PP y PSOE naufragan en su intento de cubrir la vacante del Constitucional en el Senado
El presidente de la Cámara se reúne con Feijóo y Maroto para instarles a renovar la plaza. Los ‘populares’ defienden que les corresponde elegir al nuevo magistrado
La vacante del Tribunal Constitucional es un callejón sin salida. PP y PSOE siguen sin ponerse de acuerdo para cubrir la plaza que dejó en julio Alfredo Montoya. Los primeros defienden que les corresponde elegir al sustituto del magistrado. Este miércoles se ha producido una reunión sin avances entre el presidente del Senado, el socialista Ander Gil, y los dirigentes populares Alberto Núñez Feijóo y Javier Maroto.
La reunión para renovar el Constitucional comenzó a las 13.00 horas y duró casi una hora, subrayan las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE. Acto seguido, el líder del PP y senador por Galicia, Alberto Núñez Feijóo, comió en un céntrico restaurante madrileño con el expresidente del partido. El almuerzo se produce cuando se cumple un año de la profunda crisis interna que costó el cargo a Pablo Casado.
El presidente del Senado abordó con Feijóo y con el portavoz del PP en la Cámara Alta la renovación de los órganos constitucionales que dependen de la institución. El encuentro se enmarca en una ronda de contactos iniciada por Gil y que continuará con nuevos contactos en las próximas semanas. El siguiente turno será el de ERC.
Tres propuestas para el Constitucional
Entre los escenarios que ha tratado Gil con los dirigentes del PP se encontraba la elección del sustituto de Montoya en el Constitucional. El Senado abrió un periodo para que los parlamentos regionales propusieran candidatos tras la renuncia del magistrado de tendencia conservadora. El plazo ha sido prorrogado en tres ocasiones y finaliza el 18 de abril.
Solo Aragón y Extremadura, gobernadas por los socialistas, y Galicia, dirigida por el PP, han propuesto un candidato al Senado para ocupar la vacante que dejó Montoya, que renunció en julio por enfermedad. Las fuentes consultadas afirman que todos tienen pocas posibilidades de ser elegidos.
Las Cortes de Aragón fueron las primeras en proponer un aspirante. Los socialistas promocionaron en octubre al juez José Ricardo De Prada, que tiene la vitola de bestia negra del PP. De hecho, fue uno de los autores de la sentencia que condenó a los populares por sus actividades ilícitas en la trama Gürtel, lo que abrió las puertas de La Moncloa a Pedro Sánchez a través de una moción de censura.
La propuesta tuvo lugar en mitad de las conversaciones que mantuvieron los principales partidos para renovar las instituciones del Estado. El PP lo criticó al considerar que enturbiaba el pacto judicial. Semanas más tarde, los populares rompieron la negociación al entender que el Gobierno no cumplía su parte al rebajar con sus socios las penas de los delitos de sedición.
A principios de febrero le tocó el turno a la Asamblea de Extremadura, que propuso a Aurelio Blanco. El ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura solo obtuvo el apoyo de los socialistas. Esos días también salió adelante la propuesta del Parlamento gallego, que se decidió por José Luis Costa Pillado, actual presidente del Consejo Consultivo de Galicia.
«No se ha avanzado en nada»
La necesidad de cubrir la vacante en el Constitucional es una de las demandas que realiza el presidente del Senado cada semana a los portavoces de los grupos. Un escenario que ha vuelto a plantear sin éxito este miércoles a Feijóo y Maroto.
Fuentes del PP reconocen a este diario que ambos dirigentes han asistido «por cortesía» a la ronda de contactos, pero que «no se ha avanzado en nada». Los socialistas reconocen que desbloquear la situación «llevará su tiempo». Gil ha trasladado a Feijóo y Maroto que el Constitucional ya se renovó y que cubrir la vacante no compromete su funcionamiento.
En estos momentos, la corte de garantías cuenta con siete magistrados progresistas y cuatro conservadores. Los populares entienden que les corresponde nombrar al sustituto de Montoya, ya que no ha cumplido el mandato de nueve años para el que fue elegido por el Senado en 2017 a propuesta de la Comunidad de Madrid.
No existe consenso, por lo que la resolución se antoja lejana. Para cubrir la plaza en el Constitucional es necesario que un candidato obtenga una mayoría cualificada en el Senado, por lo que es necesario el voto favorable de los representantes de PP y PSOE, que suman 217 de los 265 miembros que conforman la Cámara Alta.
El encuentro también ha servido para que Gil traslade a los dirigentes populares su inquietud por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGJP), que lleva cuatro años con el mandato caducado. De los 20 vocales que componen el órgano de gobierno de los jueces al Senado le corresponde elegir a la mitad.
También se ha abordado el calendario de sesiones de la Cámara, ya que este año hay que tener en cuenta los comicios del 28 de mayo y los actos programados en el marco de la Presidencia española de la UE.