La UE también investiga los contratos del proveedor de Ábalos con regiones del PSOE
La Fiscalía Europea ha ampliado su investigación sobre la empresa Soluciones de Gestión para incluir adjudicaciones de los gobiernos de Baleares y Canarias
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press
La Fiscalía europea investiga también los contratos covid adjudicados por los gobiernos de Canarias y Baleares al proveedor de mascarillas predilecto del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Ambos ejecutivos autonómicos, gobernados por el PSOE, usaron el procedimiento de emergencia -sin publicidad ni licitación previa- para adjudicar a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL cuatro contratos por valor de casi 13 millones de euros, con cargo a los fondos FEDER de la Unión Europea, para traer a España material sanitario durante el año 2020.
Según documentos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el pasado mes de septiembre la Fiscalía Anticorrupción remitió a la UE las diligencias de investigación abiertas medio año antes por una denuncia en la que se pedía indagar en todos los contratos adjudicados la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Entre ellos, los otorgados por Baleares y Canarias. La misma empresa había recibido otras tres adjudicaciones de los ministerios de Transportes e Interior por importe de 40,5 millones de euros en 2020, de los cuales casi 37 millones fueron pagados por el departamento dirigido entonces por Ábalos.
Esos contratos del Gobierno central también los investigaba la Fiscalía europea como consecuencia de la querella interpuesta por el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid. Las pesquisas sobre las adjudicaciones de Canarias y Baleares a esa compañía siguen abiertas, según el abogado y exfiscal Ramiro Grau, autor de la denuncia a raíz de la cual Anticorrupción abrió diligencias de investigación en marzo de 2022.
El pasado 21 de septiembre, Anticorrupción remitió sus averiguaciones sobre esa denuncia a la Fiscalía europea «al ser el órgano competente para su conocimiento», según un escrito del Ministerio Público. El asunto pasó a manos comunitarias apenas un mes después de que el Ministerio de Hacienda, como avanzó el martes este diario, enviase a la Fiscalía de la UE una serie de capturas de pantalla con información sobre las adjudicaciones a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, el proveedor de confianza de Ábalos.
Fiscalía y fondos UE
En su contestación a un requerimiento enviado por los investigadores de la UE, el 11 de agosto de 2022, el ministerio dirigido por María Jesús Montero eludió dar detalles sobre los contratos adjudicados por los ministerios de Transportes y de Interior a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Se limitó a informar mediante pantallazos de que esa compañía solo había recibido fondos europeos procedentes de los Programas Operativos Feder Illes Balears 2014-2020 y Feder Islas Canarias 2014-2020.
Un mes después, el 21 de septiembre, Anticorrupción remitió a la Fiscalía europea las diligencias de investigación practicadas sobre todos los contratos. Del Ejecutivo balear, Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas obtuvo un contrato de 3,7 millones de euros por el suministro de «equipamiento médico». En concreto, 1,4 millones de mascarillas FFP2 que se pagaron a 2,5 euros cada unidad. Un contrato cofinanciado con cargo al Programa Operativo FEDER 2014-2020 de las Islas Balears, según consta en el expediente de la adjudicación.
Meses después, en un informe, la Oficina de Lucha contra la Corrupción de Baleares cuestionó ese contrato a Soluciones de Gestión y señaló que el entonces administrador de la empresa controlaba también varias sociedades off shore, dos de las cuales aparecían en los Paradise Papers. Una tercera mercantil vinculada al administrador único de Soluciones de Gestión habría sido investigada por la Guardia Civil y la Audiencia Nacional por el presunto pago de sobornos en Angola para que la empresa pública Mercasa fuese adjudicataria de la construcción de un mercado de abastos en la capital de ese país africano.
Angola y Canarias
En Angola, según sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Soluciones de Gestión desarrolla desde hace más de una década un proyecto para la construcción de un hospital. También forma parte de otra Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de la construcción de una central eléctrica flotante.
El informe de la Oficina balear de Lucha contra la Corrupción cuestionaba que, si bien a raíz de la urgencia y el estado de alarma se podía comprar entonces sin expediente de contratación, por la vía de emergencia, «se deberían haber establecido algunos mecanismos de control adaptados específicamente para supervisar la contratación y la adquisición pública» durante los primeros meses de pandemia.
Por su parte, según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el Gobierno canario adjudicó en 2020 y 2021 a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas diversos contratos que ascienden a un total de 10,2 millones de euros por el suministro y transporte de mascarillas para los hospitales del Servicio Canario de Salud (SCS).
En una resolución, la ex directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (DGRE-SCS) Ana María Pérez, investigada por presunta prevaricación en el conocido como caso PCR Canarias, admitió que Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL «entregó en 2020 al SCS 837.000 unidades de mascarillas FFP2 no aptas, valoradas en 2.094.500 euros», según avanzó El Cierre Digital.
La empresa «obtuvo una segunda oportunidad para ‘compensar’ por otras mascarillas FFP1 y cobrar sus facturas». Según el mismo documento, los diferentes modelos de mascarillas suministrados por Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL fueron analizados por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Complejo Hospitalario (CHUC).
Tras un exhaustivo análisis, efectuado entre abril y julio de 2020, ese organismo determinó que «las mascarillas modelo KN95 FDA, KN95KSA, KN95 202003 y KN95 EN1492001 no se consideran aptas para su uso sanitario como FFP2». El número de mascarillas afectadas por estos modelos ascendía a 837.000 unidades valoradas en 2.094.500 euros. Estas fueron sustituidas por la compañía en una entrega posterior.
