Carpetazo de Adif a la investigación por los contratos a una empresa en la era Ábalos
El ente público concluye su investigación interna, revelada dos días antes por este diario, al dar por comprobado que no existen indicios de irregularidades
Tren de Renfe. | Europa Press
Adif ha dado carpetazo a la investigación interna con la que se buscaba esclarecer las presuntas irregularidades denunciadas en favor de una empresa del sector. Tan solo dos días después de que THE OBJECTIVE revelase la existencia de las pesquisas, y tras seis meses analizando unos hechos que los investigadores tachaban de «complejos», el ente público ha concluido un viernes por la noche su investigación interna dando por acreditado que no existen «indicios de irregularidad» alguna.
«Adif ha concluido la investigación iniciada en septiembre de 2022, tras recibir una notificación a través de su Canal Ético, al no encontrar ningún indicio de irregularidad que acredite que el director general de Construcción de Adif y director general de Adif-Alta Velocidad, Juan Pablo Villanueva, diera instrucciones a su colaborador, Raul Correas, y este a su colaboradora, Almudena Leal, para puntuar favorablemente la oferta de la empresa OPR en la licitación del Ramal Ferroviario del Bajo de la Cabezuela; proceso en el que intervinieron ambos profesionales», ha indicado el administrador ferroviario en una nota de prensa.
Como reveló este diario, los tres empleados de Adif habían sido interrogados como parte de la investigación. Unas pesquisas que, según documentos a los que ha tenido acceso este medio, habían sido ampliadas debido a la complejidad de los hechos investigados, «no siendo tarea sencilla el análisis pormenorizado de las ofertas en detalle, con toda su documental (cientos de folios de varias ofertas)».
Adif concluye las pesquisas
Adif ha dado por concluida la investigación interna tan solo dos días después de que este diario revelase su existencia. Los dos técnicos que habían sido interrogados junto a Villanueva, hombre de confianza de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, solo participaron en una de las tres licitaciones investigadas. Sin embargo, en el comunicado en el que anuncia el cierre de las pesquisas, el ente público dice que su testimonio ha desvirtuado la existencia de irregularidades en las tres adjudicaciones investigadas.
«Los tres empleados han colaborado con la investigación interna, desvirtuando la existencia de ningún tipo de instrucción u orden dada o recibida que pudiera conllevar puntuaciones técnicas a favor de la empresa OPR -ni de ninguna otra empresa- en estos expedientes referidos», indica Adif. Asimismo, como contó este medio, el ente público confirma que en el transcurso de las pesquisas se ha realizado un análisis pericial externo para valorar cada una de las tres ofertas cuestionadas en la denuncia remitida al buzón ético de Adif.
Informe externo
El ente público no detalla si ese informe externo, realizado por ingenieros de Ineco, ha descartado una sobrevaloración de los tres informes técnicos contenidos en los tres expedientes. Además de investigar la licitación del Ramal Ferroviario del Bajo de la Cabezuela, se analizaban otras dos licitaciones en las que OPR obtuvo la mayor puntuación técnica: el acceso ferroviario al puerto de Sagunto y el subtramo Amusco-Osorno de la Línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo.
Adif asegura que «estos expedientes han cumplido todos los procedimientos internos y la normativa de tramitación de las compañías». «En la única obra adjudicada a la UTE, integrada por Constructora San José, Torrescamara y OPR -el subtramo Amusco-Osorno- todos los análisis técnicos realizados, interna y externamente, confirman que las empresas que resultaron adjudicatarias hubieran mantenido siempre la primera posición en la licitación», agrega el ente público.
Denuncia externa
En su comunicado, Adif señala que la denuncia al Canal Ético «no fue presentada por ningún empleado de la entidad, sino que el informante es una persona externa». Es la primera vez que admite públicamente conocer datos o la presunta identidad del denunciante, al tiempo que reconoce que el Canal Ético «es confidencial» conforme a la normativa interna de la empresa público.
«Este hecho impide la revelación de la identidad del informante y de las personas a las que se refieren los hechos relatados sin que medie su consentimiento expreso», señala a continuación el comunicado. En él, «Adif y Adif AV subrayan la importancia de mantener la confidencialidad de los procesos del Canal Ético con el fin garantizar la correcta investigación de cualquier hecho y no dañar la reputación de sus empleados».
No obstante, y a pesar de que este diario ha comprobado que la denuncia se remitió por parte de trabajadores y directivos de Adif con un seudónimo por temor a represalias por parte de la dirección del ente público, el comunicado insiste en señalar a que el informante es una persona externa.
«Tras el cierre de la investigación y la comprobación de que no existen indicios de actuaciones irregulares por parte de ninguno de los profesionales de Adif y Adif AV citados, las compañías y los empleados mencionados se reservan el derecho a iniciar las acciones legales oportunas para reparar posibles daños y perjuicios», apostilla.
