Balaguer discrepa de la polémica decisión del TC sobre Puigdemont: «No es la manera usual»
La magistrada considera que la decisión debería haberse tratado en pleno y aboga por ser «lo más ajenos a la política»
La magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Balaguer. | Jesús Hellín (Europa Press)
La decisión del Tribunal Constitucional sobre Carles Puigdemont ha sorprendido al sector progresista. No por el fondo, sino por la forma. La Sala de Vacaciones de la corte de garantías decidió este miércoles inadmitir a trámite el recurso del expresident catalán contra la orden de detención por malversación agravada y desobediencia dictada a finales de julio por el juez Pablo Llarena, ponente del procés. Al voto particular de la magistrada Laura Díez se ha sumado este jueves la reflexión de María Luisa Balaguer, que considera que la fórmula empleada por sus compañeros «no es la usual».
La Sala de Vacaciones, compuesta por los magistrados conservadores Concepción Espejel y César Tolosa y la progresista Laura Díez, acordó este miércoles inadmitir el recurso de amparo interpuesto por Puigdemont y su exconsejero Antoni Comin por «la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo».
Díez emitió un voto particular al considerar que dicha sala no debió resolver la cuestión por no ser urgente y que el recurso de amparo debió ser admitido, algo con lo que no contaba siquiera el entorno del expresident. Tampoco con la celeridad del fallo, que entienden como «una injerencia política» en un momento en el que el papel de Junts, el partido de Puigdemont, se antoja clave para la gobernabilidad del país.
La petición de Puigdemont
«En relación a la mecánica en situaciones de este tipo, no es la manera usual de resolverlo», ha asegurado Balaguer en una entrevista en la Cadena Ser. La Sala de Vacaciones se arrogó la competencia por la necesidad de resolver la petición de adoptar las medidas cautelarísimas solicitadas por Puigdemont y su exconsejero. No obstante, la magistrada almeriense explica que cuando esas medidas se van a denegar «no existe urgencia».
Balaguer insiste en que «la Sala de Vacaciones casi nunca resuelve nada, salvo asuntos de otra naturaleza». Recuerda que desde 2017, cuando se inició el procés y comenzaron a llover asuntos en el Constitucional, los magistrados acordaron que estas cuestiones se admitieran a trámite y fuesen resueltas por sentencia (en el pleno). Un pacto que se ha seguido hasta ahora por «su trascendencia, a la ausencia de doctrina y a que se trata de un asunto de suma gravedad».
«No sé que ha animado a estas personas a resolver por auto una situación que generalmente se suele admitir a trámite y advocando al pleno», ha reconocido Balaguer. La magistrada ha avanzado que esta no es la única cuestión que tiene pendiente de resolver el Constitucional sobre Puigdemont. «Yo soy ponente de algunas sentencias pendientes. Lo más razonable, lo que se suele hacer, es que cuando un asunto ya está interpuesto y hay reiteraciones, como este caso, se conecte con los anteriores».
La magistrada confirma a THE OBJECTIVE que no ha recibido ninguna llamada de sus colegas, aunque asegura que tampoco están obligados: «Se hace por cortesía». Balaguer resta dramatismo a la situación. Considera que «son magistrados jóvenes, que acaban de llegar» y que no tienen por qué conocer el procedimiento que se sigue en este escenario.
Injerencias políticas
Balaguer ha evitado pronunciarse sobre posibles injerencias políticas. «No me puedo pronunciar ni me corresponde decirlo. Habrán hecho lo que hayan considerado oportuno y también hay un voto discrepante. Le puedo decir que es inusual, pero no puedo entrar en intenciones».
La jurista, que compitió con Cándido Conde-Pumpido por presidir el Constitucional, rechaza que exista una izquierda y una derecha judicial, pero reconoce que todos tienen unas ideas políticas: «Yo procuro ajustarme lo máximo posible al texto normativo en mis sentencias. Debemos estar lo más alejados de la política posible». Sobre el cambio de parecer de la Fiscalía, que el mes pasado anunció que no recurriría la decisión del juez Llarena, asegura que en este caso lo que entra a valorar «es la forma, no el fondo».
