El Senado estudia una propuesta del PP para la plaza que queda vacante en el Constitucional

Se busca magistrado para cubrir una vacante en el Tribunal Constitucional. Aragón y Extremadura, gobernadas por los socialistas, han propuesto candidato. De las cinco regiones dirigidas por el PP solo lo ha hecho Galicia, que se ha decantado por el presidente de su Consejo Consultivo, José Luis Costa Pillado. La Mesa del Senado califica este martes la propuesta. También deberá decidir si amplía por tercera vez el plazo para que las comunidades autónomas remitan sus propuestas. La decisión depende de la Cámara Alta, donde el aspirante necesita el apoyo de tres quintos, lo que complica la elección.

El pistoletazo de salida comenzó en julio, tras la renuncia por enfermedad del magistrado Alfredo Montoya, nombrado en marzo de 2017 por la Cámara Alta. Llegó avalado por el PP y a propuesta de la Comunidad de Madrid, por lo que los populares defienden que les corresponde elegir al nuevo titular de la plaza. El Senado remitió una carta a los parlamentos regionales para informarles de que disponían hasta el 11 de octubre para presentar candidatos a cubrir la vacante en el Constitucional.

Varias regiones solicitaron alargar el plazo, que quedó fijado para el 12 de diciembre. Apenas hubo movimiento y llegado ese día se volvió a prorrogar la fecha límite, que finaliza este martes. La Mesa del Senado debe decidir si vuelve a alargar el trámite por tercera vez, escenario más probable teniendo en cuenta el escaso protagonismo que ha tenido estos meses la sustitución de Montoya.

La ‘bestia negra’ del PP

La mayoría de los parlamentos regionales ni siquiera han contestado el requerimiento de la Cámara Alta. Dos con mayoría socialista fueron los primeros en entrar en la carrera. Las Cortes de Aragón promocionó en octubre al juez José Ricardo De Prada, que tiene la vitola de bestia negra del PP. No en vano fue uno de los autores de la sentencia que condenó a los populares por sus actividades ilícitas en la trama Gürtel, lo que abrió las puertas de La Moncloa al PSOE a través de una moción de censura.

La semana pasada fue el turno de la Asamblea de Extremadura, que propuso a Aurelio Blanco. El exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura solo tuvo el apoyo de la bancada socialista. Su elección levantó ampollas en la sesión plenaria, ya que no estaba prevista en el orden del día. Fue incluida a iniciativa de la presidenta de la Cámara, Blanca Martín, que en noviembre remitió una carta al Senado para solicitar una nueva prórroga para que «los grupos parlamentarios consensúen el nombre de un único candidato».

Esta es una petición que ya había realizado la Comunidad Valenciana. Cantabria anunció en diciembre al Senado de que no presentaría candidato alguno, mientras Asturias se limitó a informar de que había recibido el mensaje. Las cinco regionesgobernadas por el PP tuvieron una actuación dispar. Murcia y Andalucía ni siquiera contestó a la misiva del Senado. Madrid lo hizo en dos ocasiones (octubre y diciembre) para trasladar que no presentaría ninguna candidatura.

Las Cortes de Castilla y León no dio acuse de recibo a la carta de la Cámara Alta hasta enero. La nota discordante la puso el Parlamento de Galicia, que ha propuesto un candidato sobre la bocina. Tanto que será calificado por la Mesa del Senado este mismo martes, cuando vence el plazo para que las regiones convoquen candidatos.

La opción gallega

El nombre de José Luis Costa Pillado, actual presidente del Consejo Consultivo de Galicia, fue propuesto la semana pasada por el grupo popular, al que valió su mayoría absoluta en la Cámara regional. Socialistas y nacionalistas votaron en blanco. El juez fue nombrado para la tarea que ahora desempeña en 2008, aunque no accedió a la presidencia hasta seis años más tarde, cuando era presidente autonómico el ahora líder del PP, Alberto Ñúñez Feijóo.

La Mesa del Senado calificará este martes su candidatura. Las fuentes consultadas sostienen que hasta ahora el PP no había iniciado el proceso porque no existía la coyuntura para hacerlo. Sostienen que les corresponde decidir el sustituto de Montoya, algo que se incluyó en la negociación que mantuvieron populares y socialistas para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y nombrar a los cuatro magistrados del Constitucional.

Aragón se desmarcó en mitad de las conversaciones proponiendo a De Prada, algo que el PP criticó al considerar que enturbiaba el pacto judicial. Una sensación similar a la que tienen ahora con la propuesta de Blanco en Extremadura. Creen que el PSOE está presionando para que el Constitucional alcance los 12 magistrados que le corresponde.

Los populares entienden que les corresponde nombrar al sustituto de Montoya, ya que no ha cumplido el mandato de nueve años para el que fue elegido por un Senado en el que el PP disponía con mayoría. La propuesta surgió de la Comunidad de Madrid, gobernada entonces por Cristina Cifuentes. La tarea no es sencilla. Para conseguir cubrir la vacante en la corte de garantías es necesario encontrar un candidato de consenso. De otra manera, los números no cuadran.

Este martes, la Mesa del Senado también debe decidir si amplía de nuevo el plazo de candidaturas. Cuando concluya, se convocará la Comisión de Nombramientos para que los aspirantes comparezcan y expongan sus méritos. Una vez que lo hagan, el candidato debe conseguir el apoyo del pleno, donde necesita una mayoría cualificada de tres quintos. Por tanto, ninguna propuesta saldrá adelante sin el voto favorable de populares y socialistas, que suman 217 de los 265 miembros que la integran.