Identifican huellas de etarras en un mapa que incluía el atentado contra el juez Querol
El archivo detalla otros cuatro ataques planificados y ejecutados en Madrid por la organización terrorista
Entrada a la Audiencia Nacional. | Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
La Policía ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el asesinato del juez Francisco Querol a manos de ETA un informe que identifica la huella de varios integrantes de la organización terrorista en un mapa de objetivos que incluía, entre otros, el ataque que terminó con la vida del magistrado en octubre del 2000.
Así se desprende del oficio que la Comisaría General de Información remitió el pasado 12 de abril al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, en el que los agentes determinan qué personas ocuparon el apartamento situado en Merignac, una ciudad francesa, en la que se encontraron un plano de Madrid con anotaciones relacionadas con ETA, según recoge Europa Press.
Fue el 2 de julio de 2009 cuando funcionarios franceses procedieron al desahucio de la citada vivienda después de recibir una denuncia por impago del alquiler. Tras acceder a la misma, observaron que había sido abandonada de forma precipitada por sus inquilinos, encontrando en la misma «objetos presumiblemente relacionados con las actividades» de ETA.
Además de varios cartuchos, CDs, y efectos electrónicos los funcionarios se incautaron de un plano de la capital española «con marcas en distintos puntos y algunas anotaciones manuscritas».
Ese documento, indican, incluía la planificación y ejecución de atentados terroristas cometidos en Madrid por miembros del comando ‘Buru Ahuste’. Además del cometido contra el juez Querol, que también terminó con la vida de su escolta y de un conductor de la Empresa Municipal de Transporte, también se reseñaban otros cuatro ataques cometidos entre agosto del 2000 y noviembre de 2001.
En ese mapa de objetivos de la banda la Policía ha conseguido identificar las huellas de los miembros de ETA Aitzol Iriondo y Joseba Troitiño, ambos vinculados al aparato militar de la banda y que «han sido objeto de anteriores informes» en esta misma causa. En la misma vivienda, además, los agentes han identificado huellas dactilares de los miembros de ETA Oihana Garmendia, Javier Arruabarrena, Alberto Garmendia, Faustino Marcos y Egoitz Gurruchaga.
Las mismas, sostiene la Policía, «vendrían a certificar la condición de vivienda infraestructura de ETA en la zona de Burdeos de la misma y, además», acreditarían «la existencia de algún tipo de relación orgánica no plenamente determinada entre los identificados y los inquilinos habituales de esa vivienda y/o las actividades terroristas desarrolladas en la misma».
Así las cosas, los agentes concluyen que «los inquilinos habituales de esa vivienda fueron los miembros liberados de ETA Javier Arruabarrena y Ohiana Garmendia». «Ella presumiblemente fue quién alquiló ese inmueble utilizando la documentación de identidad española falsa a nombre de María del Mar Kessler», añaden
Una estrategia «colegiada»
Fue en diciembre de 2021 cuando Pedraz dio curso a una querella de Dignidad y Justicia que busca esclarecer el atentado, en el que además de Querol, que era el objetivo, perdieron la vida su conductor, Armando Medina; el policía nacional Jesús Escudero, y un conductor de la EMT llamado Jesús Sánchez. Otras 30 personas resultaron heridas.
En el marco de las pesquisas, el magistrado recibió el pasado noviembre un informe en el que la Guardia Civil identifica a ‘Iñaki de Rentería’, ‘Mikel Antza’, ‘Txapote’, ‘Jon’, ‘Baltza’, ‘Willy’, ‘Ramontxo’, ‘Anboto’ y ‘Olga’ como miembros de la cúpula terrorista que dio las «órdenes oportunas» para matar al juez Francisco Querol, que entonces contaba con 69 años, y a otras dos personas.
A lo largo de 307 páginas, el Instituto Armado sitúa a estos nueve exdirigentes de ETA como miembros de su «máximo órgano de dirección» en esa época que «habrían participado en el diseño, dirección, seguimiento, facilitación de medios e impartición de las órdenes oportunas para la materialización de la acción terrorista».
La Guardia Civil enmarca el asesinato de Querol en la nueva estrategia acordada en 1997 «de forma colegiada» por la dirección etarra de iniciar una serie de atentados contra jueces, magistrados y fiscales, tras la caída en 1992 de la cúpula de ETA en Bidart (Francia).
