La Fiscalía archiva la denuncia de las víctimas por las listas de Bildu con etarras condenados

Carpetazo de la Fiscalía al caso Bildu. El Ministerio Público ha archivado la denuncia de las víctimas que pedía investigar las candidaturas de la formación vasca para las elecciones del próximo 28 de mayo por incluir a 44 condenados por terrorismo, siete de ellos con delitos de sangre. Lo hace «tras un riguroso análisis» en el que ha concluido que los hechos expuestos por la asociación Dignidad y Justicia «no son constitutivos de ilícito penal».

La organización que preside Daniel Portero solicitó el pasado jueves a la Fiscalía que estudiara las candidaturas presentadas por Bildu por incorporar a 44 personas condenadas por delitos de terrorismo. La presión mediática hizo que los siete candidatos condenados por delitos de sangre que engrosan las listas anunciaran este martes que, en caso de ser elegidos, no recogerían su acta de concejal.

Dignidad y Justicia amplió ese mismo día la denuncia instando a la Fiscalía a que ordenara a la Policía Nacional y la Guardia Civil que revise el historial de «condenas por terrorismo» de «la totalidad» de las personas incluidas en las candidaturas de la formación abertzale con el objetivo de que se «inicie el proceso» para ilegalizar Bildu por vulneración de la ley de partidos.

Renuncias en Bildu

Un escenario que ha descartado la Fiscalía. En un decreto de cuatro páginas al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE se acuerda archivar las diligencias abiertas el pasado viernes porque los hechos denunciados son «atípicos penalmente». A pesar de ello, dejan abierta la puerta a que los denunciantes acudan a otros órganos judiciales.

«Tras un riguroso análisis de la denuncia y consultar los documentos oportunos referentes a las condenas impuestas (…), se concluye que los hechos no son constitutivos de ilícito penal», explica el Ministerio Público. Los encargados de estudiar el texto, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y su número dos, han recabado las hojas histórico-penales de los condenados, pero no han apreciado «la concurrencia de circunstancias que permita atisbar un supuesto de inegibilidad».

La Fiscalía abrió diligencias en aplicación de lo dispuesto en una circular aprobada en diciembre, que le faculta para investigar, con carácter preliminar, la comisión de hechos que puedan revestir delito. Sin embargo, tras estudiar la denuncia ha decidido incoar decreto de incoación y su archivo al no considerar infracción penal alguna. El sexto punto del decreto recuerda al denunciante que «el control de la legalidad de las candidaturas presentadas» compete a las juntas electorales correspondientes.

Asociación y Justicia no solo solicitó a la Fiscalía estudiar la proscripción de la formación que lidera Arnaldo Otegi, también pidió que se adoptaran medidas cautelares (entre la que se incluiría la paralización de las listas de Bildu) al considerar que la inclusión de candidatos con delitos de terrorismo podría estar vulnerando el artículo 9 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

Un país mejor

El artículo establece que se pueda ilegalizar un partido cuando «incluyan regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas». Un escenario que los expertos consultados por este diario descartaron en el caso de Bildu. Este martes, la formación abertzale anunciaba que los siete condenados por asesinato que incluían sus candidaturas renunciaban a tomar el acta en caso de ser elegidos.

Agustín Muiños, Begoña Uzkudun, Asier Urribarri, José Antonio Torre Altonaga, Juan Carlos Arriaga, Lander Maruri y Juan Ramón Rojo firmaron un texto en el que añadían que su deseo es construir un país mejor y contribuir «a la convivencia y la paz».

No obstante, Bildu anunció que mantendría a los otros 37 condenados por terrorismo en sus listas ya que el partido no incluye en su código de conducta el terrorismo como causa de expediente o cese de sus cargos públicos o internos, algo que sí contempla para otros delitos como la corrupción, el racismo, la pederastia o el maltrato infantil.