Un alto cargo del Gobierno avaló los informes arbitrales del Barça que investiga la Fiscalía

Un ex alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez y exdiputado del PSOE declaró como testigo en octubre por el escándalo arbitral que salpica al FC Barcelona. El entonces director general del Consejo Superior de Deportes (CSD), Albert Soler, avaló la existencia de los informes por los que el Barça realizó pagos millonarios a una sociedad vinculada al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), según fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE. Soler abandonó el cargo en el CSD en enero para marcharse a la empresa privada.

La Fiscalía y la Agencia Tributaria, que investigan los pagos efectuados por el Barça a la empresa Dasnil95 entre 2016 y 2018, pidieron a la policía judicial que le llamase a declarar. El exdiputado del PSOE dejó su escaño en el Congreso en 2014 para fichar por el club blaugrana. Trabajó como director de relaciones institucionales y del área de deportes durante la presidencia de Josep María Bartomeu.

Soler salió del club azulgrana en 2021 para volver al CSD como director general. Cargo desde el cual impulsó y participó activamente en la redacción de la Ley del Deporte aprobada en diciembre, que salva al Barça de una posible sanción deportiva por el llamado caso Negreira.

Trabajó en el Barça

Durante su declaración como testigo, Soler admitió que era el ejecutivo del club que recibía los informes arbitrales que elaboraba la empresa vinculada a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del CTA hasta 2018. Aseguró que los trabajos de esa compañía eran reales y continuos, según fuentes jurídicas. Iban firmados por el hijo del exárbitro y el Barça los recibía cada semana.

Eran informes técnicos arbitrales que se entregaban antes de cada uno de los partidos que el primer equipo y el filial azulgrana iban a disputar tanto en la liga como en la copa del Rey. Su declaración fue corta y en ella aclaró que el Barça recibía los informes de esa empresa desde 2003.

Soler insistió en que no tuvo nada que ver con la contratación de los servicios de asesoría de la mercantil investigada por Hacienda y por la Fiscalía. El País desvela que el club azulgrana pagó 7 millones a Dasnil95 entre 2001 y 2018, cuando Enríquez Negreira deja la vicepresidencia del CTA. La temporada siguiente entró en vigor el VAR y el FC Barcelona creó un área en su organigrama para hacer el trabajo realizado hasta entonces por la empresa del exárbitro.

La Fiscalía investiga el posible carácter instrumental de la empresa y supuestas irregularidades tributarias. El 95% de sus ingresos provenían del Barça. Dasnil95 los declaraba por el impuesto de sociedades y no por IRPF. Aunque los pagos se venían realizando desde 2001, se incrementaron exponencialmente cada año y llegaron a su cénit durante la presidencia de Bartomeu, hombre que llevó a Albert Soler al club azulgrana.

Impulsor de la ley

Salió del Barça en 2021 para volver al CSD, donde se encargó de coordinar la redacción de la nueva Ley del Deporte. El organismo público constituyó en octubre de 2018 un grupo de expertos para la elaboración de la norma. Soler formó parte de ese comité desde el inicio, cuando aún trabajaba para el club azulgrana. Junto a él estaban expertos como Carlota Castrejana, Eva Cañizares, María José López, Alberto Palomar y Antonio Millán.

«Fue el impulsor de la norma y quien se encargaba de supervisar los cambios», señalan fuentes gubernamentales. Antes de ser elegido diputado, Soler ejerció durante seis meses como presidente del CSD. Le nombró el Gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ya había ocupado una dirección general en el consejo entre 2008 y 2011, cuando sucedió a Jaime Lissavetzky al frente del organismo.

Aprobada en diciembre, el artículo 112 de la Ley del Deporte impulsada por Soler contempla la prescripción de las infracciones muy graves a los tres años, algo que ya incluía la norma anterior. El Barça quedaría exento de cualquier sanción deportiva si se llegase a acreditar alguna irregularidad en los hechos investigados. No cabe la posibilidad de que sufra una pérdida de puntos, la retirada de títulos o el descenso de categoría por haber prescrito la supuesta infracción, según expertos consultados por este diario.

José Domingo Monforte, especialista en derecho deportivo, afirma que los pagos provocan dudas sobre la posible adulteración de la competición. Explica a THE OBJECTIVE que aunque las sanciones deportivas han prescrito los hechos no tienen por qué quedar impunes: pueden tener recorrido por la vía penal si la Fiscalía ve indicios de delito en los pagos del club azulgrana a Dasnil95.

Vía penal abierta

«Estamos ante la sospecha de que se han abonado cantidades económicas para romper la neutralidad del estamento arbitral. Son cifras desproporcionadas para una asesoría y eso hace sospechar», insiste el director de Domingo Monforte Abogados. En su opinión, eso legitima a la Fiscalía para iniciar una investigación. Si la sospecha tiene base se abriría juicio y en ese caso podría suponer penas de cárcel para los responsables y pago de indemnizaciones.

«Los hechos que conocemos podría suponer un delito de corrupción entre particulares», avanza Francisco Javier Soto, experto en derecho deportivo y socio director de Fearless Sports Abogados. El Código Penal establece penas de hasta cuatro años de cárcel para aquellos directivos y empleados de una sociedad mercantil que por sí mismo o por persona impuesta solicite o acepte un beneficio no justificado. Lo difícil, reconoce Soto, es demostrarlo.

«Si los jueces y tribunales decretan la apertura de juicio oral, puede imponer la suspensión de licencia al FC Barcelona y la inhabilitación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para recibir ayudas públicas», sostiene Soto. La Federación ha abierto expediente tanto al Barça y al CTA. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha advertido este jueves que ya no puede haber ningún tipo de sanción deportiva para el club azulgrana por el caso Negreira al haber prescrito.