Los siete etarras de las listas de Bildu con delitos de sangre renuncian a ser concejales

Los siete etarras condenados por asesinato que forman parte de las listas de EH Bildu para las próximas elecciones del 28 de mayo han anunciado que renuncian a su puesto en las listas. Agustín Muiños, Begoña Uzkudun, Asier Urribarri, José Antonio Torre Altonaga, Juan Carlos Arriaga, Lander Maruri y Juan Ramón Rojo han firmado este texto, en el que añaden que su deseo es construir un país mejor y contribuir «a la convivencia y por la paz».

El partido ha emitido el comunicado, en el que no se visualizan disculpa alguna por haber incluido a estas siete personas de forma libre y en el que sostienen que el mantener los ataques en su contra forma parte de una estrategia que pisotearía sus derechos civiles y democráticos.

«Nuestros casos concretos han sido más destacados por los hechos por los que fuimos condenados. No vamos a negar ahora nuestra militancia del pasado ni la responsabilidad que asumimos con ello», puede leerse. Añaden que retirarán sus candidaturas en los casos en los que sea posible y que, en caso de no ser capaces, en ningún caso tomarán posesión de su acta tras las elecciones.

Los condenados se dirigen a las víctimas, de quienes dice que «sufrieron» por «este conflicto» (en referencia a los atentados de ETA) y afirman que este paso atrás representa su compromiso para que ni sus palabras ni sus acciones «añadan jamás el más mínimo padecimiento al ya habido».

«Queremos resaltar que desde el inicio participamos en el cambio de estrategia de la izquierda abertzale producido hace ya más de una década, y que asumimos su apuesta inequívoca por vías exclusivamente políticas y democráticas», siguen explicando. Afirman que «en los últimos días se han impuesto los intereses partidistas y electoralistas que poco o nada tienen que ver con la construcción de la convivencia y la paz» que buscan atacar a EH Bildu, que durante esta legislatura -dicen- «se ha convertido en una fuerza transformadora».

En referencia a quienes a lo largo de estos días han defendido que la cercanía de la formación vasca con la banda terrorista ETA quedaba probada por este movimiento -pudiendo incurrir a la ilegalización según la Ley de Partidos de 2022-, los ahora excandidatos defienden que el proyecto es completamente diferente y no puede enlazarse a ese pasado armado.

Bildu y ETA salpican a Sánchez

La decisión de incluir a siete condenados por delitos de sangre en las listas para las municipales y autonómicas del 28 de mayo en País Vasco y Navarra han complicado la semana previa a la campaña electoral para el Gobierno, en especial para el presidente, Pedro Sánchez. Tal ha sido la crisis que -dos días después de estallar la polémica- el mandatario tuvo que dedicar su rueda de prensa al frente de la Casa Blanca para lamentar que el partido vasco hubiera incluido a estas personas entre sus candidatos.

Los ministros del Ejecutivo han tenido que hacer frente a las preguntas sobre esta cuestión con aparente incomodidad. Al menos así lo demuestra la decisión de la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, que en la tarde del lunes evitó comparecer ante los medios para no tener que profundizar en la postura del Ejecutivo sobre la materia y compartió un video grabado en el que de forma somera reprochaba esta situación.

Más claras han sido Nadia Calviño y Margarita Robles, quienes en diferentes comparecencias han mostrado su malestar por esta situación y han afirmado que se trata de una ofensa a las víctimas.

Ilegalizar a Bildu

En un escrito dirigido al Ministerio Público al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Dignidad y Justicia, a través de su presidente, Daniel Portero, ha pedido estudiar no solo la ileglización de la formación política vasca, sino que se adopten medidas cautelares —entre la que se incluiría la paralización de estas listas— contra los candidatos al considerar que también podrían estar vulnerando la Ley Orgánica de 1985 del Régimen Electoral General. 

Esta norma recoge que «serán inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal». 

El escrito dirigido a la Fiscalía añadía la petición de la ilegalización del partido político al considerar que la inclusión de 44 personas condenadas por terrorismo en sus listas electorales podría conducir a un incumplimiento de la Ley de Partidos, aprobada en 2002. 

Tal y como ya adelantó THE OBJECTIVE, dicha ley, que regula las condiciones y normas que deben seguir las formaciones políticas que deseen constituirse para formar parte de la vida pública, podría ser esgrimida para la proscripción de la formación nacionalista vasca.

En el artículo 9, punto 3, apartado C de puede leerse lo siguiente: «Se entenderá que en un partido político concurren las circunstancias del apartado anterior [ilegalización de partidos] cuando incluyan regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas».