Los funcionarios de Justicia anuncian huelga indefinida a partir del 22 de mayo
Los sindicatos intensifican las protestas tras corroborar que el Gobierno «no pone encima de la mesa una propuesta económica»
Protesta de los funcionarios de Justicia frente a la sede del ministerio. | Fernando Alvarado (EFE)
Los funcionarios de Justicia irán a la huelga indefinida a partir del 22 mayo, en plena campaña electoral. Tal y como adelantó THE OBJECTIVE, los sindicatos han acordado intensificar las protestas tras corroborar que el Gobierno «no pone encima de la mesa una propuesta económica». Una situación que contrasta con lo que sucede con otros cuerpos de esta administración. Los jueces y fiscales han obtenido una propuesta de aumento salarial que ronda los 50 millones de euros, aunque la han rechazado. Se volverán a reunir con el Ejecutivo este miércoles.
Un escenario que los sindicatos aún ven aún lejano para los funcionarios de Justicia. De hecho, ni siquiera han recibido una llamada del departamento que dirige Pilar Llop. «La ministra hizo una aparición durante la reunión de jueces y fiscales, pero eso nosotros no lo hemos visto», ha lamentado Javier Jordán, de CSIF, durante las protestas de este miércoles ante la sede del ministerio.
La huelga indefinida convocada por los sindicatos a partir del 22 de mayo, en la recta final de la campaña de las elecciones municipales, se suma a los paros de 24 horas anunciados para esta semana y la que viene y a las protestas que tienen pensado realizar a partir del día 16 los jueces y fiscales si no llega a un acuerdo con el Gobierno. También han emplazado a una nueva manifestación el 25 de mayo en la capital.
Guerra en Justicia
Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT, que hasta ahora habían promovido movilizaciones, paros parciales y huelgas puntuales de 24 horas, endurecen las medidas de presión al Gobierno. Buscan que se les plantee una oferta retributiva «como han hecho con los letrados de la administración de Justicia y como se está haciendo con los jueces y fiscales», ha insistido Jordán.
«En el Ministerio de Justicia las políticas de personal y retributivas se desarrollan con total clasismo. Regulaciones como los permisos, las sustituciones, o cualquiera otra condición de trabajo se establecen de forma diferenciada a unos colectivos por el simple hecho de ser de una titulación superior», ha denunciado Luis Calero, de CCOO.
Los funcionarios de Justicia reclaman un aumento salarial de entre 350 y 430 euros al mes. Además, piden que se paralice la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa porque «impone nuevas condiciones laborales sin negociación previa a los 45.000 funcionarios», destaca José Luis Fernández Alaya, de STAJ.
«Tienen 10 días para evitar el colapso absoluto en la administración de Justicia», ha subrayado Jordán, de CSIF. La gota que ha colmado el vaso es que aún no cuentan con una oferta económica del Gobierno. Contrasta con la situación que viven jueces y fiscales, que tras convocar una huelga para el 16 de mayo recibieron una propuesta de 44,6 millones de euros que fue rechazada. También desestimaron una segunda oferta, que incluía un aumento de dos millones. Este miércoles vuelven a reunirse con el Gobierno para acercar unas posturas.
Carta a Sánchez
Esa situación ha cabreado a los funcionarios de Justicia, que consideran que la inexistencia de una oferta a su colectivo supone que existan «trabajadores de primera y de segunda», según recalcó Jordán a este diario. En esa dirección se pronunció también Fernández Alaya, para quien resulta «increíble» que «un gobierno progresista dialogue con los que tienen las retribuciones más altas y no con los que la tienen más bajas».
«Es un problema con una raíz muy profunda: la carencia de medios que tiene esta administración. Dentro de esa carencia de medios está el problema que tenemos con las funciones y las retribuciones. Sería una buena noticia que se llegara a un acuerdo con los jueces y fiscales y una excelente que se pusiera a negociar con nosotros», ha recalcado Antonio Lozano, de UGT.
La decisión de convocar una huelga indefinida llega un día después de que los sindicatos enviaran una carta a Pedro Sánchez para solicitarle que intervenga en el conflicto. Le piden que dé instrucciones a sus ministras para que se sienten a negociar y le recuerdan que su Gobierno cerró el 28 de marzo un acuerdo con los letrados de la administración de Justicia que se sitúa «al margen de la mesa de negociación y con desprecio absoluto a la función que atribuye la Constitución a los sindicatos».
