García Ortiz recuerda la exhumación de Franco para avalar que Delgado sea fiscal de Memoria
El fiscal general afirma que «Delgado presenta una extensa experiencia jurisdiccional en la investigación y persecución de crímenes contra la Humanidad»
García Ortiz junto a Dolores Delgado. | Europa Press
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reivindicado a su predecesora inmediata en el cargo, Dolores Delgado, como la mejor candidata a fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, apuntando a su «brillantez jurídica» y a sus «capacidades directivas y de coordinación», así como recordando algunos de sus trabajos más destacados, entre ellos su intervención en la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de Cuelgamuros.
Así consta en el escrito de propuesta de nombramiento de Delgado para este puesto, donde García Ortiz expone las razones que el jueves pasado le llevaron a decantarse por la ex fiscal general del Estado frente a los otros tres aspirantes al cargo –entre ellos el candidato español a fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI) en 2021, Carlos Castresana– en contra de la mayoría del Consejo Fiscal, que optó por no participar en la adjudicación de esta plaza.
Esta circunstancia ha llevado a la Asociación de Fiscales (AF) y a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que suman siete de los 11 vocales del Consejo Fiscal llamados a informar en materia de cargos discrecionales, a avisar al Gobierno de que la propuesta de nombramiento sería nula de pleno derecho por no haber cumplido con el trámite legal, esto es, escuchar a todo el Pleno.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el jefe del Ministerio Público afirma que «Delgado presenta una extensa experiencia jurisdiccional en la investigación y persecución de crímenes contra la Humanidad y violaciones de los Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como internacional, superior a la del resto de candidaturas presentadas».
Destaca, en concreto, «su brillantez jurídica», «su exhaustivo dominio del derecho penal y procesal penal demostrado en su dilatada trayectoria como fiscal», y su experiencia y profundo y actualizado conocimiento de la materia del Derecho Internacional de Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y de la normativa sobre memoria democrática».
Resalta igualmente «sus capacidades directivas y de coordinación, su predisposición y proactividad a la hora de afrontar lo más diversos retos de la carrera fiscal» y «su bagaje institucional».
En cuanto a esto último, recalca que Delgado ha ejercido «dos de las más altas responsabilidades que un jurista puede desempeñar: fiscal general del Estado y ministra de Justicia».
De su etapa como miembro del Gobierno, García Ortiz valora que Delgado se encargó de «la dirección del expediente para la exhumación y posterior inhumación de los restos del dictador Francisco Franco y su asistencia al acto como Notaria Mayor del Reino».
Ensalza igualmente «la investigación y reconocimiento de los españoles en los campos de concentración de Mauthausen y Gusen, y la reactivación de los procedimientos de reparación a las víctimas, así como el resto de actividades en materia de protocolos de exhumaciones, mapas de fosas, y otras».
La pandemia y Lecrim
García Ortiz pone la lupa en la carrera como fiscal de Delgado para enfatizar que cuenta con más 33 años y 5 meses de antigüedad, lo que la convierte en «la candidata de mayor escalafón».
Hace hincapié en sus dos años como fiscal general del Estado para poner en valor que, a los pocos días de su nombramiento, «tuvo que enfrentar uno de los momentos más complejos y trascendentes no solo para la Fiscalía española, sino también para toda la sociedad: la crisis sanitaria provocada por la pandemia». «La ágil y certera respuesta de la institución bajo su coordinación y dirección da sobrada muestra de sus capacidades», afirma.
También pone de relieve «el informe al Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 7 de julio de 2021, que constituyó un hito para la institución por ser la primera vez que la Fiscalía informaba sobre una reforma integral del sistema de justicia penal español».
«El sistema de trabajo establecido por Delgado para su elaboración refleja una concepción de la Fiscalía que comparto: en búsqueda constante de la excelencia jurídica y del mejor servicio público, coordinada y transversal, en provecho y optimización de las capacidades y fortalezas de la institución con el objeto de ponerlas a disposición de la administración de justicia y de la sociedad», indica.
Sobre la última etapa, estima que la actuación de Delgado «permitió que España fuese pionera en una colaboración institucional que hasta entonces no había tenido nunca lugar», ordenando a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que iniciara una investigación «para preservar el material probatorio y canalizar la asistencia a las autoridades ucranianas» tras la invasión rusa.
Los vuelos de la muerte
De la misma forma, hace un repaso de la estancia de Delgado en la Audiencia Nacional, como coordinadora de yihadismo y por «su intervención en algunos de los más importantes procesos contra el terrorismo en nuestro país, como las operaciones ‘Nova’, ‘Chacal’, ‘Génesis’, ‘Camaleón’, ‘Tigris’, ‘Espiral’, ‘Javer’, ‘Kibera’, ‘Salinas’ o ‘Caronte’, así como el procedimiento relativo a la organización terrorista Boko Haram o al atentado contra la Embajada de España en Kabul».
Del paso de Delgado por la Audiencia Nacional, menciona también «la celebración, en el año 2005, del primer juicio en España por crímenes contra la Humanidad, por delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante la dictadura militar argentina, el denominado ‘caso Scilingo y vuelos de la muerte'».
Y, «en el ámbito internacional, resulta de particular relevancia su experiencia como fiscal colaboradora de la Corte Penal Internacional para la investigación ordenada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el denominado ‘caso Libia’, relativo a la represión del régimen de Muamar el Gadafi», añade.
Para García Ortiz, «se trata de procedimientos y de juicios de gran complejidad técnica, que requieren no solo una actualización constante en el derecho sustantivo, sino también un profundo conocimiento del derecho penal, procesal penal y constitucional, al tiempo que el dominio de la jurisprudencia ordinaria, constitucional e internacional».
El plan de Delgado
A todo ello, el fiscal general suma que «el plan de actuación propuesto por Delgado es, sin duda, el más completo y exhaustivo de cuantos se han presentado» para la plaza de Memoria Democrática y Derechos Humanos.
En este sentido, expone que «parte de un profundo conocimiento tanto de la materia como de la propia institución, su estructura y funcionamiento, así como de su regulación estatutaria y organizativa».
Además, considera «de gran relevancia la vocación de transversalidad, cooperación y optimización de recursos y esfuerzos, y el fomento del trabajo en equipo que destila el proyecto presentado».
También ve de «de especial importancia la potenciación de la actividad internacional que se aborda específicamente, así como todo lo relativo a la atención a las víctimas que también es objeto de tratamiento».
