Un informe sitúa a España al nivel de Venezuela en incumplimiento de laudos internacionales
Las empresas afectadas por los recortes de las ayudas a las energías renovables exigen al Gobierno que cumpla con los laudos para evitar la inseguridad jurídica
Planta fotovoltaica. | Gustavo Valiente (Zuma Press)
Venezuela, España y Rusia conforman el podio de países que más incumplen los laudos internacionales. Así lo certifica el Informe sobre el Cumplimiento del Arbitraje de Tratados de Inversión 2022, elaborado por el especialista Nikos Lavranos. El documento destaca que la omisión de estas obligaciones «socava el orden jurídico internacional». Las empresas afectadas por los recortes de las ayudas a las energías renovables de hace una década exigen al Gobierno que pague las compensaciones económicas que reconocen los tribunales de arbitrajes para evitar un escenario de inseguridad jurídica.
El documento, que detalla la situación de los 20 países que más sentencias desfavorables recibieron en 2021, señala a Venezuela como campeona de la morosidad en los conflictos entre inversores y Estados. Lavranos sostiene que ese año se presentaron un total de 1.190 requerimientos y se concluyeron 807. El país sudamericano dejó de pagar 11 laudos por valor de 7.168 millones de dólares (6.530 millones de euros actuales).
La medalla de plata se la lleva España, que dejó colgados ocho laudos con una cuantía de 700 millones de dólares (638 millones de euros). Todos ellos relacionados con el plan que puso en marcha de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 para apoyar la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. La delicada situación económica hizo que Mariano Rajoy modificara seis años después ese régimen perjudicando a las empresas que habían comenzado a recibir las ayudas.
Procedimientos resueltos
Las compañías denunciaron que la nueva normativa mermaba sus ingresos. Muchas elevaron el problema al Ciadi, una institución dependiente del Banco Mundial que se encarga de dirimir los pleitos relativos a las inversiones internacionales. Ya ha resuelto una veintena de los 52 procedimientos abiertos contra España. El 90% han sido favorables a las empresas, que cifran en 1.215 millones de euros la cantidad que debe pagarles el Estado.
El monto podría aumentar hasta los 2.000 millones, ya que aún queda una treintena de litigios por resolver. A diferencia de Venezuela, España y Rusia están obligados a sufragar las sentencias que emanen de los tribunales de arbitraje internacionales al estar vinculados a ellos como miembros del Tratado de la Carta de la Energía, que protege a las inversiones de las compañías frente a los cambios regulatorios de los países firmantes.
«Los laudos desfavorables no son ninguna rareza. Le ha sucedido también a Francia, Suecia, Rumanía y Alemania. El único que no paga es España», lamentan las empresas afectadas. Una decisión que les extraña porque la cuantía a saldar apenas representaría el 0,2% de su presupuesto anual. La estrategia del Gobierno pasa por pedir la anulación de los procedimientos: considera que las ayudas de Rodríguez Zapatero no eran válidas.
Las mismas fuentes destacan que no hacerlo genera inseguridad jurídica y asemeja a nuestro país con Venezuela: «No lo decimos nosotros, sino un informe experto». El documento al que se refieren subraya el elevado número de potencias europeas que rechazan pagar esos laudos esquivos, generalmente relacionados con las energías renovables: Ucrania, República Checa, Polonia, Rumanía, Hungría, Croacia o Italia.
Pago de laudos
«España no ha pagado un solo laudo desde la condena por el caso Maffezini en 2000», recalca el informe. El empresario argentino Emilio Agustín Maffezini apeló tres años antes ante el Ciadi la fallida inversión que había realizado en una empresa química en Galicia. De esa manera evitaba someterse a los tribunales españoles. El órgano dependiente del Banco Mundial le dio la razón.
Lavranos revela que Rusia acabó pagando el laudo Sedelmayer, un ciudadano alemán que instó un arbitraje por la expropiación de sus bienes. Lo mismo que hizo recientemente Alemania en la disputa con Vattenfall; Rumanía con el laudo Micula, al que tuvo que pagar más de 220 millones de euros; o Polonia con Achmea, al que abonó unos 3.500 millones de euros.
Argentina también sufragó la mayoría de las sentencias que se iniciaron tras la crisis económica que sufrió a principios de este siglo. El autor del informe afirma que Egipto pagó casi 100 millones de euros del laudo Bahgat y la India resolvió la disputa de Caim por una cantidad similar. Hasta Zimbabwe abonó los laudos Von Pezold y Funnekotter, «aunque con una reducción sustancial».
«Mientras muchos Estados miembros de la UE acaban pagando o liquidando los fallos en su contra, España destaca por negarse sistemáticamente a pagarlos», sostiene Lavranos. Nuestro país es el que «se ha enfrentado con diferencia al mayor número de casos de energías renovables (más de 50) y el que ha recibido el mayor número de laudos en su contra». Casi todos ante el Ciadi y por el cambio de normativa en el plan de ayudas a inversores de las energías renovables.
El tribunal internacional ha resuelto una veintena hasta el momento. El Estado español ha conseguido vencer varios pleitos, como los de Charanne e Isolux. Algunas compañías, como Solarpark, desistieron de su denuncia, aunque casi el 90% de los laudos fueron favorables a las empresas. Como el Gobierno no satisface estas compensaciones, han llevado sus demandas a la justicia ordinaria.
Reino Unido autorizó a principios de abril el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Londres, la embajada comercial de la Generalitat de Cataluña y la congelación de las cuentas bancarias que controla el organismo encargado de difundir la lengua, la cultura y las costumbres españolas. El miércoles la Corte Suprema de Australia también abrió la puerta a confiscar activos españoles si no satisfacía los 101 millones de euros que adeuda a Antin Infrastructure Services.
