su totalidad.
Casos con mayor repercusión
Montalbán presentará su proyecto antes de que finalice febrero, según explican fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE. El presidente del Constitucional lo elevará a pleno en las semanas siguientes con la intención de que el recurso que presentaron los populares contra la ley del aborto quede resuelto antes de las elecciones municipales y regionales (hasta en 13 comunidades autónomas) del 28 de mayo.
Las fuentes consultadas rechazan que se trate una estrategia para beneficiar a la izquierda en los comicios. Lo enmarcan dentro del intento de Conde-Pumpido por acelerar las resoluciones pendientes, «tanto las que tienen más antigüedad como aquellas que revisten una mayor repercusión social y política». Además del recurso contra la ley del aborto, el presidente del Constitucional ha incluido en los plenos de febrero y marzo la resolución de la ley de eutanasia y la denominada ley Celáa.
Conde-Pumpido ya encargó a mediados de enero un plan de choque para agilizar los recursos pendientes con la intención de poner al día a la institución en un plazo de seis meses. No obstante, las críticas por la designación de Montalbán no se han hecho esperar. La oposición considera que responde a un intento por «desactivar minas» en el camino electoral. Además, afea que se haya elegido como nueva ponente a una de las magistradas a las que pidieron recusar cinco exdiputados del PP.
El pleno del Constitucional desestimó la petición este miércoles por «carecer de legitimación». Los antiguos parlamentarios habían solicitado que se apartaran de las deliberaciones de la ley del aborto cuatro magistrados, tres de ellos progresistas: Cándido Conde-Pumpido, el exministro Juan Carlos Campo (secretario de Estado durante el gobierno de Zapatero) y la propia Montalbán, que durante la tramitación de la ley formaba parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La abstención de Espejel
Lo mismo que la conservadora Espejel, que en 2009, como miembro de la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ, votó en contra del informe sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La magistrada, nombrada por el PP, solicitó el pasado martes al pleno y al presidente del Constitucional su abstención al entender que, si participa en la votación, estaría faltando al deber de imparcialidad exigido.
La corte de garantías no le concedió su petición al considerar que el criterio expresado en ese estudio «fallido» no llegó a elevarse a Moncloa y fue «hace más de 12 años». En opinión de la mayoría progresista, ese hecho no «inhabilita» a Espejel para participar en la deliberación. Además, considera que un recurso de inconstitucionalidad «no es un proceso entre partes en el que se ventilen intereses particulares».
Las fuentes consultadas dan por hecho que la sentencia de Montalbán será la definitiva gracias a la mayoría progresista con la que cuenta el Constitucional desde que se renovó en enero. Ni siquiera el PP discute la legalidad de la ley de plazos.
Mariano Rajoy tan solo hizo una modificación a la norma haciendo necesario el consentimiento de los progenitores para que las menores de edad pudieran abortar. El actual líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, incluso pretendía retirar el recurso. No pudo hacerlo porque necesitaba la firma de los 50 diputados que lo avalaron en su momento.
