Tres jueces en seis meses y nadie investiga aún a la Guardia Civil por el 'caso Valdemoro'
Nuevo frenazo a la causa por la presunta detención ilegal de cuatro funcionarios de la prisión de Valdemoro. El caso pasa al Juzgado 4 de esa localidad madrileña
La prisión de Valdemoro. | Europa Press
Tercer juez en seis meses y apenas una declaración practicada en sede judicial. Nuevo frenazo a la investigación contra seis agentes de la Guardia Civil y el director del Centro Penitenciario Madrid III por la presunta detención sin pruebas, y el posterior encarcelamiento, de cuatro funcionarios de la prisión de Valdemoro en mayo de 2021. El Juzgado de Instrucción número 4 de esa localidad madrileña se ha hecho cargo ahora del caso, según un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
La causa cambia de juzgado por tercera vez desde septiembre. El juez Javier Corral, que la había asumido a principios de febrero tras la recusación de la magistrada que abrió inicialmente el caso, se ha inhibido un mes después en favor del Juzgado de Instrucción número 4 de Valdemoro.
Es el mismo juzgado que en marzo de 2022 absolvió a los cuatro funcionarios del Centro Penitenciario Madrid III tras pasar cuatro meses en prisión preventiva por presunto tráfico de drogas en el interior de la cárcel. La investigación por la que fueron encausados carecía de pruebas y se había basado en falsos testimonios de presuntos testigos protegidos que negaron en sede judicial los informes de la Guardia Civil.
La juez María Concepción Azuara, que instruyó entonces la causa pero después pasó a ocupar el Juzgado de Instrucción número 8 de Valdemoro, abrió diligencias el pasado mes de septiembre para esclarecer si el director del Centro Penitenciario Madrid-III, José Antonio Luis de la Iglesia, y los seis agentes que participaron en la investigación y/o detención de esos funcionarios de prisiones incurrieron en presuntos delitos de prevaricación, detención ilegal y falsedad documental.
Seis agentes de la Guardia Civil
El caso contra los seis guardias civiles y Luis de la Iglesia se abrió hace ya medio año, a raíz de la querella interpuesta por uno de los funcionarios de la prisión de Valdemoro que fueron detenidos y absueltos por falta de pruebas. La ratificación de la querella en sede judicial de ese empleado público, el pasado mes de octubre, es la única diligencia que se ha practicado desde entonces. Al caso se adhirió posteriormente otro de los funcionarios de la prisión de Valdemoro que se vio perjudicado por la investigación.
Después, ambos funcionarios recusaron a la juez María Concepción Azuara. La misma magistrada es quien ordenó su detención y les envió a prisión a raíz de la investigación liderada en 2021 por los guardias civiles y el director de la prisión de Valdemoro. Todos ellos están ahora querellados por prevaricación, detención ilegal y falsedad documental. La juez Azuara se abstuvo de seguir al frente de la causa después de haber sido recusada por los querellantes. Y el caso pasó al titular del Juzgado número 6 de Valdemoro, Javier Corral, que ahora pasa la patata caliente al juzgado donde se inició todo.
«Se acuerda la inhibición del conocimiento de este procedimiento a favor del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4, por encontrarse el mismo en funciones Juzgado de Guardia, en la fecha en que presuntamente ocurrieron los hechos objeto de autos, al que se le remitirán estas actuaciones una vez sea firme la presente resolución, que servirá de atento oficio remisorio, poniéndose a su disposición, en su caso, los efectos y el dinero ocupados», indica un reciente auto del juez Corral, fechado el pasado 1 de marzo.
La causa acumula así seis meses y tres jueces distintos, sin que se haya tomado declaración aún a los seis guardias civiles ni al director de la prisión de Valdemoro por el encarcelamiento sin pruebas de los funcionarios del Centro Penitenciario Madrid III. La juez que archivó la causa contra los funcionario en marzo del año pasado dio por acreditado que las acusaciones de la dirección de la prisión y la Guardia Civil contra ellos carecían de pruebas suficientes.
Los indicios contra los funcionarios de la prisión de Valdemoro se basaban únicamente en los presuntos testimonios de supuestos testigos protegidos que, como reveló en exclusiva este diario, negaron en sede judicial haber hecho las declaraciones que el director de la prisión y los investigadores habían utilizado como prueba para encausar a los funcionarios.
Los testigos protegidos afirmaron ante la juez «no haber presenciado nada», «haber escuchado de oídas» e incluso que los investigadores «habían puesto en su boca palabras que no habían dicho». Esos supuestos testimonios incorporados en los informes de la Guardia Civil y la dirección del Centro Penitenciario, desmentidos meses después en sede judicial, hicieron que tres de los cuatro funcionarios detenidos por la Guardia Civil pasaran cuatro meses en prisión preventiva y estuviesen varios meses más apartados de sus puestos de trabajo.
