España pagará 550.000 euros solo en costas por recurrir los embargos de las renovables
Reino Unido rechaza una nueva solicitud para apelar la sentencia que le obliga a indemnizar a una empresa afectada
Una vaca pasta frente a aerogeneradores del Parque eólico de Montouto, en Galicia. | Carlos Castro (Europa Press)
Nuevo revés para España. La Corte Suprema del Reino Unido ha rechazado una nueva solicitud para apelar la sentencia que le obliga a indemnizar con 121 millones de euros a una empresa afectada por la retirada de ayudas a las renovables. El fallo, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, le obliga además a pagar 550.000 euros en concepto de costas provisionales antes de las 16.00 horas del próximo 22 de septiembre. En caso de no hacerlo se enfrenta a los embargos de los activos españoles en las islas.
El alto tribunal británico rechazó el pasado jueves una nueva apelación contra la resolución que obliga a España a indemnizar con 121 millones a Antin Infrastructure Partners, aunque el fondo francés ha vendido a Centerbrigde su arbitraje. El juez Peter Fraser considera que España no puede alegar inmunidad soberana para evitar pagar a las empresas de energías renovables afectadas por la retirada de ayudas hace una década. De esa manera, el magistrado confirmaba la decisión que ya tomó a finales de mayo, cuando declinó una petición similar.
El fallo dispone de tres puntos. El primero desestima la solicitud de nuestro país para recurrir de nuevo la sentencia favorable a Antin. En segundo lugar, ordena a España a pagar los gastos del proceso «que estarán sujetos a una evaluación detallada de inmediato, si no está de acuerdo». En último lugar le obliga a pagar a los reclamantes la suma de 475.000 libras esterlinas, lo que al cambio supone más de 550.000 euros, «en concepto de costas provisionales».
La posibilidad de embargos
El juez exige satisfacer esa cantidad antes de las 16.00 horas del próximo 22 de septiembre. Las fuentes consultadas por este diario explican que el Gobierno español aún puede presentar un recurso ante el Tribunal de Apelación, pero reconocen que cuenta con pocas posibilidades de salir airoso. El fallo acerca la resolución del conflicto entre las empresas afectadas por la retirada de primas a las empresas de energía renovables y España, sobre la que pesa un orden de embargo en Reino Unido.
Los expertos sostienen que el último procedimiento, que afecta a Antin, no afecta el calendario para ejecutar deudas de terceros. Su previsión es que se resuelvan en enero. Nick Cherryman, socio del bufete neoyorquino Kobre & Kim LLP y abogado de las empresas afectadas, considera que España está dilatando el proceso a propósito, pero que los embargos deben producirse en los próximos meses.
Para no pagar, el Gobierno español se aferra a una sentencia que emitió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en septiembre de 2021. Los servicios jurídicos del Estado consideran que el fallo, que limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria, crea jurisprudencia.
La Comisión Europea considera ilegales los laudos que son resultado de acuerdos arbitrales entre países miembros por ser contrarios al derecho comunitario. Aboga por resolverlos en sus tribunales en lugar del Ciadi, una institución dependiente del Banco Mundial que se encarga de dirimir estos pleitos. De hecho, ha solicitado formalmente abandonar el Tratado de la Carta de la Energía, que obliga a los firmantes a garantizar las inversiones extranjeras.
Régimen de ayudas
Los litigios en nuestro país comenzaron hace una década, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy modificó el régimen de ayudas a la producción eléctrica procedente de fuentes renovables que había aprobado seis años antes el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Las compañías entendieron que los cambios le perjudicaban, ya que la nueva normativa tenía carácter retroactivo.
España acumuló 51 procedimientos en instancias internacionales. Una veintena han sido favorables a las empresas, aunque aún quedan un tercio por resolver. Las indemnizaciones reconocidas hasta ahora superan los 1.200 millones de euros. Entre ellos, los 121 que se adeudan a Antin, según un laudo resuelto en 2018 por el Ciadi. El Estado ha tratado de apelar en varias ocasiones, aunque todas con un resultado negativo.
La juez Sara Cockeril resolvió en junio de 2021 que el fallo del órgano dependiente del Banco Mundial fuese registrado como una resolución de la propia Corte Suprema del Reino Unido. España volvió a recurrir, pero Fraser desestimó en mayo sus argumentos, que aludían a que la jurisprudencia de la UE revoca sus obligaciones internacionales. Aún así, no se dio por vencida y ha vuelto a apelar, aunque sin éxito.
El incumplimiento sistemático de las sentencias ha llevado a varias compañías a elevar sus casos a los tribunales ordinarios. La Corte Suprema del Reino Unido aceptó por primera vez en abril confiscar bienes españoles en ese país para satisfacer los pagos. La resolución incluía el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Londres, sus cuentas bancarias y la sede de la embajada comercial de Cataluña. Los expertos consideran que tendrá que ejecutarse, a más tardar, a principios de 2024.
