Organizaciones provida denuncian ante la UE la 'falta de imparcialidad' del TC en la ley del aborto
La Asamblea de Asociaciones por la Vida alerta a Bruselas sobre la deriva del Constitucional y estudia acudir al TEDH
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. | Europa Press
El Tribunal Constitucional (TC) volverá a estar bajo la lupa de las autoridades europeas en los próximos días. Esta vez por su presunta «falta de imparcialidad» en el reciente fallo que avaló la ley del aborto aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Tras el reciente varapalo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a la corte de garantías por inhibirse sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una plataforma que agrupa a más de 130 asociaciones provida presentará en los próximos días sendos escritos ante la Eurocámara y la Comisión Europea para denunciar que el TC «se saltó todas las barreras de la imparcialidad judicial» para avalar el pasado mes de mayo la ley de interrupción voluntaria del embarazo de 2010.
«No se trata de una cuestión ideológica. Existían causas objetivas para que cuatro de los once magistrados del TC se hubiesen abstenido, por falta de imparcialidad, porque participaron de una u otra forma en la tramitación de la ley en 2010. El Constitucional se extralimitó en sus funciones jurisdiccionales», indica Francisco La Moneda, jurista y doctor en derecho encargado de preparar los escritos que la Asamblea de Asociaciones por la Vida remitirá en los próximos días a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y al comisario de Justicia, Didier Reynders.
«En función de su respuesta, estudiaremos también acudir posteriormente ante el TEDH. Lo que queremos poner de manifiesto es que el Tribunal Constitucional se está arrogando funciones para transformar la Constitución sin tener legitimidad para ello. Una situación de enorme gravedad que afecta a la calidad democrática de España y de nuestro Estado de Derecho», añade La Moneda en declaraciones a THE OBJECTIVE. El movimiento de las asociaciones provida se produce a pocos días de que se conozca el informe de la Unión Europea sobre la situación del Estado de Derecho en España, donde se prevé un varapalo por la falta de renovación del CGPJ. El propio Reynders advirtió hace unas semanas que estaba vigilante también con respecto a la situación del TC.
La polémica del TC y la ley del aborto
El Pleno del TC aprobó el pasado 9 de mayo la sentencia que avaló la ley del aborto de Zapatero por siete votos frente a cuatro. El asunto había dormido el sueño de los justos durante 13 años y fue una de las primeras cuestiones a las que dio prioridad el TC tras la renovación que posibilitó un vuelco de mayoría progresista en la corte de garantías y el ascenso de Cándido Conde-Pumpido a la presidencia. La decisión no estuvo exenta de polémica. El artículo 219 de la LOPJ establece como motivo de abstención o recusación para cualquier magistrado «haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo».
Conde-Pumpido era fiscal general del Estado con Zapatero cuando en 2010 votó a favor de la constitucionalidad de ley del aborto en el informe preceptivo no vinculante que emitió el Consejo Fiscal sobre dicha norma. Concepción Espejel e Inmaculada Montalbán en aquella época eran vocales del CGPJ y participaron en la redacción de un informe del órgano de gobierno de los jueces sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y Juan Carlos Campo se desempeñaba como secretario de Estado del Ministerio de Justicia que redactó e impulsó la citada norma durante el Gobierno de Zapatero.
Tras la renovación a principios de año del TC, la actual mayoría progresista de la corte de garantías no solo avaló que los cuatro magistrados cuestionados participasen en el Pleno en el que se avaló la ley del aborto el pasado mes de mayo. Además, y a pesar de las críticas, en una insólita decisión rechazó la abstención de la magistrada Concepción Espejel, quien había solicitado apartarse del debate sobre la ley del aborto al entender que concurrían las causas contempladas en la ley como motivo de abstención.
Una decisión que fue percibida como una maniobra de la mayoría progresista para asegurarse el quórum necesario para avalar la ley del aborto de Zapatero. «La abstención de Espejel era lógica desde el punto de vista jurídico. Se rechazó, lo cual no suele pasar nunca, para evitar que Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo e Inmaculada Montalbán se vieran obligados a apartarse también», señalaron entonces fuentes jurídicas a este diario.
Tras tumbar en febrero la ponencia del magistrado Enrique Arnaldo, la sentencia que finalmente acabaría avalando en mayo la ley de interrupción voluntaria del embarazo acabó recayendo en Montalbán, uno de los cuatro integrantes del TC que según va a denunciar la Asamblea de Asociaciones por la Vida en Bruselas debieron haberse abstenido. Los cuatro magistrados conservadores que votaron en contra emitieron votos particulares en los que criticaban que el propio TC se había extralimitado en sus funciones jurisdiccionales.
La UE y la imparcialidad del TC
«Nunca se había visto que cuatro magistrados del TC admitan que el propio órgano constitucional del que forman parte se había extralimitado en sus funciones. Esto va a afectar la imagen de imparcialidad del TC. Sin la participación de estos cuatro magistrados no se hubiese contado con el quórum necesario y entendemos que se hizo algo ilegal para que se diese el quórum», indica La Moneda.
El jurista explica que tanto la Carta Europea de Derechos Fundamentales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos contemplan el derecho de imparcialidad de los jueces para garantizar la tutela judicial efectiva. «Al incumplirse la escrupulosa legalidad a la que debe estar sometido el TC, nos encontramos ante una situación absolutamente peligrosa y un desprestigio del Estado de Derecho. El Constitucional se está convirtiendo en un órgano transformador para poder modificar la Constitución sin necesidad de contar con el Congreso. Es un tema de una gravedad enorme, una libre interpretación o una jurisprudencia creativa de quienes no tienen legitimidad para ello», añade el jurista.
