Los partidos que quieren personarse en 'el caso Mediador' se niegan a compartir abogado
La juez acuerda que las seis acciones populares actúen bajo la dirección de un mismo letrado. La AUGC y Vox han recurrido; PP y PSOE se lo piensan
El mediador y el exdirector general de Ganadería en Canarias durante una visita a Leche Sandra.
Cada oveja con su pareja. Las seis organizaciones que quieren personarse como acusación popular en el caso Mediador tiran del refranero. La juez que instruye la causa aceptó la semana pasada todas las solicitudes, pero les impuso una condición: que lo hagan bajo la dirección de un mismo abogado. Un escenario que puede generar tensiones a la hora de orientar la actuación procesal. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y Vox ya han recurrido el auto y otros partidos, como PP y PSOE, se lo piensan: «Cada uno tiene sus propios intereses», reconocen a THE OBJECTIVE.
La instructora del caso Mediador tomó la decisión de aunar las acciones populares «ante la complejidad de la causa y su volumetría». María de los Ángeles de Lorenzo-Cáceres Farizo considera que una dirección única «evita dilaciones y contradicciones durante la instrucción de la causa». La magistrada ha citado a los seis interesados en el juzgado de Tenerife este jueves a las 10.00 horas para que designen un letrado común y depositen entre todos la fianza de 2.000 euros.
La primera entidad que solicitó personarse en la causa fue Fuerza Canaria, un partido local de Arona (Tenerife). Las fuentes jurídicas consultadas sostienen que, ante la falta de acuerdo, la juez podría determinar este jueves que el resto de organizaciones interesadas (Aguaiuris, AUGC, Vox, PP y PSOE) se adhieran a su petición y, por tanto, a su dirección letrada. La mayoría está en desacuerdo.
Partes del caso Mediador
AUGC ha recurrido el auto en el que la juez del caso Mediador impone la unificación de la acusaciones populares. Entiende que hacerlo supone «quebrantar las diversas normas que regulan el estatuto de las asociaciones profesionales de guardias civiles». El texto establece, entre otras cosas, la necesidad de salvaguardar su neutralidad política e ideológica. «La concurrencia en una única defensa (…) supondría que AUGC tenga que asumir planteamientos de naturaleza ideológica».
Un camino que también ha iniciado Vox. La formación verde sostiene que una única dirección letrada infringe varias normativas, entre ellas el artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dispone tal medida como una excepcionalidad. Los de Santiago Abascal sostienen que «no existe la más mínima convergencia de intereses entre las partes acusadoras» y solicita personarse «como acusación popular diferenciada de cualesquiera otra acusación popular».
PSOE y PP tampoco desean formar parte del caso Mediador bajo una dirección letrada «unificada, conjunta y simultánea». Así denominó la decisión de la juez el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Los populares continúan valorando el auto. De momento, no han tomado una decisión. Un portavoz explica que lo harán en las próximas horas, aunque el límite para presentar un recurso se extiende hasta el Miércoles Santo.
Otros miembros del PP consultados por este diario abogan por marcar distancias con otras acusaciones populares porque «no todos tienen el mismo objetivo». Un portavoz del PSOE de Canarias afirma que la decisión de su partido tiene que ser coordinada tanto por la dirección regional como por la Federal, ya que el caso tiene «repercusión nacional».
«Intereses partidistas»
Desde Ferraz prefieren no comentar aspectos legales, pero subrayan la celeridad con la que actuaron al pedir su acta de diputado a Juan Bernardo Fuentes Curbelo, al que los investigadores señalan como uno de los líderes de la trama que, presuntamente, se dedicaba a cobrar mordidas a cambio de favores políticos. No obstante, solo Fuerza Canaria ha manifestado su intención de recurrir su puesta en libertad.
Los dirigentes socialistas consultados por THE OBJECTIVE afirman que ir de la mano de otras formaciones en el caso Mediador atenta contra sus intereses. Prefieren recurrir la decisión, aunque de momento el PSOE guarda su decisión con celo. En España, cualquier ciudadano o entidad jurídica puede personarse en un proceso penal. En caso de ser uno de los damnificados puede hacerlo como acusación particular.
La legislación también permite su personación aunque no se haya visto afectado cuando pretenda defender el interés común. La vía para hacerlo es la acción popular, según establece el artículo 125 de la Constitución. La normativa permite que en un mismo proceso se puedan suceder múltiples acusaciones populares. Cuando existe una compatibilidad de intereses y puntos de vista, incluso se consiente una representación única para evitar retrasos. «No es el caso», reconocen las partes.
