La junta de Anticorrupción respalda el criterio de su fiscal jefe frente al de la fiscal de 'Púnica'
Ambas instituciones discrepaban sobre las diligencias a practicar en una investigación secreta
El jefe de Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón Cánovas. | Europa Press
La junta de Anticorrupción ha respaldado este martes el criterio de su fiscal jefe, Alejandro Luzón, frente al de Carmen García Cerdá, una de las fiscales de la macrocausa Púnica, sobre los pasos a seguir en una investigación que permanece secreta. Según las fuentes fiscales consultadas por Europa Press, la mayoría de los miembros de esta fiscalía especial se ha alineado con Luzón, que consideraba innecesarias una serie de diligencias requeridas por García Cerdá.
Un total de 19 fiscales han apoyado al jefe de Anticorrupción mientras que otros 5 han apoyado «con matices» la postura de García Cerdá. Así las cosas, las diligencias en cuestión no se solicitarán.
No obstante, cabe recordar que la junta, que se ha celebrado a puerta cerrada durante horas, tiene carácter consultivo, de modo que, una vez escuchada, Luzón podía ratificarse en su decisión o corregirla sin vincularse a la opinión mayoritaria. Luzón también podría haber asignado la causa a otro fiscal o incluso la propia García Cerdá podría haber renunciado a continuar, pero las fuentes indican que se mantendrá a cargo de este procedimiento.
La fiscal invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), según el cual cuando un fiscal «recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente», se lo trasladará a su superior y, en caso de persistir la discrepancia, éste podrá convocar junta.
Las citadas fuentes explican que se trata de un mecanismo excepcional, por cuanto resulta inusual que los fiscales recurran al mismo. En el caso de García Cerdá, no es la primera vez que difiere de Luzón.
En Púnica han sido sonadas las diferencias entre el jefe de Anticorrupción y las fiscales de la causa, tanto García Cerdá como Teresa Gálvez. De hecho, éstas optaron por no firmar el informe de la pieza número 9 –sobre la presunta ‘caja b’ del PP de Madrid–, en el que se proponía librar a los ex presidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González, como finalmente hizo el juez instructor. Solo se entregó con la firma del fiscal Alejandro Cabaleiro.
