Un fiscal afirma que la Guardia Civil le acusó por error de borrar pruebas en un caso de pedofilia
A instancias del Tribunal Constitucional, la Justicia abre el expediente del caso en el que José Grinda estuvo investigado por un delito sexual contra una menor
El fiscal José Grinda, saliendo de un registro en el Palau de la Generalitat. | EFE
Un informe de la Guardia Civil hizo saltar las alarmas. El fiscal Anticorrupción José Grinda acababa de ser identificado como el hombre al que la madre de una joven de 15 años de Alcaudete (Jaén) denunció por un presunto delito de exhibicionismo sexual. Después de un año, los investigadores dieron con su identidad y avisaron al juez de que el nombre del fiscal también aparecía entre los implicados en la Operación Telémaco. Una investigación dirigida por un juzgado de Pontevedra contra 25 personas de distintos puntos de España por la presunta descarga de material pedófilo.
En el informe, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE y que impulsó la investigación contra el fiscal Anticorrupción en Jaén, la Guardia Civil destacaba que en la Operación Telémaco no se habían encontrado pruebas de que Grinda hubiese descargado material pedófilo. No obstante, los investigadores apuntaban a que en el caso de Pontevedra se había producido un posible borrado de pruebas en el ordenador del fiscal la noche antes de que la Unidad Central Operativa (UCO) llevase a cabo una entrada y registro en su domicilio. Concretamente, se había eliminado el programa con el que supuestamente se hacían las descargas.
«No se encontró ninguna fotografía, vídeo o cualquier otro tipo de material de pornografía infantil, desprendiéndose que el programa de compartición de archivos P2P ‘Emule’, con el cual supuestamente se habrían obtenido los archivos de contenido de pornografía infantil, habría sido eliminado la noche anterior de la práctica de tal diligencia», subraya el informe de la Guardia Civil, enviado el 18 de noviembre de 2010 al Juzgado de Instrucción número 1 de Alcalá la Real.
Caso archivado
Tras la advertencia de los investigadores de la Comandancia de Jaén, y ante la sospecha de un borrado de pruebas en la otra causa, el juzgado de Alcalá la Real tomó declaración como investigado al fiscal Anticorrupción por un presunto delito contra la intimidad sexual de la menor que le había denunciado. El caso quedó archivado al demostrarse que Grinda desconocía que la joven que le denunció era menor de edad cuando mantuvieron conversaciones de carácter sexual a través de la red social Badoo.
En la operación Telémaco, ni siquiera llegó a estar imputado. Así consta en un certificado judicial, al que ha tenido acceso este diario. El documento fue aportado por el fiscal en otro procedimiento judicial en el que demandó por vulneración del derecho al honor al abogado Ignacio Peláez, fallecido a finales de 2017. Ese letrado acusó públicamente a Grinda de ser un «pedófilo» y un «pederasta reincidente».
En un programa de televisión, Peláez dio a conocer que el fiscal anticorrupción estaba siendo investigado en las dos causas de Pontevedra y Jaén. Y sugirió que el borrado del supuesto material pedófilo del ordenador de Grinda la noche anterior al registro de la UCO se produjo como consecuencia de sus presuntas conexiones con el CNI. El Tribunal Supremo condenó recientemente a las hijas de Peláez, en su condición de herederas, a pagar 30.000 euros de indemnización a Grinda al considerar que su padre vulneró el derecho al honor de este último.
El fiscal culpa al antivirus
En el certificado aportado en su demanda contra Peláez, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE y que tiene fecha del 5 de junio de 2017, el Juzgado de Instrucción número 3 de Majadahonda acredita que «no consta resolución alguna acordando la declaración de don José Grinda en sede judicial» en el marco de la operación Telémaco. Nunca fue imputado. Solo declaró como testigo ante la policía judicial. No se encontraron archivos pedófilos en sus dispositivos.
Tampoco se demostró que hubiese borrado intencionadamente el Emule de su ordenador la noche anterior al registro de la UCO. Consultado por este diario, el fiscal atribuye a una cadena de errores por parte de los investigadores de la operación Telémaco que se llegara a autorizar la entrada en su vivienda. El único indicio que apuntaba hacia él era la dirección IP de su router, que podría haber sido manipulado por alguien externo.
En su declaración ante la Guardia Civil el día que la UCO entró en su vivienda, aseguró que si se borró algún archivo o programa de su ordenador la noche anterior al registro fue porque, para garantizar la seguridad de sus equipos informáticos, tenía como costumbre pasar todas las noches el antivirus CCleaner y que este eliminaba automáticamente cualquier archivo malicioso o inservible. Añadió que los técnicos de la Generalitat de Cataluña habían recomendado a todos los fiscales de Barcelona que usaran ese antivirus y que lo utilizasen a diario.
