Australia se abre a embargar 101 millones en activos a España tras el recorte a las renovables
La Corte Suprema sigue los pasos de Reino Unido, que autorizó a una empresa a ejecutar la propiedad del Instituto Cervantes en Londres si no es resarcida
Entrada a la Corte Suprema de Australia.
Nuevo revés de la justicia internacional a España. La Corte Suprema de Australia ha fallado este miércoles a favor de la compañía Antin Infrastructure Services, a la que el Gobierno adeuda 101 millones de euros como consecuencia de los recortes a las primas de las energías renovables realizados por Mariano Rajoy en 2013. El fallo, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, abre la puerta a embargar los activos españoles en dicho país en caso de que la compañía no sea resarcida. La semana pasada el Tribunal Superior de Londres ya decretó el embargo de la sede del Instituto Cervantes, la embajada comercial de Cataluña y varias cuentas bancarias por impagos a Blasket Renewable Investments.
España puso en marcha en 2007 un plan de apoyo a la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Cinco años más tarde, el Gobierno modificó ese régimen perjudicando a las empresas que habían comenzado a recibir las ayudas, ya que la normativa tenía carácter retroactivo. Las compañías denunciaron que se habían visto afectadas por la nueva normativa porque el nuevo escenario mermaba sus ingresos.
Las empresas demandaron a España ante el Ciadi, una institución dependiente del Banco Mundial que se encarga de dirimir los pleitos relativos a las inversiones internacionales. El litigio fue dirimido en 2018 a través de un procedimiento de arbitraje y supuso una multa de 101 millones de euros a nuestro país, que sigue sin pagar. Muchas compañías, como Antin, llevaron la situación ante la justicia ordinaria. Este miércoles la Corte Suprema de Australia les ha dado la razón por unanimidad, pese a los intentos de la Abogacía del Estado por evitarlo.
La Corte Suprema de Australia
«Este Alto Tribunal desestima la apelación y sostiene que España está vinculado por el laudo del Ciadi», afirma la Corte Suprema de Australia en el documento al que ha tenido acceso este diario. El Gobierno tendrá que desembolsar esa cantidad más los intereses devengados a Antin si no quiere enfrentarse al embargo de sus bienes en ese país. Los magistrados también han condenado a España a pagar las costas del procedimiento.
Contra este fallo no cabe recurso. Ahora se abre un proceso para que la compañía solicite qué activos desea requisar, entre los que se encuentran la sede del Instituto Cervantes en Sidney, edificios, cuentas corrientes, obras de arte y los activos de Navantia en Australia. «Los embargos hay que pedirlos uno por uno», afirman desde el entorno de la empresa perjudicada. El proceso de rastreo de activos ha sido completado, por lo que presentarán sus conclusiones ante el tribunal en los próximos días.
Antin no es la única compañía de energía afectada que ha llevado a España ante la justicia ordinaria. La semana pasada el Tribunal Superior de Londres decretó tres órdenes provisionales de pago que otorgaba a Blasket Renewable Investments la garantía de ejecutar la propiedad del Instituto Cervantes en Londres y de la embajada comercial de la Generalitat de Cataluña en caso de no obtener los 40 millones de euros que se les adeuda, como adelantó El Confidencial.
El juez Andrew Bakr también dictó la congelación de cuentas bancarias controladas en Reino Unido por la institución que dirige el poeta Luis García Montero. No obstante, el organismo, encargado de difundir la lengua, la cultura y las costumbres españolas por todo el mundo, mantiene su funcionamiento y los embargos no han impedido su correcto desempeño.
El fondo, propiedad del banco británico HSBC, ganó en 2019 el arbitraje en el Banco Mundial, pero España no pagó la deuda. Las fuentes diplomáticas afirman que se debe al conocido como caso Infrared, correspondiente al pago de indemnizaciones por parte del Gobierno a las empresas afectadas por el recorte en la reforma del mercado energético emprendida por Rajoy. El dirigente popular frenó las políticas emprendidas por José Luis Rodríguez Zapatero, su antecesor socialista.
El Gobierno, desde el Ministerio para la Transición Ecológica, considera que no hay motivos de preocupación. Para defender su rechazo al pago y retener el dinero público aseguró al citado diario digital que «los pagos pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una ayuda de Estado ilegal». De hecho, la Comisión Europea abrió una investigación en julio de 2021 al considerar que el plan de ayudas que puso en marcha Zapatero pudo discriminar a los inversores españoles.
