El Senado amplía por tercera vez el plazo para que las regiones postulen candidatos al TC

El Senado ha vuelto a hacerlo. La Mesa de la Cámara Alta ha decidido este martes ampliar por tercera vez el plazo que tienen los parlamentos regionales para proponer candidatos que cubran la vacante del Tribunal Constitucional. Las comunidades autónomas contarán con dos meses más, hasta el 18 de abril. La decisión se ha tomado justo el día en que vencía el periodo para hacerlo. De momento, solo tres autonomías han puesto un nombre sobre la mesa, aunque con pocos visos de prosperar por la falta de consenso. El aspirante debe cosechar tres quintos de la Cámara, lo que supone que PP y PSOE se pongan de acuerdo.

Solo Aragón y Extremadura, gobernadas por los socialistas, y Galicia, con mayoría del PP, han propuesto un candidato al Senado. El pistoletazo de salida comenzó en julio, tras la renuncia por enfermedad del magistrado Alfredo Montoya, nombrado en marzo de 2017 por la Cámara Alta. Llegó avalado por los populares y a propuesta de la Comunidad de Madrid.

El Senado informó en verano a los parlamentos regionales de que disponían hasta el 11 de octubre para presentar candidatos a cubrir la vacante en el Constitucional. Varias comunidades solicitaron alargar el plazo, que quedó fijado para el 12 de diciembre. Llegado ese día se volvió a prorrogar la fecha límite, que finalizaba este martes. La Mesa del Senado ha decidido ampliar el plazo hasta el 18 de abril para que las regiones puedan enviar sus propuestas. Lo hace a petición del Parlamento de Canarias.

Tres candidaturas en el Senado

De momento solo tres regiones han postulado a algún candidato, aunque todos ellos tienen pocas posibilidades de ser elegidos, indican a THE OBJECTIVE las fuentes consultadas. Las Cortes de Aragón fueron las primeras en proponer un aspirante. Lo hizo en octubre y el elegido fue el juez José Ricardo De Prada, que tiene la vitola de bestia negra del PP. No en vano fue uno de los autores de la sentencia que condenó a los populares por sus actividades ilícitas en la trama Gürtel, lo que abrió las puertas de La Moncloa al PSOE a través de una moción de censura.

Aragón realizó esta propuesta en mitad de las conversaciones que mantuvieron populares y socialistas para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y nombrar a los cuatro magistrados del Constitucional. El PP lo criticó al considerar que enturbiaba el pacto judicial. Sus dirigentes entienden que les corresponde nombrar al sustituto de Montoya, ya que no ha cumplido el mandato de nueve años para el que fue elegido por un Senado.

La Asamblea de Extremadura también entró en la carrera la semana pasada, al proponer a Aurelio Blanco. El exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura solo obtuvo el apoyo de la bancada socialista. Su elección levantó ampollas en la sesión plenaria, ya que no estaba prevista en el orden del día. Fue incluida a iniciativa de la presidenta de la Cámara, Blanca Martín, que en noviembre remitió una carta al Senado para solicitar una prórroga para que «los grupos parlamentarios consensúen el nombre de un único candidato».

La tercera candidatura es la de José Luis Costa Pillado, actual presidente del Consejo Consultivo de Galicia. Su propuesta salió adelante la semana pasada en el Parlamento de Galicia gracias al apoyo del PP, al que valió su mayoría absoluta. Socialistas y nacionalistas votaron en blanco. El juez fue nombrado para la tarea que ahora desempeña en 2008, aunque no accedió a la presidencia hasta seis años más tarde, cuando era presidente autonómico el ahora líder del PP, Alberto Ñúñez Feijóo.

En busca de una mayoría cualificada

Los tres aspirantes tienen muy difícil conseguir el puesto en el Constitucional por la falta de consenso entre los grandes partidos. Quizás lo consiga alguna de las propuestas que se realizarán en este nuevo plazo. Cuando concluya, se convocará la Comisión de Nombramientos para que los candidatos comparezcan y expongan sus méritos. Luego deben conseguir el apoyo del pleno, donde es necesaria una mayoría cualificada de tres quintos. Ninguna propuesta saldrá adelante sin el voto favorable de populares y socialistas, que suman 217 de los 265 miembros que integran la Cámara Alta.