Varios fiscales se dan de baja de la asociación progresista tras la elección de Delgado
La fiscal superior de Madrid señala como detonante «el lamentable espectáculo que nos ha brindado el Consejo Fiscal celebrado ayer»
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, junto a Dolores Delgado. | Europa Press
Fiscales progresistas de perfil relevante se han dado de baja de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) tras la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de proponer a su predecesora inmediata, Dolores Delgado, como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos en contra de la mayoría del Consejo Fiscal.
Según adelanta El Confidencial y confirman fuentes fiscales a Europa Press, se han dado de baja la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; Lorena Álvarez, también en la Fiscalía madrileña; el fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña; el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana; y quien fuera fiscal jefe de la Audiencia Nacional –hoy fiscal en el Tribunal Supremo-Javier Zaragoza.
En una carta enviada este mismo viernes a la presidenta de UPF, Inés Herreros, la fiscal superior de Madrid señala como detonante «el lamentable espectáculo que nos ha brindado el Consejo Fiscal celebrado ayer». Ha sido «la gota que colma el vaso», ratifican otros, consultados por esta agencia de noticias.
En el Pleno del Consejo Fiscal que tuvo lugar el jueves, siete de los once vocales optaron por abstenerse al considerar que la ex fiscal general podía incurrir en causa de incompatibilidad porque su pareja, el ex juez Baltasar Garzón, dirige una fundación dedicada a los Derechos Humanos.
Pese a ello, García Ortiz propuso designar a Delgado para esta plaza, cuyas funciones venía ejerciendo de forma interina por orden también del fiscal general. Cabe recordar que el jefe del Ministerio Público no está atado a la voluntad del Consejo Fiscal porque en materia de nombramientos discrecionales actúa como órgano consultivo.
Además, el Pleno venía precedido de una fuerte polémica por la decisión de García Ortiz de adelantarlo del 19 al 8 de junio para garantizar que los nombramientos propuestos se materializan pese al adelanto electoral al 23 de julio. La Asociación de Fiscales (AF) –la mayoritaria en la carrera fiscal– y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), las dos asociaciones cuyos vocales se abstuvieron, le habían pedido suspenderlo.
Precisamente, en su misiva Lastra reprocha a UPF el «clamoroso silencio cómplice del Secretariado» en los días previos al cónclave, ante una situación que, a su juicio, «no tiene encaje posible en esos principios democráticos que creía comunes.
«Ha rebasado las líneas rojas»
La fiscal afirma que se «ha rebasado todas las líneas rojas». «¿De verdad era necesario llegar a esta situación? Yo creo que no», dice, aclarando que UPF ya no la representa.
Lastra cuenta que cuando hace 30 años se afilió a la UPF lo hizo «con el convencimiento de que solo desde el movimiento asociativo era posible avanzar en un modelo de Ministerio Fiscal distinto» y «desde el compromiso con una forma de trabajar por y para los ciudadanos basado en el respeto a todos los que formamos parte de esta institución».
«Asumí con orgullo ser etiquetada como ‘progresista’, sintiéndome parte de un proyecto común a largo plazo, en el que no dudé en implicarme desempeñando en ella cargos representativos durante muchos años», apunta.
Sin embargo, confiesa que «hace ya tiempo», se ha ido sintiendo «más ajena» a «la deriva que ha ido tomado esta asociación, cada vez más centrada en la ‘lucha funcionarial’ que siempre caracterizó a las otras asociaciones fiscales y en la búsqueda del ‘progreso personal’ de algunos, despreocupada por el diseño de una verdadera carrera profesional con una importante misión constitucional que cumplir».
Lastra asegura que, a pesar de sus «cada vez más numerosas discrepancias con la forma de actuar de las últimas ejecutivas», se resistía a darse por vencida aún siendo consciente de que «poco a poco la asociación y, con su inestimable colaboración la institución, iban cayendo en picado en el descrédito».
Una decisión del FGE
Fuentes de la UPF consultadas por Europa Press lamentan que se confunda la decisión del fiscal general del Estado –antiguo miembro de UPF– con los votos de los dos vocales de la asociación progresista en el Consejo Fiscal. En este sentido, recuerdan que no todos los vocales de la UPF apoyaron a Delgado en el citado Pleno.
Delgado obtuvo tres votos: uno de un vocal de la Unión Progresista de Fiscales y dos de las vocales natas, que son la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, y la inspectora jefe, María Antonia Sanz. El otro voto de UPF fue para otro de los aspirantes, Juan Calparsoro, de la Fiscalía de Guipúzcoa.
Las fuentes destacan, además, que se da la circunstancia de que uno de los que se ha dado de baja, Castresana, competía por esa misma plaza con Delgado, y no obtuvo ningún apoyo a su candidatura.
AF y APIF piden la dimisión
Lo acaecido antes y durante el Consejo Fiscal ha llevado a la AF y la APIF a pedir directamente la dimisión del fiscal general, hablando de «burda maniobra» y de «escándalo sin precedentes», respectivamente.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha anunciado este mismo viernes que trasladará a la Comisión Europea lo ocurrido para que lo tenga en cuenta de cara a la elaboración de su informe anual sobre el Estado de Derecho en España.
