La Junta Electoral permitió en 2019 votar por correo sin DNI en Melilla y ahora lo prohíbe
El órgano electoral se negó a exigir la identificación en la última frase del proceso porque se trataba de «un requisito que no está previsto en la Loreg»
Oficina de Correos en Melilla. | Paqui Sánchez (EFE)
Donde dije digo, digo Diego. La Junta Electoral Central ha decidido que los melillenses que deseen votar por correo tengan que identificarse en cualquier punto de España a la hora de depositar la papeleta. Esto es, en la última fase del proceso, ya que en los pasos previos hay que demostrar que quien recoge la documentación es la persona titular. El acuerdo contrasta con la decisión que tomó hace cuatro años, cuando argumentó que no podía exigir «un requisito que no está previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg)».
PSOE y Coalición por Melilla solicitaron a la Junta Electoral durante las elecciones municipales de 2019 que dictara instrucciones a la oficina de Correos de la ciudad autónoma. Le pedían que exigiera un documento identificativo en el momento de entrega del voto para evitar posibles fraudes por correo, una decisión similar a la que activó el miércoles el órgano electoral de la zona para evitar una compra masiva tras advertir que un 20% de los censados han solicitado esa modalidad.
Hace cuatro años, la Junta Electoral Central se negó a aceptar que el votante se tuviera que identificar a la hora de depositar el voto por correo porque el artículo 73.3 de la Loreg «no exige que el elector acuda personalmente a la oficina de correos a certificar el sobre de votación, sino que puede hacerlo cualquier persona en su nombre sin que quepa exigir la identificación del elector». El órgano subrayó que ya existían precedentes y especificó varios acuerdos al respecto de 1991 y 1995.
Compra de votos en Melilla
«Este criterio ha sido además avalado por la jurisprudencia al señalar que el legislador ha cuidado, en la modalidad del voto por correo, que la solicitud del mismo y la recepción de la documentación electoral sean realizados por el elector de forma personal o por quien acredite apoderamiento especial y bajo fe pública», insistía el acuerdo adoptado el 16 de mayo de 2019.
Una vez que el elector recibe la documentación la normativa solo requiere que se remita por correo certificado a la Mesa Electoral. No establece que esa remisión sea un acto personalísimo, lo que algunos juristas consultados por THE OBJECTIVE interpretan como «un fallo del sistema». El mismo que permite a las redes clientelares comprar votos para beneficiar a distintas formaciones a cambio de dinero y promesas de trabajos públicos y viviendas de protección oficial (VPO) que difícilmente se cumplen.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura emitió una sentencia en 2003 en la que avalaba que el voto por correo podía encomendarse a una tercera persona, por lo que no haría falta ir en persona a depositar la papeleta en la oficina postal.
El principal argumento de la Junta Electoral Central para negarse giraba en torno a la Loreg, donde el requisito no estaba previsto. «Se lleva aplicando así desde su aprobación en 1985 sin que el legislador haya entendido que era necesaria su modificación, como ha sucedido en cambio con otros aspectos del voto por correo». Una decisión muy diferente a la que adoptó este jueves, aunque esta vez para avalar el acuerdo del día anterior de la Junta de Zona.
Se triplica el voto por correo
Las fuentes consultadas por este diario sostienen que era necesario tomar acciones por la gravedad del caso. Aunque las sospechas de compra de voto por correo han estado presentes en Melilla en los últimos años, esta vez el aumento de las solicitudes ha disparado las alarmas. En los anteriores comicios, en 2019, pidieron acogerse a este sistema 4.000 ciudadanos, cifra que ahora se ha triplicado y que ya investiga la Policía Nacional a petición de un juzgado de la ciudad.
PP, Vox y Podemos solicitaron a la Junta Electoral de Zona que exigiera la identificación de los electores para evitar «un fraude masivo» el 28-M en Melilla. Esta tomó en consideración las peticiones y acordó que, a partir de este jueves, último día para solicitar las papeletas, los votantes por correo censados en la ciudad autónoma tuvieran que identificarse antes de entregar el voto.
La medida contó con la oposición del vocal de la Junta Electoral de Zona propuesto por Coalición por Melilla, el partido que lidera Mustafa Aberchán, inhabilitado tras ser condenado por las irregularidades en el voto por correo en las generales de 2008. Uno de los argumentos que usó Antonio S. Zapata Navarro en su voto particular fue que la medida no estaba prevista en la Loreg y que se invadían competencias del legislador.
Una portavoz de la formación localista, al que se dirigen gran parte de las miradas, afirma que el abogado «tan solo ofreció alegaciones jurídicas». En una rueda de prensa, Aberchán ha solicitado este jueves que «lo más saludable es que se detenga el proceso electoral», un escenario que solicitarán ante un juzgado contencioso-administrativo de la ciudad. «Si no se consigue la paralización, pediremos que se inicie de nuevo el proceso del voto por correo porque los 704 validados están bajo sospecha».
«Si se mantienen las condiciones actuales, será causa de peso para impugnar el resultado de las elecciones», ha insistido Aberchán, que ha avanzado que solicitarán observadores internacionales para la cita electoral del 28 de mayo. El dirigente de Coalición por Melilla, que no puede presentarse a estas elecciones por estar inhabilitado tras comprar votos en 2008, ha cargado contra el PSOE y, especialmente, contra el PP y su presidente, Juan José Imbroda, de quien ha dicho que tiene «antecedentes».
