Las huelgas dejan los juzgados al borde del colapso: «Estamos como en pandemia»
Los funcionarios de Justicia se reúnen este martes con el Gobierno, pero no han recibido una propuesta para terminar con los paros que mantienen desde abril
La justicia lanza un mensaje de socorro. La sucesión de huelgas ha retrasado casi un millón de juicios y vistas en lo que llevamos de año. Además ha demorado trámites y escritos. Los juzgados están al borde del colapso y sus trabajadores comparan la situación con la vivida durante la pandemia, cuando era imposible celebrar juicios y se canceló la atención ciudadana. Los sindicatos sostienen que se trata de un problema endémico, aunque reconocen que los últimos acontecimientos lo agrava. Proponen aumentar las plantillas, especialmente la de jueces, muy por debajo de la media europea.
No existen datos oficiales. Ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni el Ministerio de Justicia recopilan cifras de las incidencias. La única constatación de la situación que atraviesa la justicia la aportan los sindicatos. El 27 de marzo los letrados de la Administración de Justicia pusieron fin a dos meses de paros con un balance demoledor: 400.000 juicios y vistas suspendidas, 480.000 demandas pendientes y 1.500 millones de euros retenidos en exceso en las cuentas de consignaciones.
Lo que ha pasado después ha sido más de lo mismo. «Llueve sobre mojado», recalca un juez que ejerce fuera de la península. Los funcionarios de Justicia iniciaron una huelga parcial en abril que convirtieron en indefinida durante la campaña electoral del 28-M. En menos de dos meses estiman que se han suspendido otros 500.000 juicios y vistas y que se han quedado en el tintero una cifra similar de trámites administrativos.
Retrasos en los juzgados
Los sindicatos se reúnen este martes con el Gobierno tras amenazar a la ministra con denunciarla ante la Fiscalía por no reunir al comité de huelga. No obstante, no han recibido ninguna oferta, lo que contrasta con lo sucedido con los jueces. El acuerdo sigue lejos, por lo que los paros amenazan con continuar. Y con ellos, la suma de problemas. El Consejo General de la Abogacía advierte de «las nefastas consecuencias» para el funcionamiento de los juzgados si no se llega a un acuerdo.
«Sería catastrófico para nosotros. Demasiados retrasos», reconoce un funcionario de Justicia que trabaja en un juzgado de primera instancia en una ciudad media del norte de España. «Hay mucha acumulación de escritos y trámites, incoacciones de demandas y mandamientos de pago. Estamos en un escenario similar al de la pandemia. La única diferencia es que entonces no teníamos atención al público», se queja otra trabajadora del sur.
Luis Calero, de CCOO, subraya que se trata de un problema endémico, aunque ciertos elementos agravan la situación. «Cada año entran en los juzgados más asuntos de los que se resuelven. Mientras continúe así iremos arrastrando. Y claro, cualquier situación sobrevenida dificulta más las cosas». En su opinión, la solución pasa por aumentar las plantillas, especialmente la de jueces. España cuenta con 11 magistrados por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea alcanza los 18.
«La carencia de medios humanos no se puede suplir con ideas de nuevos modelos de organización. Si falta personal, siempre habrá un embudo en algún punto de la cadena», insiste Calero. Los funcionarios de la Justicia reclaman un aumento salarial de entre 350 y 430 euros al mes, pero también que se paralice la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que plantea el Ejecutivo porque «impone nuevas condiciones laborales sin negociación previa a los 45.000 trabajadores».
Plazas insuficientes
El aumento de la plantilla de jueces está en camino. El Ministerio de Justicia se ha comprometido a incrementar de 200 a 300 las plazas en la oferta de empleo público prevista para este año y para el próximo. Aún así, las organizaciones sindicales lo consideran «insuficiente». Jorge Fernández Vaquero, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), advierte de que el problema es estructural, pero que las huelgas lo intensifica. «En cuanto a paralización estamos a nivel de pandemia, aunque también depende de los territorios».
Fernando Portillo, de Foro Judicial Independiente, recalca que ningún gobierno ha realizado la inversión que necesita la Justicia, sino que se han limitado a hacer cambios organizativos. «Se han puesto parches para afrontar un verdadero problema. Las huelgas lo han evidenciado más si cabe». Coincide en que la solución para evitar el colapso pasa por aumentar el número de jueces.
Una fórmula que aplaude María Jesús del Barco, presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). «No ha habido voluntad de afrontar la realidad. La situación ya era mala, pero si le añades una pandemia y las huelgas, supone un aumento considerable en los retrasos. No creo que estemos al nivel de la pandemia, porque entonces fue imposible tramitar y celebrar juicios. Ahora hay funcionarios trabajando, lo que no quiere decir que estemos bien».
El departamento que dirige Pilar Llop ya baraja fórmulas para acabar con la situación. Entre ellas, contratar personal de refuerzo, prolongar las jornadas laborales, trabajar por las tardes en los juzgados y hasta celebrar juicios en horario vespertino. En cualquier caso, para superar el atasco el Gobierno debería destinar fondos extraordinarios, por lo que tendrá que rascarse el bolsillo. Justo lo que le piden los funcionarios de Justicia. O antes los letrados, los jueces y los fiscales.
El Colegio de Procuradores de Valencia también ha denunciado este lunes «el monumental atasco» de la justicia tras cuatro meses de huelgas continuadas y ha instado a los funcionarios de Justicia y a la Administración a llegar a un acuerdo que acabe con la parálisis de muchos juzgados. Una opinión que comparten numerosos colegios de abogados, como el de Salamanca, que señala en un texto dirigido a Llop que «no puede mantenerse este estado de paralización de un servicio público».
