Tontxu Rodríguez, 'número dos' de Pilar Llop: «La Justicia española necesita un revolcón»

En la margen izquierda de la ría del Nervión se levanta un pueblo que creció gracias a la industrialización. En Baracaldo se mama socialismo desde la cuna. Antonio Julián Tontxu Rodríguez está orgulloso de sus raíces, pese a que llevó escolta durante 17 largos años. Cada vez que iba a subir al coche miraba los bajos. ETA le tenía en el punto de mira. «Querían pegarme dos tiros», cuenta ante el retrato de su amigo Alfredo Pérez Rubalcaba, el ministro del Interior que terminó con la banda terrorista. Por eso no se asustó ni se ofendió cuando hace unos días unos funcionarios de Justicia, durante una protesta, le gritaron «clasista» a dos centímetros de distancia.

Rodríguez, de 60 años, es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Ejerció la abogacía entre 1987 y 2003, cuando se convirtió en alcalde de Baracaldo tras curtirse como concejal. Desempeñó el cargo durante una década. Luego dio el salto al Senado, donde ejerció como portavoz adjunto del PSOE. Esta legislatura Pilar Llop le nombró secretario de Estado de Justicia. Recibe a THE OBJECTIVE en su despacho, cerca de la sede donde unos funcionarios llevan días encerrados en señal de protesta. El espacio resulta familiar: fotos de sus hijas por doquier y un lienzo de José Nogué Massó que recuerda una escena doméstica. Pasen y lean.

PREGUNTA.- Se acaba la legislatura, ¿qué balance hace?

RESPUESTA.- Es muy difícil hacer un balance porque Pedro Sánchez ha sacado adelante muchísimas normas. Son más de 214 leyes. Creo que no ha habido ningún gobierno que haya producido tanto legislativamente, y en este caso con una situación de minoría. El balance es muy, muy positivo. Y sobre todo son normas que afectan directamente a los ciudadanos: salario mínimo, ley de eutanasia…

P.- ¿Y en Justicia?

R.- Han sido muchísimas las actividades que hemos desarrollado, pero tengo que reconocerle que me quedo con un sabor agridulce. Habíamos presentado tres leyes en el Parlamento: las de eficiencia organizativa, procesal y digital, que estaban en camino, con la intención de que antes de que finalizara el periodo de sesiones en julio se aprobaran y pasaran al Senado para ser aprobadas en septiembre de manera definitiva. Pero las Cortes se han disuelto.

«Me quedo con un sabor agridulce. Habíamos presentado tres leyes en el Parlamento: las de eficiencia organizativa, procesal y digital, que estaban en camino»

P.- Entonces, ¿qué han hecho?

R.- Yo podría leerle todo este dosier que tenemos preparado para cuando nos preguntan (enseña un puñado de papeles). Hemos hecho muchísimo trabajo en violencia de género, contra la prostitución y la trata de seres humanos. Por ejemplo, en el ámbito de la eficiencia procesal se han hecho importantes trabajos para la conciliación de la vida familiar y laboral. En cuanto a la justicia social, podríamos hablar de la justicia gratuita, o de las becas para que puedan estudiar jueces, fiscales y abogados del Estado sin que repercuta en sus familias.

P.- Continúe.

R.- Hemos hecho un excelente trabajo en digitalización. La versión 360 grados. Nos hemos centrado en la cercanía y en la accesibilidad de los ciudadanos. Es verdad que la pandemia lo trajo, pero hemos sido pioneros en el desarrollo de juicios telemáticos. Más de un millón de actuaciones no presenciales. También en el ámbito de la transición ecológica. Hemos reducido el papel absolutamente. También hemos invertido 60 millones de euros en rehabilitar y hacer sostenibles 37 sedes judiciales. Y algo muy importante, las conferencias sectoriales. Lo hemos conseguido con independencia del color político. Creo que es muy importante reseñar como pilar el denominado proyecto Justicia 2030. Lamentablemente, las leyes de eficiencia organizativa se han quedado en el tintero.

P.- Sin embargo, han dado un estirón al tema de las nacionalizaciones.

R.- En julio del año pasado establecimos un sistema de robotización a través de esa digitalización de la justicia. El empujón fue muy fuerte. Cerca de 300.000 ciudadanos habían solicitado la nacionalidad española. Lo hemos estado bajando y ahora mismo estamos prácticamente sacando 46.000 expedientes al mes, con lo cual dentro de unos meses podemos decir que hemos acabado con ese bloque.

P.- Ha faltado renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ¿Por qué ha sido imposible?

