Asturias y Cantabria podrán reclamar al Estado indemnizaciones por el escándalo de los trenes
Los presidentes regionales se reúnen este lunes con la ministra de Transportes, aunque de momento descartan solicitar responsabilidades patrimoniales
Trenes de Renfe en los talleres de El Berrón (Asturias). | Alberto Brevers (Zuma Press)
La «chapuza» con los trenes en Asturias y Cantabria puede costarle cara al Estado. Los expertos consultados por THE OBJECTIVE abren la puerta a que las regiones afectadas reclamen responsabilidades patrimoniales, aunque reconocen la complejidad para acreditar los daños. Los presidentes autonómicos se reúnen este lunes con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para exigirle que la fabricación de convoyes comience en otoño y paliar así los perjuicios. De momento descartan exigir unas indemnizaciones que podrían resultar millonarias.
Los nuevos trenes de Cercanías para Asturias y Cantabria no circularán hasta 2026, según las estimaciones del Gobierno. Un error con las dimensiones del ancho métrico para la adquisición de 31 convoyes retrasará al menos dos años su puesta en circulación. La confusión se ha cobrado sus dos primeras víctimas. Adif y Renfe han cesado a dos cargos intermedios, pero las regiones afectadas apuntan más arriba.
El origen del problema se encuentra en los gálibos publicados en la declaración sobre la red de Adif. Renfe utilizó esos datos para describir las características técnicas de los nuevos trenes en un contrato que publicó en 2019 para adquirir 31 aparatos de ancho métrico destinados a renovar la flota. Los trabajos se adjudicaron un año después a CAF, un fabricante vasco, por 258 millones de euros. Cuando la empresa preparaba el proyecto advirtió que los convoyes no cabían en los túneles.
Las medidas de los trenes
«En este caso la responsabilidad patrimonial de Estado se puede pedir a través de Renfe y Adif si se acreditan perjucios, como el retraso en los plazos de entrega», afirma Ángel Cervantes, experto en Derecho Administrativo y miembro de Anava, una asociación de abogados especializados en reclamaciones por responsabilidad civil.
La responsabilidad patrimonial es la obligación de las Administraciones Públicas de indemnizar a particulares y organismos por los daños que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que dicha lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Cervantes, que también es decano del Colegio de Abogados de Toledo, explica que son las regiones afectadas las que deben acreditar los daños, aunque reconoce que no será fácil.
«Para hacerlo hay que demostrar tres cosas: que haya habido una negligencia, que sea imputable a una Administración y que se produzca un daño económico», insiste Cervantes. En su opinión, la demora en la puesta en circulación de los trenes bastaría para solicitar la indemnización, pero también subraya otros escenarios, como que las regiones afectadas tengan que indemnizar a viajeros o que los maquinistas hayan solicitado ese destino pensando en la mejora de la red.
Cervantes explica que para pedir la responsabilidad patrimonial del Estado entre Administraciones lo primero es hacer una reclamación, según prevé el artículo 44 de la ley que regula la Jurisdicción Contencioso-administrativa. «Si no se atiende en tres meses se puede denunciar ante un juzgado de lo contencioso-administrativo, aunque el proceso puede dilatarse varios años».
Perjuicio económico
«El perjuicio económico tiene dos sumandos: el daño real y el lucro cesante, esto es, lo que pueden haber dejado de recibir las regiones afectadas por el caso de los trenes por la negligencia», especifica Cervantes. En su opinión, si Asturias y Cantabria solicitan responsabilidades patrimoniales al Estado sería en concepto de lucro cesante: «El cambio de trenes no le cuesta nada a las regiones, pero puede afectarles si tenían vendidos billetes o habían asumido un compromiso».
Los nuevos trenes se financian con un crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por valor de 150 millones. La vicepresidenta Nadia Calviño se aseguró hace unos días al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que dicho préstamo no corría peligro. Cervantes reconoce que las pérdidas económicas son fáciles de demostrar, pero que otra cosa son las inmateriales. Habría que contar con pruebas periciales e informes económicos.
Un experto en derecho administrativo que desea permanecer en el anonimato, ya que trabaja para la Administración pública, apuntala la tesis de Cervantes. Además, sostiene que los ciudadanos que se sientan perjudicados también pueden reclamar. Primero con un recurso en vía administrativa, que tiene un plazo máximo de seis meses, y a partir de entonces por la vía judicial.
José María Monedero Frías, especialista en Derecho Administrativo en Dikei Abogados, discrepa. En su opinión las regiones afectadas tienen muy difícil exigir al Estado una responsabilidad patrimonial porque «es muy difícil justificar el daño». El experto considera que el asunto de la responsabilidad patrimonial se invoca «con demasiado ligereza» y que exige unos requisitos «muy complejos».
Reunión con la ministra
Las comunidades autónomas perjudicadas parecen optar por esa línea. Una portavoz del Gobierno de Cantabria reconoce a THE OBJECTIVE que de momento no se han planteado pedir responsabilidades patrimoniales al Estado porque se trata de «una reclamación complicada porque el daño cuantificable no está claro».
Su intención es depurar las responsabilidades políticas. Lo mismo que Asturias, que además busca obtener compensaciones en la reunión que los presidentes autonómicos mantendrán este lunes con la ministra de Transportes, afirma una portavoz gubernamental a este diario.
Revilla y el líder asturiano, Adrián Barbón, tienen la intención de pedir a Raquel Sánchez que los Cercanías sean gratis en sus comunidades hasta 2026, año en que comenzarán a circular los nuevos trenes, y que amplíe las frecuencias. También le exigirán que se adelante la fabricación de los convoyes para reducir al máximo los plazos de entrega.
El BOE ha publicado este sábado que se empleara el método comparativo, que consiste en tomar como base un tren que actualmente circule por la red para que el fabricante pueda aligerar su construcción. Este método está descrito en la normativa europea, pero no aparece regulado en la española, aunque su uso es compatible.
