Los ecologistas recurrirán el fallo del Supremo que avala las políticas climáticas del Gobierno
Varias organizaciones demandaron al Estado por falta de ambición en la lucha contra el calentamiento global
Varias personas se refrescan en una fuente de Canaletas, en Barcelona. | David Zorrakino (Europa Press)
Los ecologistas darán la batalla judicial. En los próximos días registrarán un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo, que este jueves ha rechazado el recurso que presentaron hace tres años al considerar que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) era insuficiente. Se trata de la normativa para combatir el cambio climático. Este paso es la antesala para acudir al Tribunal Constitucional, ya que en opinión de las organizaciones se vulneran «varios derechos humanos de las generaciones presentes y futuras».
El Consejo de Ministros aprobó el PNIEC en marzo de 2021. El objetivo era reducir un 23% de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, lo que implicaría eliminar una de cada tres toneladas de gases de efecto invernadero que se emiten en la actualidad, como establece el Acuerdo de París. El plan fue remitido a Bruselas, que dio su visto visto al cumplir las directrices del Parlamento Europeo y el Consejo.
La sentencia del Supremo, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, señala que el Convenio de París, en cuyos planteamientos se basan los recurrentes, implica unas obligaciones asumidas por todas las partes, también por España. Por eso no se le puede reprochar su incumplimiento, ya que sus premisas están en los límites asumidos por la UE.
Reducción de emisiones
Las organizaciones ecologistas, entre las que se encuentran Greenpeace, Ecologistas en Acción-CODA y Oxfam Intermón, solicitaron hace tres años que se anulase parcialmente el plan al considerarlo insuficiente. Entre otras cosas, pedían la revisión de los objetivos para no superar los 1,5 centígrados de incremento de temperatura global y que, en ningún caso, la reducción de emisiones para el mencionado periodo fuese inferior al 55% en 2030 respecto de 1990.
El recurso ante el Supremo se basó en un informe de dos expertos, Margarita Ruiz Ramos y José María Baldasano, que demandaron «ser más ambiciosos y más rápidos tomando decisiones». Los ecologistas sostienen que el fallo del Alto Tribunal ignora a la ciencia y los acuerdos internacionales, al desatender «las conclusiones científicas respecto a la emergencia climática» mientras «los datos cada vez son más preocupantes».
Los recurrentes presentarán en los próximos días un incidente de nulidad ante el Supremo con la esperanza de que se modifique la sentencia, con la que disienten en varios puntos. En primer lugar, destacan que el Alto Tribunal reconoce la falta de participación ciudadana en la elaboración del PNIEC, aunque «no aprecia que incurra en causa de nulidad porque no lo ve suficientemente grave».
Los ecologistas también lamentan que se haya desestimado su recurso con «demasiada ligereza», mientras en otros países de nuestro entorno, como Francia y Alemania, los tribunales les han dado la razón. El incidente de nulidad en el Supremo es un requisito imprescindible para acudir al Constitucional, donde las organizaciones tienen intención de presentar un recurso de amparo al considerar que se vulneran diversos derechos fundamentales.
Vulnera derechos fundamentales
«Estamos estudiando la vía porque los recursos al Constitucional son particulares y requieren una tramitación compleja. Entendemos que se están vulnerando derechos fundamentales como la dignidad, la calidad de vida o la igualdad, ya que está demostrado que el cambio climático impacta de formas diferentes según las condiciones sociales», reconoce Jaime Doreste, abogado de los ecologistas.
Inés Díez, responsable jurídica de Greenpeace, sostiene que la sentencia se fundamenta en que en los compromisos internacionales asumidos por España no se contemplan cuáles deben ser los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, por lo que el Gobierno tiene «una gran discrecionalidad a la hora de establecer el porcentaje».
«Este litigio perseguía implicar al poder judicial en la lucha contra el cambio climático. Lamentamos que el Supremo haya dado la espalda al conocimiento científico», insiste Lorena Ruiz-Huerta, abogada de los reclamantes. En su opinión, el fallo confirma que la Justicia española «no está a la altura de la europea», que sí ha enmendado la plana a las autoridades en varios procesos similares.
Sofía Fernández, de Juventud por el Clima, considera «decepcionante» la sentencia del Supremo: «Ignora la relación entre crisis climática y derechos humanos de la que han advertido órganos como el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, dependiente de la ONU)». En la misma dirección apunta Pedro Zorrilla, de Greenpeace: «El propio fallo acepta que, para cumplir el Acuerdo de París, hay que ser más ambiciosos. Y eso es lo que pedimos».