Pruebas que le exculpan
Fuentes cercanas al fiscal aseguran que los hechos demuestran que no hubo ninguna operación del CNI para encubrirle, y que ni siquiera se llegó a analizar el router que entregó a la Guardia Civil para que se investigase si alguien había intervenido sus equipos o si su conexión wi-fi había sido utilizada por algún vecino o alguien externo a su domicilio. Asimismo, en su procedimiento contra Peláez intentó aportar pruebas -que no fueron admitidas por extemporáneas- para demostrar que ni siquiera estaba en casa en algunas de las fechas y horas en las que la Guardia Civil había detectado la presunta descarga de material pedófilo desde su IP.
Entre otros documentos, según ha podido comprobar este diario, el fiscal aportó autos judiciales para demostrar que el 3 de agosto y el 21 de septiembre de 2010 estaba en la Audiencia Nacional y en los juzgados de Plaza Castilla, respectivamente, a las horas en las que se produjeron las descargas que aparecían en el informe de la Guardia Civil por el que se autorizó a entrar y registrar su casa. En ese reporte de la operación Telémaco, se señalaban al menos 24 descargas de archivos en fechas distintas.
Equivocación de la Guardia Civil
Consultado por este diario, el fiscal atribuye a una equivocación que la Guardia Civil de Jaén que pusiera en duda en su informe que el borrado del Emule de su ordenador, la noche anterior al registro de la UCO en su domicilio, pudiera responder a razón ajena a los motivos que alegó durante su declaración como testigo en la operación Telémaco. Argumentos y ausencia de pruebas que sirvieron para exculparle ante cualquier indicio sobre la supuesta descarga de material pedófilo.
En su informe de noviembre de 2010, la Policía Judicial de la Comandancia de Jaén también destacaba que, durante su declaración como testigo por la operación Telémaco, el fiscal argumentó que había llevado causas y procedimientos contra organizaciones criminales internacionales «con las capacidades suficientes para encargar una interferencia en sus equipos informáticos» para desprestigiarle públicamente.
Proteger la imagen y el prestigio del fiscal Anticorrupción era, precisamente, el principal motivo al que se agarraron la Fiscalía y el Juzgado de Alcalá la Real para impedir durante años que la joven que denunció a Grinda en Jaén pudiera acceder al expediente completo de su caso. Entendían que las conversaciones, fotos y vídeos que constan en el expediente de la causa de Jaén, archivada en 2015, podrían ser utilizadas para desprestigiar su imagen.
Sin embargo, como contó este diario, el Tribunal Constitucional amparó a la chica el pasado mes de septiembre al entender que se había vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva. La sentencia concluyó que el juzgado y a fiscalía habían protegido al fiscal de una manera «manifiestamente infundada», al negarle a Miriam Serrano el acceso a las actuaciones practicadas en una causa que ella denunció como posible víctima de un delito contra la intimidad sexual cuando era menor.
Villarejo, mafia rusa, Venezuela…
El juzgado de Alcalá la Real ha hecho entrega ahora de todas actuaciones de la causa a la joven de Jaén, que estudia la posibilidad de presentar una demanda civil contra Grinda para exigirle una indemnización, según admitió en una entrevista con este diario. Fuentes cercanas al fiscal enmarcan el recurso de amparo de Miriam Serrano en un nuevo intento por desprestigiar la imagen de Grinda y sospechan que personas con intereses ajenos a esta causa están financiando la defensa de la joven en su intento por reabrir el caso.
En el año 2015, la Asociación Transparencia y Justicia, dirigida en la sombra por el excomisario José Manuel Villarejo -según la Fiscalía-, solicitó personarse como acusación particular en el caso. La petición fue denegada por la Audiencia Provincial de Jaén debido a que la investigación había sido sobreseída.
Seis años después, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional encargada de la investigación del caso Tándem remitió al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional un informe que implica al comisario jubilado José Manuel Villarejo en una presunta trama para chantajear o presionar a Grinda con «acusaciones de pedofilia».
En declaraciones a un medio italiano, el fiscal anticorrupción atribuyó las declaraciones de Peláez a una supuesta campaña en su contra alentada por la mafia rusa. Grinda había liderado varias investigaciones contra mafiosos rusos en España. Además, ha dirigido diversas causas mediáticas como el caso del cobro de comisiones del 3% en Cataluña o la operación Emperador, en la que se investigaron presuntos vínculos de diversos policías con la mafia china liderada por Gao Ping.
