'Caso Sálvame': la Policía toleró durante meses la filtración de datos confidenciales de famosos
De abril a octubre de 2018, Asuntos Internos presenció cómo un agente filtraba fichas policiales de una decena de famosos a colaboradores del programa
Imagen de 'Sálvame'.
Consta en el sumario de la Operación Deluxe, el caso judicial cuyo estallido provocó el principio del fin de Sálvame. Y es uno de los argumentos al que se aferran los periodistas imputados para evitar el banquillo de los acusados. La Policía Nacional observó, toleró y consintió durante casi seis meses la filtración a redactores y colaboradores del programa de Telecinco de datos confidenciales, atestados y fichas policiales de famosos como Omar Montes, entre otros, por parte del agente imputado en el caso por presunta revelación de secretos y cohecho junto a la productora de Sálvame y varios de sus trabajadores y directivos.
Corría el mes de abril del año 2018. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional había concluido un primer informe del caso en el que se apuntaban sólidos indicios de que el agente A.J.F.H. estaría accediendo a bases de datos policiales para extraer información sobre famosos como Aída Nízar, Inés Sastre y el hijo de Ortega Cano, así como de personas de las familias Borbón, Janeiro y Matamoros, entre otros. En muchos casos, se habían emitido informaciones sobre ellos en programas del corazón. Especialmente en la cadena de Mediaset.
Según consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en aquel primer informe policial de abril ya se había identificado al agente responsable de las filtraciones. Se había pinchado su teléfono móvil y se pidió al juez y a la Fiscalía ampliar la investigación para determinar, por un lado, a qué periodistas concretos estaría facilitando la información que extraía de forma presuntamente ilegal de las bases de datos de la Policía Nacional. Por otro lado, se buscaba indagar si el agente recibía pagos o dádivas a cambio.
El policía de Sálvame
En ese momento se inició un segundo informe por parte de la Unidad de Asuntos Internos. Las pesquisas durarían hasta octubre de 2018. Seis meses en los que se practicaron escuchas, se intervinieron conversaciones, se hicieron seguimientos y se aportaron fotografías que acreditaban encuentros entre el mencionado agente y diversos colaboradores del programa producido por La Fábrica de la Tele.
En ese periodo, según consta en el referido informe, se llegaron a constatar casi una decena de casos en los que el periodista Gustavo González y otros colaboradores del programa -como Terelu Campos, Mila Ximénez o Belén Esteban– también se pusieron en contacto con el agente que presuntamente filtraba la información.
Los investigadores empezaron a acreditar sus sospechas con pruebas e indicios sólidos desde el mes de mayo. Llegarían a enumerar casi una decena de casos hasta octubre, sin que la Fiscalía o el juez ordenasen hasta entonces ninguna medida para frenar la presunta revelación de secretos. Ni siquiera limitar el acceso del agente investigado a las bases de datos que consultaba para filtrar información a los periodistas.
La información que el agente les proporcionaba sobre el historial policial de famosos que estaban de actualidad luego era difundida después en programas de La Fábrica de la Tele y también en revistas especializadas en la información del corazón. En junio de 2018 ya se habían documentado tres casos en los que se estaba produciendo la revelación de secretos investigada. El primero de ellos, quedó acreditado el 25 mayo de ese año y afectaba a Luis Miguel Rodríguez (conocido como Luismi), «amigo/novio del maestro Joao, concursante del reality televisivo Supervivientes», según consta en el mencionado informe policial.
Sobre las 18.25 horas de aquel día en el programa Sálvame, según indica el informe policial, Gustavo González dio a conocer que «esta persona llamada Luismi había sido detenida hace un par de años y que pasó la noche en comisaría». Tras revisar en las bases de datos policiales, vieron que horas antes el agente A.J.F.H. había realizado varias búsquedas sobre los antecedentes policiales de Luis Miguel Rodríguez.
De Ángel Garó a la reina Letizia
El modus operandi se repetiría unas semanas después. El 18 de junio, el mismo periodista pidió información al agente sobre el exnovio de Ángel Garó, Darío José Abelaira. Horas después, «a las 19.40 horas», la también colaboradora de Sálvame María Patiño «anuncia la detención de la expareja del famoso Ángel Garó por atentado a la autoridad en Torremolinos». Al día siguiente, 19 de junio, «se observa como el funcionario consulta por la mañana» datos policiales de la misma personas «y se reúne por la tarde con Gustavo», añade el informe.
