El pionero contra los delitos de odio en España, favorito para la nueva fiscalía especializada
Miguel Ángel Aguilar creó el servicio en Barcelona en 2009 y participó en la redacción de la ley integral por la igualdad de trato y contra la discriminación
Miguel Ángel Aguilar durante una conferencia en 2018. | Fiscalía General del Estado
La carrera por la plaza de fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación tiene un claro favorito, Miguel Ángel Aguilar. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que se trata del mayor experto en esta materia en España y uno de los pioneros en Europa. Eso no significa que cuente con el apoyo del Consejo Fiscal, órgano meramente consultivo. La última palabra le corresponde al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha adelantado al 8 de junio la reunión clave.
Al cargo, de nueva creación, se han postulado cuatro fiscales: Juan Calparsoro Damián, Antonio Mateos Rodríguez-Arias, María del Pilar Rodríguez y el citado Aguilar, que ingresó en la carrera fiscal en 1992. Fue él quien encendió la luz cuando todo era oscuridad en este terreno indómito. De hecho, en 2009 participó en la creación del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía provincial de Barcelona, que coordina desde entonces.
El proyecto funcionó tan bien que la Fiscalía General del Estado puso en marcha una red de fiscales especializados en delitos contra el odio cuatro años más tarde. Para ello designó a un fiscal en cada provincia. Su función es ofrecer protección a quienes sufren el odio irracional y la discriminación por prejuicios basados en la raza, las creencias, la orientación e identidad sexual o la exclusión social, especialmente en este momento en el que las redes sociales potencian esos discursos.
Proyecto de la Fiscalía
Aguilar no solo tuvo un papel pionero en la creación de esta fiscalía especializada, sino que también ha sido reconocido con numerosos galardones por su labor, entre ellos el Premio Fundación Secretariado Gitano 2015. O el reconocimiento como ejemplo de buena práctica por la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, que lo considera un ejemplo que «debería ser reproducido en otros Estados miembros».
En 2019, la Fiscalía General del Estado publicó una circular para interpretar los delitos de odio tipificados en el artículo 510 del Código Penal. El Gobierno decidió hace entonces crear una fiscalía especial para los delitos de odio que aglutinara a las delegaciones provinciales y publicó la oferta de plazas el pasado 11 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
«Sin duda se trata de el mayor experto en este tema. Es competente, dialogante y genera consenso. El pescado está vendido, como la designación de fiscal de Sala de Memoria Histórica, que será para Dolores Delgado», explican fuentes fiscales. Reconocen que el perfil de Aguilar es el más completo, pero consideran que en la elección también pesará su vínculo con la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que también pertenecen Delgado y García Ortiz.
Otras fuentes consultadas insisten en considerar a Aguilar «el más idóneo» para hacerse con el puesto porque «siempre ha trabajado en esto y es el que más lo controla». No obstante, descartan que su afiliación a la UPF vaya a ser determinante en la propuesta que debe realizar el fiscal general del Estado al Gobierno tras el Consejo Fiscal del 8 de junio. La reunión estaba prevista para el día 19, pero el adelanto electoral motivó el cambio de fecha para no entorpecer los trámites administrativos.
Pacto de Estado
La Fiscalía General del Estado también designó a Aguilar para elaborar la Guía práctica para fiscales en la persecución de delitos de odio y no ha parado de intervenir en conferencias y programas de formación. Incluso participó en la redacción de la ley integral por la igualdad real y contra la discriminación, que entró en vigor en julio del año pasado.
En una entrevista concedida a la Agencia EFE en septiembre de 2021, Aguilar pidió a los partidos políticos un pacto de Estado que excluya del debate partidista la lucha contra la lgtbifobia y el racismo. Lo hizo tras advertir que las redes sociales y «ciertos planteamientos políticos» amplían y «blanquean» el discurso de la intolerancia. No obstante, reconoció que era muy difícil saber si el aumento de estos delitos respondía a un incremento de las agresiones o si existe «una cifra sumergida que va aflorando poco a poco».
«La única que puede dejarle sin el cargo es Pilar Rodríguez, que también es miembro de la UPF, aunque lo veo complicado», indican a este diario algunas fuentes. La actual fiscal jefe provincial de Madrid ingresó en la carrera fiscal en 1993 y ha pasado por la Sala contra la Criminalidad Informática y la Audiencia Provincial para delitos contra la Violencia de la Mujer.
Su carrera ha estado muy relacionada con los gobiernos socialistas. Entre 2004 y 2009 se desempeñó como asesora del ministro Juan Fernando López Aguilar y su sustituto, Mariano Fernández Bermejo, la nombró directora general de Modernización de la Administración de Justicia.
