Canarias reclama al CGPJ la creación de 10 nuevos juzgados por su elevada tasa de litigios
El Tribunal Superior de Justicia canario argumenta al órgano de gobierno de los jueces el incremento de asuntos y de población que registra la región
Gustavo Matos, presidente del TSJC en el Parlamento de Canarias. | Europa Press
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) mueve ficha para atender la importante carga de trabajo que soporta. La Sala de Gobierno considera «prioritaria e imprescindible» la creación de, al menos, 10 nuevas unidades judiciales en 2023 para atender «la elevada» tasa de litigiosisad en la región, la más alta de España. Así se lo ha hecho saber al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), institución encargada de solicitar estas plazas a la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público del Ministerio de Justicia.
El órgano de gobierno de la Justicia canaria aprobó en su reunión ordinaria del pasado viernes remitir al CGPJ una propuesta para crear 10 nuevas unidades judiciales. Lo hace atendiendo «no solo al incremento de la población de derecho que registra Canarias y del volumen de ingreso de asuntos durante el año 2022 y ejercicios precedentes», sino también a la elevada población de hecho que registra la región (el año pasado registró la cifra de 12.329.171 turistas internacionales).
La Sala resalta en su acuerdo que esta situación se traduce en «la elevadísima» tasa de litigiosidad de Canarias, la más elevada de
España y que «llega a duplicar los registros de los territorios en que menos se litiga». La tasa de litigiosidad en nuestro país en el último trimestre del año pasado fue de 32,1 asuntos por cada 1.000 habitantes, según un informe del CGPJ. La comunidad autónoma con la cifra más elevada fue Canarias (41,1 casos por cada millar de personas) seguida de Andalucía (34,6), Baleares (34,5) y Cataluña (33,6).
Propuesta al CGPJ
El TSJC entiende que con el contexto actual se cumplen «sobradamente» las exigencias para la creación de las plazas que prevé la orden de 2018 que publica el acuerdo entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia para la determinación del sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales.
La propuesta de nuevas plazas para 2023 que formula la Sala de Gobierno prevé cinco nuevos juzgados en la provincia de Las Palmas: uno de violencia sobre la mujer que corresponda a los partidos de la capital, Telde, Santa María de Guía y Arucas; otro de primera instancia en Puerto del Rosario; dos de primera instancia, uno de ellos con competencia de asuntos de familias, en Las Palmas de Gran Canaria y otro en Telde.
Los otros cinco órganos judiciales de nueva creación se emplazarían en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La propuesta incluye una plaza en la Sala de lo Social del TSJC; un juzgado de primera instancia en San Cristóbal de La Laguna; otro mixto en Granadilla de Abona y otro de lo Mercantil en Santa Cruz de Tenerife.
El propio CGPJ solicitó hace unas semanas al Ministerio de Justicia la creación 15 plazas de letrados para cubrir las 19 vacantes que tiene el Tribunal Supremo y evitar así el colapso. Su objetivo es que el Gobierno le permita realizar nombramientos discrecionales, algo que no puede hacer mientras tenga el mandato caducado tras la reforma legal de marzo de 2021.
Un informe aprobado el 16 de enero por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo alertaba de «una situación crítica e insostenible» que está causando en este órgano judicial la imposibilidad de cubrir las vacantes, que alcanzan ya un cuarto de la plantilla de 79 magistrados. El documento destacaba que el problema podría ir a más, ya que en los próximos meses las vacantes ascenderán a 24, lo que supone más de un 30% de sus miembros.
El órgano de gobierno de los jueces también solicitó a finales del año pasado al departamento que dirige Pilar Llop la creación de 32 nuevos juzgados de lo Social en cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia) en las que «los actos de conciliación y juicio se señalan con una demora superior a un año». Lo hizo a través de una carta dirigida a Justicia donde pedía «agilizar la actividad judicial» y «reducir los tiempos de respuesta».