Un agente de incógnito presenció la reunión en un establecimiento hostelero de Madrid. Se precisa que en aquel encuentro, en el además estuvo presente otro redactor de la productora de Sálvame, el periodista le llega a decir al supuesto filtrador de la información «que le han pedido que hable de Leticia, llegando a la conclusión de que se trata de Letizia Ortiz». La Policía acreditaría una tercera reunión el 26 de junio en la que se les habría proporcionado a los periodistas de Sálvame información confidencial de carácter policial que también llegaría a ser publicada como noticia durante el programa. En este tercer caso, referente al concursante de Supervivientes Joao Joaquín Castejón, alias maestro Joao.
A pesar de que a finales de junio ya había indicios y pruebas de que el agente estaba filtrando información que luego era utilizada por colaboradores de Sálvame en sus programas, la Policía, el juez y la Fiscalía mantuvieron la investigación y asistieron hasta en casi una decena de ocasiones cómo los investigados seguían cometiendo el mismo presunto delito de revelación contra distintos famosos perjudicados, sin impedirlo. Los periodistas pagaban las comidas o bebidas durante las reuniones en las que se producía el intercambio de información, pero en ningún caso se llegó a acreditar otro tipo de pagos o dádivas.
Una decena de casos
No sería hasta el 3 de octubre de 2018, según el sumario del caso, cuando el juez dio orden de proceder a la entrada y registro de los domicilios del agente A.J.F.H. y del periodista González. La primera vez que se había acreditado la relación entre ambos había sido en el mes de mayo. A pesar de las pruebas obtenidas ya en junio -y otras que se recopilaron posteriormente-, se mantuvo la investigación policial durante varios meses más. Se hizo con el aval de la Fiscalía, que en ningún momento se pronunció en contra de las pesquisas policiales que se estaban desarrollando y apoyó prorrogar el secreto de las actuaciones en agosto.
Hasta octubre no se presentó ante el juez el informe completo en el que constan los casos concretos en los que la Policía atestiguó -mediante escuchas telefónicas, seguimientos y fotografías- cómo los periodistas solicitaban información al agente investigado. Este posteriormente buscaba en las bases de datos, se reunía con ellos, les hacía llegar documentación por apps mensajería instantánea y después la información sobre esas personas era ventilada en los programas de Sálvame.
Entre los famosos de los que se revelaron datos confidenciales y fichas policiales en directo en Telecinco durante esos seis meses -siempre según los indicios aportados en los informes policiales- estarían Luis Miguel Rodríguez, Darío José Abelaira, el maestro Joao, Omar Montes, Juan José Sánchez, Makoke, Marc Amigo (exesposo de María Lapiedra), Ramiro Lapiedra y la presunta estafadora de famosos Mónica Gil, entre otros.
Piden el sobreseimiento
El proceder de los investigadores es precisamente uno de los argumentos a los que se aferran los ocho periodistas y productores de La Fábrica de la Tele imputados, entre ellos el exdirector de Sálvame, Isaac Pulido, para pedir el sobreseimiento del caso y evitar ser enviados a juicio. En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, el abogado de todos ellos tacha de «incomprensible», además de «pintoresco y con un claro sesgo», el proceder de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional durante las pesquisas.
«Se citó como investigados a mis defendidos por unos hechos que en el fondo han sido consentidos y tolerados, tanto por los agentes policiales que han llevado a cabo la investigación, como por ese Tribunal y el Ministerio Fiscal que ha monitorizado y seguido toda la investigación», indica el escrito de conclusiones de la defensa remitido al juez instructor.
En el escrito, el despacho que representa a los procesados subraya que la actuación delictiva imputada a sus defendidos «habría sido tolerada por los propios responsables de la investigación, quienes pudiendo neutralizarla, tal y como a continuación se explica, nada habrían hecho, permitiendo su consumación». Añade que, a la vista de los propios informes policiales remitidos en abril y octubre de 2018, durante varios meses la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción habrían «venido observando impasibles» cómo el agente A.J.F.H «accedía a los expedientes policiales» u otros documentos registrados en bases de datos del Cuerpo Nacional de Policía -sin hacer nada para impedirlo- «de personas a las que luego les ha otorgado el carácter de perjudicados».
«En lugar de ser apartado de la actividad que desarrollaba o restringir su acceso a los registros policiales, se le ha permitido que continúe realizando consultas que luego los propios agentes policiales han considerado que podían constituir un delito de descubrimiento de secretos», destaca la defensa de los periodistas en el escrito de conclusiones remitido al juez instructor.
