La Justicia investiga los desplazamientos forzados por el «clima intimidatorio» de ETA
Solicita un informe que incluya las «amenazas, coacciones y hostigamiento» perpetrado contra «militantes de partidos políticos constitucionalistas
Audiencia Nacional | Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
El juez de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, ha decidido reabrir la causa por el atentado perpetrado por ETA contra el concejal del PP en Durango (Vizcaya), Jesús María Pedrosa, el 4 de junio de 2000, enmarcado en «la estrategia de terror» de la banda, y ha ordenado investigar si ese «clima intimidatorio» provocó que militantes de partidos tuvieran que irse del País Vasco.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha admitido a trámite una querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia contra diez miembros de la cúpula de ETA cuando se perpetró el atentado, con el objetivo de determinar su presunta participación en las coacciones, amenazas y posterior asesinato del concejal, como autores o como responsables del delito cometido por la organización terrorista en comisión por omisión, según señala EFE.
Los diez exjefes contra quienes se dirige la querella son: Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería; Javier García Gaztelu, Txapote; Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Múgica, Asier Oyarzabal, Juan Carlos Iglesias, alias Gadafi; Mikel Albisu, Mikel Antza; Vicente Goicoechea, Ramón Sagarzazu y María Soledad Iparaguirre, Anboto.
Todos ellos formaron parte del comité ejecutivo de ETA, órgano que, desde los años 80, asumió la toma de decisiones de la banda, según el juez: «(…) decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado».
«No solo es un asesinato terrorista»
Abascal deja claro en su auto que el atentado contra Pedrosa no fue «sólo» un asesinato terrorista, sino que se enmarcó en una «estrategia de terror continuada y no puntual, indiscriminada y persistente, hasta el año 2011», que alimentó un «clima de amenaza creado con vocación de perdurar durante el tiempo».
Porque, recuerda el magistrado, las amenazas que recibió el concejal antes de su muerte y el atentado «evidencian el carácter concursal y conexo entre el intento de expulsión y el propio asesinato que se produjo, tal y como la propia organización terrorista reivindicó en el ZUZEN 79 (contra los políticos responsables del aplastamiento de Euskal Herria»).
Por ello, ha pedido un informe a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que incluya las «amenazas, coacciones y hostigamiento» perpetrado contra «militantes de partidos políticos constitucionalistas» en la época del asesinato del concejal, «debiendo evaluarse en concreto si, como consecuencia de ese clima intimidatorio, dichas personas pudieron abandonar el País Vasco».
Jesús María Pedrosa fue asesinado la mañana del 4 de junio de 2000, en la localidad de Durango, cuando regresaba caminando a su domicilio. Un miembro de ETA se le acercó por detrás y le disparó en la nuca. Un segundo terrorista, también sin identificar, recogió en un vehículo al autor del atentado y ambos huyeron.
La querella sitúa este asesinato como consecuencia de la resistencia del concejal del PP y su negativa a abandonar el País Vasco y lo considera un crimen instrumental o ejemplarizante de cara a otros muchos perseguidos por la banda terrorista a los que igualmente ETA quería expulsar del territorio.
Dignidad y Justicia, que ha impulsado otras querellas para investigar la responsabilidad de la cúpula de la banda en sus atentados, relata que a lo largo de los años los comités ejecutivos de ETA han dirigido una política de expulsiones forzadas de distintos sectores de la población vasca no nacionalista.
