La juez de 'Tito Berni' intenta blindar al policía denunciado por filtrar audios secretos del caso
Descarta esclarecer la presunta revelación de secretos que ha desatado una guerra policial entre los investigadores
El exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo. | Europa Press
La juez que instruye el conocido como caso Tito Berni intenta blindar al inspector de la Policía Nacional denunciado por la presunta filtración de documentos y audios de la causa que se encuentran bajo secreto de sumario. En un auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado las diligencias de prueba interesadas por Antonio Navarro, alias El Mediador, para esclarecer un posible delito de revelación de secretos en la causa en la que se investiga al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, así como a ex altos cargos del gobierno canario y empresarios por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
La magistrada entiende que «no procede en modo alguno» explorar esa línea de investigación, a pesar de que a finales de marzo acordó la apertura de una pieza separada por revelación de secretos a instancias de Fuentes Curbelo. Además, en su auto del pasado miércoles, la juez acusa al Mediador de pretender «convertir en investigados a los investigadores» para «intentar entorpecer la investigación» y «cuestionar gratuitamente» la actuación policial.
Sin embargo, como adelantó este diario, existe un conflicto policial soterrado entre los investigadores del caso. El inspector del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial, J.A.B., fue denunciado a principios de junio en un juzgado de instrucción de Arona como supuesto responsable de la filtración a distintos medios de comunicación de documentos que figuran bajo secreto de sumario.
A su vez, ese agente y su equipo de trabajo presentaron una queja interna por presunto «acoso laboral» contra uno de sus superiores, el inspector jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial en Tenerife. Ante esta situación, el comisario jefe provincial decidió trasladar al Grupo de Delitos Tecnológicos a otras dependencias policiales mientras se esclarecen ambas cuestiones.
La juez defiende la investigación policial
El Mediador había puesto en conocimiento de la magistrada los hechos denunciados en un juzgado de Arona contra el responsable del grupo que se encarga de analizar las decenas de miles de imágenes, fotografías y audios contenidos en los teléfonos que Antonio Navarro entregó voluntariamente al inicio de la causa. La juez ha decidido posicionarse del lado del inspector J.A.B en su último auto.
Entre otras diligencias, el Mediador solicitó en un escrito el pasado 1 de junio la devolución de sus terminales móviles y que se requiriese al Grupo de Delitos Tecnológicos un informe «sobre el motivo y desarrollo de cada una de las visitas» que Antonio Navarro realizó a la mencionada unidad policial para colaborar en la identificación de las personas que intervenían en los audios y fotografías del caso.
«No procede en modo alguno», indica la magistrada en un auto fechado el pasado miércoles. En el documento, la juez justifica su rechazo y acusa al Mediador de pretender «cuestionar gratuitamente la investigación policial». «Parece desprenderse de su escrito pretender este investigado en esta causa penal seguida contra él y otros, convertir en investigados a los investigadores, al solicitarse diligencias dirigidas a cuestionar la actuación del grupo investigador como las relativas a informar sobre las visitas a comisaria del investigado, sin señalar otros datos, y sin haberse decretado nulidad alguna que lo ampare o respalde», señala la juez en su auto.
La magistrada reprocha al imputado su interés por perseguir la presunta revelación de secretos cuando, señala en el escrito, «libremente ha comparecido en varios programas de televisión, para hablar de esta causa y su contenido, por lo que se podría valorar si la misma ahora obedece a lo que podría llegar a ser la base de un delito de estafa procesal, para intentar entorpecer esa instrucción, pues no se aporta ni copia de esa denuncia ni de esos indicios del delito que se denuncian pero pretenden que sea objeto de investigación en esta causa donde es investigado».
Los teléfonos del ‘caso Tito Berni’
La juez subraya que las diligencias de prueba solicitadas por la defensa del Mediador «no están relacionadas con los hechos que se instruyen en la presente causa sino con hechos diferentes y relativos a un delito de revelación de secretos cuya denuncia fue interpuesta ante otro Partido Judicial y del que se desconocen mas datos que los publicados en los medios de comunicación».
En el auto también se rechaza la petición de Navarro de revocar su consentimiento a que la Policía Nacional tuviese en su poder los teléfonos móviles que entregó al inicio de la causa. A pesar de que el contenido ya fue volcado por los investigadores, la juez considera que no es procedente la devolución de los «terminales intervenidos» y que estos deben permanecer bajo custodia hasta la eventual celebración del juicio por los hechos que se investigan. «Son instrumentos y pruebas de los hechos delictivos investigados en esta causa, y por ello, deberán quedar bajo la custodia judicial, incluso tras haberse revocado el consentimiento, ya que no tiene efectos retroactivos como se ha anticipado, pues tales efectos serán en su momento puestos a disposición de la autoridad competente para su enjuiciamiento», concluye.
En el mismo auto, la juez acuerda citar a declarar como investigados a otras dos personas, uno de ellos exempleado del gobierno canario. El otro es Plácido Alonso Peña, abogado que asistió al Mediador cuando fue denunciado por estafa por el ex director general de Deportes del Cabildo de Tenerife Ángel Luis Pérez Peña. Esa denuncia terminó siendo archivada y acabó convirtiéndose en un caso por denuncia falsa contra el exalto cargo insular. Asimismo, la magistrada ha acordado enviar todos los informes técnicos policiales a la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de Santa Cruz de Tenerife «a fin de que sean objeto de estudio y análisis en lo relativo a la comisión de delitos de corrupción».
