La Fiscalía se querella contra Rubiales por agresión sexual y coacciones a Hermoso
El Ministerio Público solicita que se tome declaración al presidente de la RFEF en condición de investigado
Luis Rubiales abraza a Jenni Hermoso tras la final del Mundial Femenino. | Richard Callis (Zuma Press)
El caso Rubiales llega a la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha presentado este viernes una querella contra Luis Rubiales por un delito de agresión sexual y otro de coacciones contra Jenni Hermoso. Los hechos corresponden al beso en la boca no consentido que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio a la jugadora durante las celebraciones por el título mundial. El Ministerio Público solicita que se tome declaración al dirigente en condición de investigado y que se recabe la tipificación que tiene este delito en Australia.
Los delitos que se le imputan a Rubiales están recogidos en los artículos 178 y 172 respectivamente del Código Penal, lo que puede suponer penas de hasta cuatro años de cárcel. La Fiscalía entiende que el presidente de la RFEF, suspendido temporalmente por la FIFA, besó a la jugadora «mientras le agarraba la cabeza con las dos manos» durante el acto de entrega de trofeos por su victoria mundialista. La final se celebró el pasado 20 de agosto en Sídney (Australia).
Así lo relató ante la fiscal la propia Hermoso, que aseguró que el beso se produjo sin consentimiento. La jugadora también afirmó en su comparecencia el pasado martes que tanto ella como su entorno más próximo sufrieron «una presión constante y reiterada por parte de Rubiales y el entorno profesional de este para que justificara y aprobara los hechos».
Rubiales, imputado
En la querella, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la fiscal pide que se tome declaración a Rubiales en condición de investigado y a Hermoso como víctima. Considera que la jugadora sufrió «una situación de hostigamiento en contra del desarrollo de su vida en paz, tranquilidad y libremente» que podría ser constitutivo de un delito de coacciones.
El texto, de cinco páginas, especifica que la jugadora no denunció el beso de Rubiales en el país donde tuvo lugar, «donde no consta la existencia de procedimiento penal alguno». Por eso la fiscal Marta Durántez pide que se recabe información de las autoridades australianas sobre la tipificación de los delitos contra la libertad sexual en sus normas penales. En este país, un beso no consentido está tipificado como un delito de «beso indecente» y puede ser castigado con hasta cinco años de prisión.
La Audiencia Nacional debe determinar ahora a cuál de sus seis juzgados le corresponda por reparto instruir la causa. Al abrir diligencias, la fiscal ya consideró el beso de Rubiales como un acto que «no fue consentido». Entonces, Hermoso ya había publicado un comunicado en el que afirmaba que se había sentido «vulnerable» y «víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista y sin ningún tipo de consentimiento de mi parte». Sin embargo, su denuncia era vital para abrir un proceso penal.
Rubiales ha tratado de justificarse desde que estalló el escándalo. En un primer momento aseguró que el beso no tenía «ninguna maldad» y cargó contra aquellos que le recriminaron su actitud. Luego, en un tono más conciliador, trató de disculparse de firma sincera, pero en la asamblea en la que anunció que no iba a dimitir acusó a la futbolista de mentir y criticó el «falso feminismo».
El caso Rubiales continúa en el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). El órgano ya resolvió que suponía una infracción grave y no muy grave, por lo que el Gobierno no podía suspenderle de forma inmediata. Su intención se vio empañada por la demora en desarrollar el reglamento de la Ley del Deporte aprobada el año pasado, por lo que los miembros del tribunal deportivo tuvieron que echar mano de una normativa anterior. El Ejecutivo solicitó entonces que adoptara una decisión temporal mientras se resuelve el expediente «por el daño causado a la imagen de España».
