El Gobierno pierde un recurso que eleva a 1.208 millones la deuda por el impago a las renovables
El Ciadi resuelve que España debe indemnizar a BayWa con 22 millones. Hace unos días ya le condenó a pagar 25 millones a otra empresa afectada
Un operador monta paneles solares. | Zuma Press
Nuevo varapalo del Ciadi a España, el segundo en una semana. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa a Inversiones ha rechazado el recurso del Gobierno contra la resolución que obligaba a indemnizar con 22 millones de euros más intereses de demora y las costas a BayWa. La deuda total con las empresas afectadas por la retirada de ayudas a las renovables asciende ya a 1.208 millones. Hace solo unos días, el organismo dependiente del Banco Mundial resolvió que nuestro país debía compensar al fondo británico Infracapital con 24,9 millones.
Con este son ya 22 los laudos condenatorios para España desde que Mariano Rajoy modificó hace una década el régimen de ayudas aprobado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. El plan trataba de beneficiar la producción eléctrica procedente de fuentes renovables y establecía ayudas que alcanzaban hasta el 40% del importe de la estructura, lo que suponía una gran rentabilidad para los inversores, que denunciaron la nueva normativa.
El Ciadi ha confirmado este lunes el laudo dictado en enero de 2021 que condenaba al Gobierno con indemnizar con 22 millones de euros a BayWa, una empresa española con capital alemán. El tribunal, presidido por el portugués Dário Moura Vicente, rechaza «en su totalidad» anular la resolución, tal y como solicitaba el Ejecutivo.
El Gobierno no paga
«España tuvo muchas oportunidades a lo largo del procedimiento para presentar sus argumentos sobre esos temas. Por consiguiente, no puede considerarse que su derecho a ser oído ha sido vulnerado en virtud de la no admisión», afirma el fallo, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Los miembros del Ciadi también condenan al Gobierno a sufragar todos los costos del procedimiento. «Este importe se incrementará mediante intereses que se calcularán a una tasa compuesta anual de 4,5% si el pago no se efectuase dentro del plazo de 60 días desde la fecha de notificación de la presente decisión».
La resolución eleva la deuda hasta los 1.208 millones de euros, pero la factura podría elevarse hasta los 2.000 millones porque aún faltan por resolverse una veintena de denuncias. Una cantidad a la que hay que sumar más de 250 millones en concepto de intereses de demora. El escenario podría haber sido peor, ya que los fondos afectados por la reforma de las ayudas a las renovables reclamaban al Gobierno indemnizaciones cercanas a los 7.500 millones de euros.
Las empresas afectadas denuncian que España es «el segundo país con más incumplimientos de sentencias internacionales, solo por detrás de Venezuela». Un escenario que ha motivo que las compañías acudan a la justicia ordinaria. Solicitan que las cantidades sean sufragadas con la incautación de bienes soberanos del Estado. Tribunales británicos y australianos ya han amenazado con confiscar sus bienes en estos países.
Embargar el Cervantes
El embargo pesa de momento sobre la propiedad del Instituto Cervantes en Londres, sus cuentas bancarias y la embajada comercial de la Generalitat de Cataluña. La estrategia del Gobierno cuesta a España 248 millones de euros extra. Esa es la cantidad que ha aumentado la factura por los intereses de demora, según estimaciones de las empresas afectadas. Equivale al 21% de la cifra que debe abonar el Estado si se limita a cumplir los procedimientos resueltos.
La cuantía responde a sobrecostes judiciales e intereses financieros. Un agujero que puede incrementarse con la cantidad con que, previsiblemente, habrá que compensar a E.ON, cuyo laudo se resolverá en las próximas semanas.
Un estudio realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) con motivo de los presupuestos de 2023 incluye una mención a estos casos en su análisis de pasivos contingentes y riesgos fiscales. Los técnicos afirman que, de acuerdo con la información publicada en la Cuenta de la Administración General del Estado en 2021, «sigue abierto el litigio de las energías renovables».
