El Gobierno salvó con un decreto a medida al alto cargo salpicado por el 'caso Negreira'

El Tribunal Supremo anuló el nombramiento del ex alto cargo del Gobierno salpicado por el caso Negreira. Pero le hicieron un decreto a medida para que siguiera. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 15 de junio un texto para sortear la sentencia dictada por los jueces del Alto Tribunal pocas semanas antes. Una modificación aprobada mediante Real Decreto y publicada en el BOE que le permitió seguir como director general en el Consejo Superior de Deportes (CSD) hasta enero.

Exdiputado por el PSOE, Albert Soler volvió a la política para recalar en el CSD en 2021, justo después de salir del F.C. Barcelona. Durante ocho años había formado parte de la ejecutiva de Josep María Bartomeu. Como adelantó THE OBJECTIVE, declaró como testigo ante la policía judicial en el marco del caso Negreira el pasado mes de octubre.

El antiguo responsable de la Dirección de Deportes Profesionales del club azulgrana dijo ante la policía judicial que era la persona que recibía los informes arbitrales por los que el Barça hizo pagos por 1,4 millones de euros una empresa vinculada a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) hasta 2018, pero que no tuvo nada que ver con su contratación.

Dedazo del Gobierno

Tras verse forzado a dejar el club azulgrana con la llegada de Joan Laporta, volvió a la política. Vinculado al PSC desde sus inicios en el Ayuntamiento de Barcelona, ya había sido director general del propio CSD entre 2008 y 2011 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A pesar de la derrota del PSOE aquel año en las elecciones, pasó a ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados. Estuvo tres años en la Cámara Baja y acabó renunciando a su acta para fichar por el Barça de Bartomeu.

Ocho años después, y con el caso Negreira mediante, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez le nombró a dedo en mayo de 2021. Volvió al CSD y se afianzó como el principal promotor de la nueva Ley del Deporte, aprobada en diciembre pasado. Una norma que está actualmente en el ojo del huracán por la prescripción de las infracciones de las que se acusa al F.C. Barcelona.

Desde octubre de 2018, y a pesar de trabajar a sueldo para el club azulgrana, Soler formó parte del grupo de expertos constituido por el CSD para elaborar la nueva Ley del Deporte. Junto a él estaban expertos como Carlota Castrejana, Eva Cañizares, María José López, Alberto Palomar y Antonio Millán. Ninguno trabajaba para un club. Soler se posicionó como «impulsor de la norma y quien se encargaba de supervisar los cambios», según fuentes gubernamentales.

Consultado por este diario, afirma que su nombramiento para el grupo de expertos se debió a su trayectoria en la gestión de organismos deportivos y su conocimiento de la administración pública. Asegura que nunca actuó en nombre ni defensa de los intereses del F.C. Barcelona. La anterior Ley del Deporte contemplaba el mismo plazo de prescripción de tres años para las infracciones muy graves, añade.

El TS anuló su nombramiento

Cuando salió del F.C. Barcelona 2021 encontró rápidamente acomodo en el CSD con el beneplácito del Gobierno de Sánchez. Como no cumplía con los requisitos para el cargo por no ser funcionario de carrera del subgrupo A1, el Consejo de Ministros modificó en mayo de 2021 la normativa que regulaba el organigrama de los departamentos ministeriales. Aquel primer decreto a medida creó una excepción para el cargo que Soler iba a ocupar tras haber pasado ocho años en el F.C. Barcelona.

«Se trata de funciones cuya especificidad exige conocimientos muy definidos, que habiliten para organizar y coordinar las acciones precisas para ejecutar la política del Gobierno en esta materia, y que requieren que su titular haya demostrado previamente una carrera profesional, en el sector público o privado, que acredite la cualificación y experiencia necesarias para la gestión de un sector y unos agentes muy determinados», indicaba el primer decreto aprobado por el Gobierno para colocar a Soler en CSD.

El decreto sería tumbado parcialmente un año después por el Tribunal Supremo. Una asociación de funcionarios impugnó la «discrecionalidad» del nombramiento de Soler y otro idéntico del Ministerio de Políticas Sociales y Agenda 2030. Durante el procedimiento en el Alto Tribunal la abogacía del Estado defendió la necesidad de hacer una excepción para poder nombrarle como director general. Alegó que el personal funcionario de carrera del subgrupo A1 «no tiene la suficiente formación específica en las materias concernidas».

Salvado por Iceta

La sentencia que anuló su nombramiento incluía una contundente crítica al Consejo de Ministros. Los jueces destacaron que en el decreto ad hoc para nombrar a Soler se había empleado «una motivación vaga y genérica» para justificar que ocupara el cargo de director general sin cumplir con el requisito de ser funcionario de carrera. La Sala tachó de «literatura oficial» el decreto usado para habilitar su nombramiento en mayo de 2021. «De su lectura no se desprende qué concretas actuaciones o iniciativas son las que no podrían ser realizadas por funcionarios de carrera», señalaba la sentencia.

Tras el varapalo del Supremo, el Gobierno buscó la manera de revertir la situación. Consiguió que Soler siguiese como alto cargo en el CSD mediante un nuevo decreto. «La referida sentencia concluye en su Fundamento de Derecho Séptimo que la razón de su anulación no es la ausencia en el nombrado de los requisitos de idoneidad generales, sino la invalidez del fundamento reglamentario en que se apoyó », indicaba el texto publicado en el BOE.

Así que el Consejo de Ministros redactó un nuevo reglamento el 14 de junio de 2022 «con el fin de que la excepción de la condición de funcionario» quedase «justificada», como exigía la sentencia del Supremo. Ese mismo día, Soler volvió a ser nombrado para ocupar el mismo cargo que desempeñaba hacía más de un año. Este segundo decreto recoge que su nombramiento se produjo a propuesta de Miquel Iceta, exlíder del PSC, como ministro de Cultura y Deporte.

El adiós de Soler

Su etapa en el CSD concluyó el pasado 10 de enero, semanas después de haberse aprobado la Ley del Deporte de la que fue impulsor. En la tramitación de la norma se granjeó algunas enemistades. En pleno conflicto entre los máximos responsables de LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), propuso inhabilitar a Luis Rubiales. Frente a la guerra del fútbol, el Ejecutivo y el CSD siempre habían mostrado una aparente neutralidad.

Este posicionamiento de Soler y el desenlace de la Ley del Deporte, que acabó incluyendo dos de las tres principales reivindicaciones de Tebas, desataría una situación de tensión interna en el CSD que se saldó con su salida. En un comunicado, el hasta entonces director general del organismo anunció su decisión de buscar nuevos retos profesionales en la empresa privada.

La consultora Acento Public Affairs, creada por el exministro del PSOE José Blanco, anunció su fichaje para dirigir un nuevo área de Deportes, Ocio y Entretenimiento el 18 de enero, una semana después de publicarse su cese en el BOE. El comunicado especificaba que aún estaba pendiente de recibir un informe favorable del Gobierno para descartar cualquier motivo de incompatibilidad.