R.- La primera reunión que tuve cuando llegué fue con el anterior presidente del CGPJ. Ya le dije en aquel momento que se tenía que ir. Llevaban mucho tiempo de interinidad y sigue ocurriendo. Más de cuatro años. Pero no será porque el PSOE no lo ha pedido. Se puede renovar el consejo mañana mismo si el PP levanta el teléfono.

P.- ¿Qué hace falta para que eso suceda?

R.- Que el PP quiera, porque son necesarias unas mayorías. Tiene que intervenir el principal partido de la oposición, pero el PP no tiene ese interés en renovar el CGPJ. Si el gobierno de los jueces no se renueva se impide mejorar muchos tribunales y supone un gran esfuerzo económico por parte del Ministerio de Justicia para dotar de jueces sustitutos o de refuerzos. Pero ya le digo, si el PP levanta el teléfono, hoy mismo se puede solucionar el conflicto.

P.- ¿Qué pasará con el CGPJ si el el PSOE pasa a la oposición el 23-J?

R.- Primero, esa circunstancia no se va a dar. Pero si eso ocurriera, yo le puedo asegurar que se renovará, porque siempre que el PSOE ha estado en la oposición ha negociado en tiempo y forma. Lo ha hecho siempre y lo seguirá haciendo ahora. El señor Casado en su momento estuvo a puntito de hacerlo, pero yo creo que lo echaron antes.

«Siempre que el PSOE ha estado en la oposición ha negociado en tiempo y forma y lo seguirá haciendo ahora»

P.- ¿Repetirá Pedro Sánchez como presidente?

R.- Sí, seguro. Si no, nos habríamos ido ya. Yo creo que los españoles tienen que reconocer su gran labor. El gran esfuerzo social. Es decir, este gobierno entró con una pandemia. Tuvo un volcán en Canarias, se ha encontrado con una decadencia económica y social importante. Cuando parece que salíamos, Putin invade Ucrania. Tenemos una guerra a dos horas en avión de aquí. Estoy convencido de que el 23 de julio los españoles van a renovar la confianza en el PSOE y en la izquierda de este país.

P.- Y usted, ¿seguirá en Justicia?

R.- Esa es la pregunta del millón de dólares. No lo sé. Mira, yo he sido concejal de mi pueblo, Baracaldo; he sido alcalde de mi pueblo, que es lo mejor que hay en política. Fui juntero en las Juntas Generales de de Vizcaya, senador, secretario general del Grupo del Senado y portavoz de la Comisión de Justicia del Senado. Y secretario de Estado. Yo creo que que he cumplido muchísimas etapas en mi carrera política. Pero eso es una cuestión del presidente de Gobierno, que lo tiene que decidir. Siempre voy a estar donde diga el PSOE que tengo que estar.

P.- ¿Y dónde está la justicia española hoy?

R.- Siempre pongo un ejemplo y es que la justicia es como un gran agujero negro. Tú puedes poner toda la inversión del mundo en la justicia, pero siempre vas a tener un problema de lentitud. Se dice que la justicia es lenta y cara. Ocurre lo mismo que cuando vas a un hospital o a cualquier servicio público, que acudes por una necesidad. En este periodo hemos conseguido hacer de la justicia un verdadero servicio público, como lo es la educación o como lo puede ser la sanidad. Eso se hubiera redondeado con las tres leyes de eficiencia. Por eso les decía antes que me quedaba con un sabor agridulce, porque hubiera sido el colofón de esa transformación que necesita la justicia española. Una justicia cercana, ágil, próxima, mucho más barata y tecnológicamente avanzada.

P.- ¿Entonces?

R.- Es una pena y ese sabor agridulce me queda. Creo que la justicia española necesita de esas leyes de eficiencia. La ministra (Pilar Llop) se enfada cuando lo digo, pero la justicia española necesitaba un revolcón. Y esas leyes iban a darle ese revolcón.

P.- Las huelgas han suspendido un millón de juicios y vistas. ¿Cómo piensan resolverlo?

R.- Bueno, en principio yo creo que hay un esfuerzo muy importante. Lo hemos hecho en esta legislatura con la creación de plazas de jueces y fiscales. Y se ha hecho un esfuerzo importante en la creación no solamente de plazas de jueces y fiscales, sino de unidades judiciales, que es tan importante como crear la plaza del juez. En este tiempo que llevo en el ministerio salimos a unas 70 unidades judiciales al año. El acuerdo al que hemos llegado con los jueces y fiscales supone la creación de 200 nuevas plazas más.

P.- El problema era endémico. ¿Y lo sobrevenido?

