La Justicia propone juzgar al ex jefe antidroga de la Policía Nacional en Alicante por blanqueo

El juez José Luis Calama ha propuesto juzgar al exjefe de la Unidad de Drogas de la Policía Nacional en Alicante Francisco Javier Méndez Oliva y a otras 35 personas acusadas de blanquear dinero procedente del narcotráfico.

En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional explica que se trata de una pieza separada de la denominada Operación Beatiful, por la que ya fueron procesadas 79 personas el pasado noviembre por presuntos delitos de tráfico de drogas y organización criminal.

Ahora, en esta pieza, el magistrado propone juzgar, entre otros, a los presuntos responsables de la organización: los acusados Juan Ramón García Crespo y Juan Andrés Cabeza Pedrada; el ex jefe de la Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) en Alicante Francisco Javier Méndez Oliva, a su hermano y a su esposa, así como los miembros de las mercantiles utilizadas para dar curso legal al dinero de procedencia ilícita.

En relación con el Inspector Jefe Francisco Méndez Oliva, quien durante una década ostentó un puesto de mando en el ámbito de la investigación contra el tráfico de drogas en la provincia de Alicante, el juez relata que sus contactos con Juan Andrés Cabeza Pedrada habrían sido permanentes desde 2012 y que la organización se aprovechaba de este agente de policía para recabar información y cobertura.

La investigación ha acreditado el blanqueo de capitales desarrollado por Méndez Oliva y Cabeza Pedrada en la operativa y adquisición y venta de vehículos Land Rover en operaciones gestionadas por el inspector en las que su esposa figuraba como titular de los vehículos comercializados. El auto se basa en las intervenciones telefónicas registradas para concluir que esta investigada era plena conocedora de los negocios formalizados en su nombre.

Al hilo, el magistrado señala que Francisco Javier Méndez y su esposa «disponían de una masa patrimonial muy superior y totalmente desvinculada de su renta global acreditada como lícita, hecho del que se infiere no solo la posible introducción en el circuito legal de dinero de procedencia desconocida, sino también la adquisición de bienes y servicios de cierto valor a través de pagos en metálico».

«Entramado mercantil»

En la resolución, Calama indica que para no vulnerar el principio ‘bis in idem’ -que excluye que puedan imponerse dos sanciones a una persona por los mismos hechos y basándose en los mismos fundamentos– en esta ocasión se acusa del delito de organización criminal, solo a los 15 que no fueron procesados en la pieza principal por este tipo penal. Los 36 que propone juzgar esta vez están todos acusados del delito de blanqueo de capitales.

En 132 folios, el juez hace un repaso de todo el «entramado mercantil» constituido en torno a la figura de Juan Ramón García Crespo como responsable de una organización criminal dedicada a una «actividad sistemática de blanqueo de capitales», junto al resto de líderes de otras ramas en Alicante, Valencia, Barcelona y Galicia para llevar a cabo el tráfico ilícito de drogas.

Según precisa el titular del Juzgado, García Crespo habría «diseñado, implementado, dirigido y ordenado una estructura de sociedades mercantiles», situando al frente de las mismas a una «pluralidad de personas, con diferentes cometidos y grados de responsabilidad».

Dichos actores irían «desde los meros testaferros que cobran por acto concreto, hasta quienes, sin perjuicio de tal condición, asumen otro tipo de actividades gestoras, financieras, o inmobiliarias».

Testaferros con «baja situación social»

En su auto, el juez hace referencia a una serie de indicios que evidencian que los titulares de las diferentes sociedades mercantiles operaban como meros testaferros que estarían interconectados y subordinados a García Crespo, que ejercía un «verdadero control».

Así, destaca «la escasa o nula capacidad económica de muchos de los testaferros, algunos con precarias condiciones laborales anteriores, otros con una baja situación social, residiendo algunos de ellos en pisos o centros tutelados por la Comunidad de Madrid para personas sin recursos económicos».

Según las pesquisas llevadas a cabo en la Audiencia Nacional, se trataba de un negocio diversificado donde la principal actividad pivotaba entorno a empresas de compraventa de vehículos y en especial la mercantil Design Cars dirigida de manera subrepticia por Juan Andrés Cabeza Pedrada.

El magistrado considera que era un negocio pantalla que «utilizaba» la organización «facilitando la operativa logística de vehículos para el transporte de la sustancia estupefaciente o para el uso habitual del resto de integrantes de la misma, así como para facilitar a través de este negocio de vehículos de lujo, actividades de blanqueo de capitales mediante las cuales blanquea los ingentes beneficios obtenidos del narcotráfico».

Al margen, el instructor acuerda el sobreseimiento provisional para cuatro de los investigados y el archivo definitivo para un quinto. Además, da un plazo de diez días a la Fiscalía para que solicite la apertura de juicio oral con la presentación del escrito de acusación o bien solicite el sobreseimiento.