Los fiscales barajan dar plantón a García Ortiz para bloquear el nombramiento de Delgado
Varios miembros del Consejo Fiscal estudian ausentarse de la reunión de este jueves para impedir que se alcance el quórum necesario para celebrarlo
Delgado en la toma de posesión de García Ortiz como fiscal general. | CGPJ
La amenaza de un plantón sobrevuela el Consejo Fiscal. Varios de sus miembros barajan ausentarse de la reunión de este jueves para impedir que se alcance el quórum y bloquear así el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática. Su presumible designación ha desatado una guerra sin precedentes. Buena parte de la carrera judicial acusa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de politizarla por adelantar el cónclave tras conocer la convocatoria electoral. La asociación mayoritaria ha pedido su dimisión.
El Pleno del Consejo Fiscal está constituido por 12 miembros, nueve elegidos y tres natos: el fiscal general del Estado (que actúa como presidente), el teniente fiscal del Tribunal Supremo y el fiscal inspector. Los nueve fiscales electos forman parte de diferentes organizaciones. Seis están adscritos a la mayoritaria Asociación de Fiscales; dos a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecen Delgado y García Ortiz; y uno a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
El artículo 2 del Real Decreto sobre Constitución y Reglamento del Consejo Fiscal establece que el Pleno queda válidamente constituido cuando estén presentes al menos ocho miembros, de los que seis deben ser vocales electos. Si se ausentan tres de los nueve fiscales elegidos, no puede comenzar la reunión, lo que evitaría los nombramientos previstos, entre ellos el de fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, creado tras la entrada en vigor de la ley en octubre.
La designación de Delgado
La presencia de los miembros de la UPF está garantizada. Sin embargo, los representantes de las otras dos asociaciones sopesan la posibilidad de no acudir a la reunión, convocada a las 9.30 horas. «Nosotros siempre actuamos de forma seria y rigurosa y desde el punto de vista legal», afirman fuentes fiscales a THE OBJECTIVE. Reconocen que la incomparecencia está «sobre la mesa», pero que no se decidirá hasta el último momento porque «es una decisión personal».
Hay miembros del Consejo Fiscal que no son partidarios de «cometer un acto de sabotaje», pero no dudarían en sumarse al desplante si varios compañeros toman la iniciativa. Una de las fórmulas que se contemplan para evitar el nombramiento de Delgado es hacer un plantón parcial: bastaría con que se ausentaran de la reunión la mitad de los vocales de la Asociación de Fiscales para no alcanzar el quórum suficiente.
El reglamento dispone que los acuerdos del Consejo Fiscal se adoptan por mayoría simple de los votos emitidos, siempre y cuando exista quórum. En caso de empate, el voto del presidente es decisivo. No obstante, desde 2007 se trata de un órgano meramente consultivo, por lo que García Ortiz no está obligado a proponer al Gobierno el nombre del aspirante más votado.
Ya ocurrió en septiembre y con Delgado como protagonista. El fiscal general decidió ascenderla a fiscal de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, máximo escalafón de la carrera, pese a no contar con el respaldo del Consejo, lo que generó un gran descontento en el Ministerio Público. Solo dos meses antes dimitió como fiscal general alegando razones de salud.
«Una chapuza»
La carrera fiscal considera que el cargo de fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos ha sido creado ad hoc para Delgado, una de las cuatro aspirantes al puesto. «Es una chapuza», reconocen varios miembros del Consejo Fiscal. Están convencidos de que su candidatura no será la más votada, aunque acabará llevándose el gato al agua.
La guerra se desató después de que García Ortiz decidiera adelantar a este jueves el Consejo Fiscal previsto para el 19 de junio. De esa forma, los nuevos cargos quedarían nombrados antes de las elecciones generales del 23-J y no existirían complicaciones en la designación de Delgado. La decisión soliviantó a la carrera fiscal, que ha solicitado posponer la reunión y dejar las designaciones hasta después de los comicios.
El fiscal general no solo desdeñó ese escenario, también argumentó que Consuelo Madrigal ya habían realizado esa operación. La ex fiscal general del Estado envió un escrito al actual jefe del Ministerio Público en el que le afea que la cite como precedente para realizar nombramientos discrecionales semanas antes de unas elecciones generales. García Ortiz subió su apuesta y añadió en la ecuación a otra predecesora, María José Segarra.
La mayoritaria Asociación de Fiscales rebate al fiscal general, a quien ha solicitado la dimisión. Le acusa de «facilitar una información intencionadamente manipulada» y desacreditar a su predecesora. La organización que preside Cristina Dexeus considera que «ningún fiscal general había anticipado, con burda maniobra, un Consejo Fiscal ya convocado solo para hacer unos nombramientos».
Salvador Viada, de APIF y miembro del Consejo Fiscal, propuso demorar la reunión hasta el 19 de junio, como estaba previsto. Invitaba a introducir un debate sobre la posible incompatibilidad de Delgado con el puesto que aspira por un conflicto de intereses. Este estaría motivado por su relación sentimental con el exjuez Baltazar Garzón, que preside una fundación dedicada a combatir la impunidad de las violaciones a los Derechos Humanos y es administrador único del despacho de abogados Ilocad.