R.- En cuanto a las huelgas que hemos vivido en los dos meses pasados se han producido efectivamente algunos retrasos judiciales que estamos superando de manera evidente. Ahora está ocurriendo con los funcionarios de Justicia y exigirá un mayor esfuerzo. Quiero aprovechar para combatir un bulo: el Ministerio de Justicia no va a a hacer trabajar a los funcionarios en agosto. Pero sí haremos un plan de refuerzo, de recuperación de esos meses perdidos.

P.- Este no ha sido un año fácil para usted. ¿Cuál de los tres Cuerpos de la Justicia le ha causado más problemas a la hora de negociar?

R.- Cada uno tiene su su propia dinámica. Cada uno representa sus propias necesidades de servicio público, profesionales y salariales. Es muy diferente la gestión, la tramitación o poner sentencias. Tengo que reconocer que no me he sentido mal con ninguno. Es verdad que quizá tenga más afinidad con los fiscales, no sé por qué.

P.-¿Qué falta para llegar a un acuerdo con los funcionarios del Cuerpo General?

R.- No es el momento. Hemos hablado de hacer un resumen de la gestión de cuatro años de gobierno. Y nos encontramos ahora con que han convocado una huelga, pero las Cortes Generales están disueltas. No hay posibilidades de que esa ley de eficiencia organizativa que afectaba directamente a los funcionarios se apruebe. Yo estoy convencido de que no, pero puede haber otro gobierno dentro de unos meses. Será ese gobierno el que tenga que negociar las condiciones salariales de esos profesionales.

«No hay posibilidades de que esa ley de eficiencia organizativa que afectaba directamente a los funcionarios sea aprobada. Será el próximo gobierno el que negocio sus condiciones salariales»

P.- La huelga de funcionarios comenzó en abril, cuando todavía no se habían disuelto las Cortes. Luego se llegó a un acuerdo con jueces y fiscales. ¿Entiende que le llamen clasista?

R.- Yo soy del PSOE. A un hombre del PSOE no se le puede llamar clasista. Nunca. Y soy del PSOE desde que tenía 25 años. Vengo de una familia socialista de toda la vida. Podré ser otra cosa, pero clasista no.

P.- ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno para contentar a los funcionarios?

R.- Eso lo planteamos por escrito. Empezar a negociar otra vez la ley de eficiencia organizativa con ellos y revisar sus cláusulas económicas desde la coyuntura económica de los funcionarios. Se lo dimos por escrito.

P.-¿Puede darnos un dato económico?

R.-Con un nuevo gobierno evidentemente lo habrá. Seguro.

P.- Esta ha sido una legislatura polémica. ¿Cómo ve los indultos al procès con perspectiva?

R.- Cataluña no es lo mismo ahora que hace cuatro años. He estado hace poco en Barcelona y no se vive como se vivía en Barcelona en 2017. Algo habrá tenido que ver el trabajo que ha hecho el Gobierno.

«Cataluña no es lo mismo ahora que hace cuatro años. Algo habrá tenido que ver el trabajo que ha hecho el Gobierno»

P.-¿Por qué eran necesarias las reformas de los delitos de malversación y sedición?

R.-Para adaptarnos a los socios europeos.

P. Francia y Alemania tienen condenas más altas.

R.- Necesitábamos adaptar una legislación antigua, obsoleta, a una nueva legislación europea. Y eso es lo que hemos hecho.

P.- Otra polémica. ¿Es partidario de indultar a Griñán y a los condenados por los ERE?

R.- Yo siempre estaré a lo que digan los tribunales.

P.- Pero en ese proceso el Ministerio de Justicia tendrá algo que decir.

R.- Primero tiene que informar para que se produzca un indulto. Informa el Ministerio Fiscal, informa el juez que ha sancionado, hay informes clínicos… Por tanto, yo siempre estoy a lo que digan los tribunales.

P.-¿Qué falló en la elaboración de la ley del solo sí es sí?

R.- Yo estoy convencido que los 200 diputados que votaron la ley no pensaban en las situaciones que iba a provocar. Ante eso, el Ministerio de Justicia colaboró con el Grupo Parlamentario Socialista en elaborar una proposición de ley con un objetivo fundamental: evitar que esa situación se volviera a producir. Y eso, teniendo el consentimiento en el centro de la ley. Eso es lo que ha venido a decir el Tribunal Supremo.

P.-¿Dejaron de funcionar los mecanismos de control?

R.-Se vio y trabajó muchísimo, se lo puedo asegurar. Yo no estaba en esa parte porque no me correspondía a mí, pero le puedo asegurar las horas de trabajo que dedicaron los asesores de violencia de género, la ministra. Yo salía de aquí a las 21.00 horas y me los encontraba. El despacho de la ministra está ahí enfrente y me los encontraba trabajando continuamente con la ley del sí es sí. E insisto, ninguno de los diputados que votaron esa ley pensaba que iba a tener ese resultado.

