El Gobierno ocultó a la UE irregularidades en el proyecto dirigido por el general de 'Tito Berni'
La Comisión Europea niega que tuviera acceso al informe de la Intervención General de la Administración sobre Fiiapp
El general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas. | Abel Alonso (EFE)
El Gobierno nunca compartió con la UE el informe sobre las irregularidades en la gestión de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp). La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) alertó en 2020 de su situación tras una auditoría. El organismo financiado con fondos europeos se encarga de gestionar proyectos como el GAR-SI Sahel, en el ojo del huracán tras estallar el caso Mediador, en el que están vinculados el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, conocido como Tito Berni.
«La Comisión Europea no tuvo acceso al informe. Se envió una solicitud de información a la Fiiapp tan pronto como se tuvieron las primeras señales de posibles irregularidades», respondió el pasado junio la comisaria europea de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, al eurodiputado del PP Esteban González Pons, que había registrado una pregunta al respecto en el Parlamento Europeo.
La réplica, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, afirma que la Comisión Europea adoptó «todas las medidas que se consideran adecuadas de conformidad con el marco jurídico aplicable» tras conocer el posible caso de malversación de fondos. El encargado de instruir el caso Mediador es un juzgado de Santa Cruz de Tenerife, pero la parte que afecta a los contratos del proyecto GAR-SI Sahel están en manos de la Fiscalía Europea, que asumió la investigación en abril.
Los miembros del Gobierno
«Cuando la Comisión Europea se entera de casos sospechosos de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte al presupuesto de la UE adopta todas las medidas que considera oportunas de conformidad con el marco jurídico aplicable e informa de ello a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y, en su caso, a la Fiscalía Europea», prosigue Urpilainen. González Pons preguntó en marzo si la institución comunitaria había tenido acceso al informe del IGAE y qué medidas iba a adoptar.
Los expertos consultados por este diario sostienen que, si el Gobierno o alguno de sus miembros conocían el informe de la IGAE, tenían la obligación de elevarlo a las instituciones europeas para que aumentaran los controles de seguridad, al ser quienes financiaban sus proyectos. Sin embargo, este escenario nunca se produjo, tal y como reconoce la comisaria europea de Asociaciones Internacionales.
El nombre de la Fiiapp saltó a los medios durante la explosión del conocido caso Mediador, en el que Espinosa Navas jugaba, presuntamente, un papel esencial. Los investigadores señalan al general retirado de la Guardia Civil, en libertad provisional, como el líder de la trama. Le acusan de beneficiar a distintos empresarios que suministraban drones en Mauritania y Níger a cambio de comisiones. Los contratos bajo sospecha superan los 260.000 euros.
Espinosa Navas era el responsable del proyecto GAR-SI Sahel, un programa de colaboración con las fuerzas de seguridad de varios países africanos para garantizar la seguridad y la estabilidad en los países del norte de África y Senegal. La Fiiapp gestiona casi 70 millones de euros al año y realiza entorno a un centenar de actuaciones que financia gracias a fondos europeos. Las sospechas sobre la institución pesaban desde 2020, cuando la IGAE denunció graves irregularidades en su gestión.
«Cláusulas ajenas al contrato»
Los estatutos de la institución establecen que entre la veintena de miembros de su Patronato se encuentran el vicepresidencia del Gobierno, que entonces recaía en Carmen Calvo, y los ministros de Exteriores y Justicia, que en ese momento eran Arantxa González Laya y Juan Carlos Campo respectivamente. También figuraba secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, actual ministra de Derechos Sociales y secretaria de Podemos.
Las sospechas sobre la gestión de la institución llevó a la IGAE, el cuerpo de interventores del Estado, a analizar las cuentas de la institución en 2018, sustituyendo así a la empresa especializada que lo hacía de forma habitual. El informe que emitió la Oficina Nacional de la Auditoría el 29 de enero de 2020 fue demoledor.
Tal y como adelantó el diario Abc el pasado marzo, los técnicos señalaron las «debilidades existentes» en materia de contratación asegurando que sus controles no se adaptaban «al espíritu de transparencia, publicidad y concurrencia». El interventor enumeró hasta 26 incumplimientos y subrayó que la Fiiapp se había saltado sistemáticamente los procedimientos de libre concurrencia. Además, había incluido «cláusulas ajenas al objeto de contrato que pueden producir nulidad de pleno derecho».
La información que reveló Abc aseguraba que el Gobierno conocía desde 2020 las irregularidades. González Pons registró una pregunta en el Parlamento Europeo ese mismo día. Su intención era conocer si la Comisión Europea había tenido acceso al informe que señalaba, entre otras cosas, que la adjudicación de los contratos se realizaban «sin ningún tipo de proceso de licitación, vínculos entre el contratista y el Gobierno beneficiario, falta de transparencia, concesión de prórrogas no permitidas y la inclusión de cláusulas ajenas al objeto de los contratos».
