García Ortiz ignora a los fiscales y hace efectivo el 'dedazo' a Delgado en Memoria Democrática

Su nombre estaba en todas las quinielas. Dolores Delgado logra la plaza de fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos pese al rechazo del Consejo Fiscal, órgano meramente consultivo. Su sucesor en la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, propondrá al Gobierno el nombre de la exministra de Justicia, que será nombrada en el próximo Consejo de Ministros. De nada han servido las quejas de los fiscales, que pidieron retrasar la reunión y amagaron con ausentarse para impedirlo.

García Ortiz ha propuesto este jueves a Delgado para la recién creada plaza de Memoria Democrática. Los seis vocales de la Asociación de Fiscales y el único representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se han negado a deliberar y votar el nombramiento en señal de protesta. Al puesto aspiraban cuatro candidatos: la exministra, Juan Calparsoro, Luis Ibáñez y Carlos Castresana.

Los fiscales de estas organizaciones han solicitado la suspensión del expediente de compatibilidad de Delgado, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE. El fiscal general ha afirmado que esa alegación «es prospectiva» y que deberá resolverse a través de las fórmulas establecidas en el Estatuto, pero no obstaculizando la adquisición de la plaza. Ha recalcado que no existe incompatibilidad y que las alegaciones «solo pretenden evitar la designación».

Delgado y Garzón

Las dos organizaciones críticas habían solicitado retrasar la reunión al 19 de junio, como estaba previsto inicialmente. El fiscal general adelantó su celebración para designar a los titulares de las nuevas plazas antes de las elecciones del 23-J. La maniobra soliviantó a buena parte de la carrera fiscal, que acusó a García Ortiz de parcialidad. Este argumentó que varias predecesoras, entre ellas Consuelo Madrigal, habían actuado de la misma forma, lo que desató una auténtica guerra.

La ex fiscal general del Estado envió un escrito García Ortiz para afearle que le citara como precedente para realizar nombramientos discrecionales semanas antes de unas elecciones generales. El fiscal general dobló la apuesta y añadió en la ecuación a otra predecesora, María José Segarra. La mayoritaria Asociación de Fiscales le acusó de «facilitar una información intencionadamente manipulada» y pidió su dimisión.

Salvador Viada, de APIF, también se ha negado a deliberar sobre el nombramiento de la exministra. Hace días envió una carta para solicitar que García Ortiz se abstuviese de designar a Delgado, a la que debe su ascenso. El único representante de esta asociación también propuso demorar la reunión hasta el 19 de junio e introducir un punto en el orden del día para debatir la posible incompatibilidad de Delgado con el puesto por un conflicto de intereses.

Este conflicto de intereses estaría motivado por la relación sentimental que mantiene Delgado con el exjuez Baltazar Garzón, que preside una fundación dedicada a combatir la impunidad de las violaciones a los Derechos Humanos y es administrador único del despacho de abogados Ilocad.

Llueve sobre mojado

El fiscal general desdeñó ese posibilidad. Los vocales barajaron entonces la posibilidad de ausentarse del Consejo Fiscal, extremo que finalmente descartaron por responsabilidad. Consideran que las prisas para designar a la exministra están relacionadas con la posibilidad de que el Tribunal Supremo tumbe su nombramiento como fiscal de Sala de lo Militar.

La decisión de García Ortiz supone que llueva sobre mojado. En septiembre se estrenó en el cargo ascendiendo a Delgado como jefa de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. En aquella ocasión tampoco contó con el respaldo del Consejo Fiscal, que prefería que ese puesto lo ocupara Luis Rueda, teniente fiscal del Tribunal de Cuentas. Su designación enervó a buena parte de la carrera fiscal.