P.-¿La reforma fue una manera de pedir perdón?

R.-Bueno, el presidente lo dijo. El presidente del Gobierno pidió perdón.

P.-¿Y los socios de Gobierno?

R.-Cada uno pide perdón en la manera que puede o sabe. El presidente del Gobierno lo hizo.

P.-¿Debería dimitir Irene Montero?

R.-Eso es una cuestión de Irene Montero.

«Ninguno de los diputados que votaron esa ley pensaban que iba a tener ese resultado. El presidente del Gobierno pidió perdón»

P.-¿Era usted partidario de nombrar a Dolores Delgado? Hay acusaciones de politización de la Fiscalía.

R.-Pues como le decía antes, no vamos a politizar la justicia ni vamos a politizar la Fiscalía. Dejemos a los fiscales que actúen. El fiscal general y al Consejo Fiscal que actúen con total independencia.

P.-Pero la Fiscalía depende del Gobierno, ¿no?

R.-Sí, pero no haremos como otros que decían «no te preocupes, que la Fiscalía te lo afina». Dejemos a la Fiscalía que trabaje, que trabaje de manera autónoma y valore lo que tenga que valorar con respecto a la que fue ministra, una buena ministra de Justicia, a la que fue fiscal general, una muy buena fiscal general, y a la que ahora está siendo una buena fiscal en su sección.

P.-Antes ha comentado que habría que dejar para después de las elecciones las negociaciones con los funcionarios. Siguiendo la lógica, ¿habría que dejar también el nombramiento de Dolores Delgado?

R.-No voy a entrar a cuando tienen que nombrar los fiscales a sus fiscales, para eso está el Consejo Fiscal. Insisto, creo que hay que despolitizar la justicia y renovar el CGPJ. Y dejemos a los fiscales y a los jueces que trabajen con absoluta independencia y autonomía.

P.-Usted es vasco, conoce bien la realidad en Euskadi. En las últimas elecciones algunos criticaron que Bildu llevara en lista a condenados por terrorismo. ¿Hay que cambiar la ley de partidos?

R.- Yo creo que fue un auténtico error por parte de Bildu meter a estas personas, no merece la pena volver a causar más daño a las víctimas. Creo que Bildu rectificó, quitó a algunos de sus candidatos. Espero que no vuelva a producirse.

P.-La ley se hizo en 2002, cuando ETA todavía no había sido disuelta. ¿Habría que actualizar esa norma?

R.- Es una ley antigua, tiene más de 20 años. Pero para eso están los grupos parlamentarios, para determinar si la ley puede ser modificada o no. Insisto, igual que antes pedía independencia o autonomía para los jueces y fiscales, también lo hago para los grupos parlamentarios. Montesquieu hizo una cosa bien, que era la división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El judicial está ahí, el legislativo está allí y el ejecutivo está aquí.

P.-Otra polémica: el voto por correo. ¿Habría que reformar la LOREG pidiendo la identificación en todas las etapas del proceso?

R.- Pues yo creo que sí. Es una cuestión que ha saltado en las últimas elecciones. Hay que hacerlo con absoluta legalidad, normalidad y transparencia. Si es necesario, pues que se haga. No hay mayor inconveniente. Se presume que el que pide votar por correo es porque no está el día de la votación y no puede ir presencialmente a la urna.

«La digitalización es el reto más difícil, más importante y más difícil al que se enfrenta la justicia»

P.-¿Cuáles son los retos de futuro a los que se enfrenta?

R.-Sobre todo, y visto lo visto, la digitalización. Sin duda. Creo que es el reto más difícil, más importante y más difícil para todos. Para los ciudadanos que están en contacto con la justicia, para los operadores jurídicos, para jueces, fiscales, para abogados, procuradores, para registradores, notarios. Todos tenemos que tener una nueva visión de esa transformación digital de la justicia. Y sobre todo, para nosotros en este caso con esas leyes de eficiencia y con el desarrollo del proyecto Justicia 20 30 que creo, insisto, va a darle un revolcón a la justicia española.

P.-¿Qué papel juega la inteligencia artificial?

R.- Pues mucho. Y lo hemos podido observar. Hemos ido un poco forzados por las circunstancias. Quizás antes no se pensaba en muchas cosas telemáticas que ahora se hacen. Son prácticamente diarias y rutinarias. Es muy importante estar con los tiempos y que la justicia avance cuanto antes.