García Ortiz desoye la polémica de Delgado y designa a dedo a otros tres fiscales
El fiscal general solo se decantó por el aspirante más votado en uno de los casos. Todos los elegidos sin apoyo mayoritario de sus colegas pertenecen a la UPF
Álvaro García Ortiz en Santiago de Compostela en marzo. | Álvaro Ballesteros (Europa Press)
La tensión se podía cortar en el ambiente. Los vocales no recuerdan un Consejo fiscal tan tirante como el de este jueves. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, decidió proponer a Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática pese al rechazo de sus colegas. Habían pedido retrasar la reunión para considerar un posible conflicto de intereses y evitar «el dedazo». No ha sido el único. En cinco de las nueve plazas en liza había más de un candidato. García Ortiz solo se decantó por el aspirante más votado en uno de los casos. El resto de elegidos pertenecen, como él, a la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
Los seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales y el único representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se negaron a deliberar y votar el nombramiento de Delgado en señal de protesta. Al puesto aspiraban cuatro candidatos. La exministra obtuvo tres votos, dos de los miembros natos del órgano consultivo y uno de los dos representantes de la UPF. El otro se decantó por Juan Calparsoro.
El fiscal general, que tiene la última palabra, optó por su predecesora a pesar de las circunstancias. Los vocales críticos habían pedido retrasar el Consejo Fiscal al 19 de junio, como estaba previsto inicialmente. De esa manera podrían debatir si Delgado incurría en un conflicto de intereses ya que su pareja, Baltasar Garzón, preside una fundación que realiza informes sobre derechos humanos y memoria histórica.
En línea con Delgado
García Ortiz, que adelantó el cónclave tras conocer la convocatoria electoral, se negó. El fiscal general también decidió hacer oídos sordos a sus compañeros en cuanto a las designaciones. Además de Delgado ha propuesto a otros tres candidatos sin que hayan obtenido la confianza de la mayoría del Consejo Fiscal. Todos ellos pertenecen a la UPF, un favoritismo que ya afearon a su predecesora.
La máxima autoridad del Ministerio Público ha elegido a Miguel Ángel Aguilar como fiscal de Sala contra los delitos de odio pese a contar con solo cuatro de los 11 votos en liza (el fiscal general solo propone y desempata): los dos de la asociación progresista, uno de los seis de la Asociación de Fiscales y la de un miembro nato. Antonio Mateo obtuvo seis apoyos y María del Pilar Rodríguez, uno.
«El Consejo Fiscal ignora el escalafón de los candidatos. Si tiene más antigüedad también tiene más méritos para ser designado», explica uno de los vocales a THE OBJECTIVE. No obstante, reconoce que Aguilar «es pionero en este tipo de delitos y un referente en España y en Europa». Adscrito hasta ahora a la Fiscalía Provincial de Barcelona, forma parte de la misma organización que García Ortiz y Delgado, la UPF.
Otro miembro de esta asociación, Julio Cano Antón, será nombrado nuevo fiscal superior de Islas Baleares a propuesta de García Ortiz. El elegido apenas consiguió cuatro votos (de la UPF y los miembros natos), por los cinco que conquistó José Díaz Cappa (cuatro de la Asociación de Fiscales y el de APIF). El fiscal que ocupaba esa plaza hasta ahora y se postulaba para la renovación, Bartolomé Barceló, obtuvo dos votos, ambos de la mayoritaria Asociación de Fiscales.
Antidroga, la excepción
García Ortiz también desoyó a sus compañeros en la elección del fiscal jefe provincial de Pontevedra, donde se opuso a la continuidad de Juan Carlos Aladro por llevar más de dos mandatos en el cargo. No obstante, fue el candidato con mayor respaldo al contar con siete votos (los de la Asociación de Fiscales y APIF) por los cuatro de Pablo Varela, que finalmente se llevó el gato al agua. Tuvo el aval de los dos miembros natos y los dos vocales de UPF, de la que forma parte.
La única candidata que ha obtenido tanto el apoyo de sus colegas como el del fiscal general ha sido Rosa María Frías, que aspiraba a fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga. Ha recibido el respaldo de 10 vocales, entre ellos sus seis compañeros de la Asociación de Fiscales. El único representante de APIF se decantó por María Ángeles González Roldán, compañera de Frías en la Fiscalía Provincial de Madrid.
Las fuentes consultadas por este diario sostienen que existía un pacto tácito entre las dos asociaciones mayoritarias para avalar a Frías, que en diciembre de 2021 no consiguió la plaza en comisión de servicio en la Fiscalía Especial Antidroga a pesar de ser la candidata más votada. En aquella ocasión Delgado, que era fiscal general, optó por Cristina López Amat, de la Fiscalía Provincial de Valencia. Los cuatro aspirantes sin competencia para la plaza obtuvieron el apoyo unánime del Consejo Fiscal.
