La Fiscalía pide al Supremo que abra juicio contra Ponsatí por un delito de desobediencia
La eurodiputada de Junts fue detenida en julio después de que ella misma anunciara que se encontraba en Barcelona
La eurodiputada de Junts y exconsellera Clara Ponsatí. | Lorena Sopêna (Europa Press)
La Fiscalía ha pedido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que abra juicio oral contra la exconsejera catalana y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí después de que el juez instructor, Pablo Llarena, dictara el pasado julio el auto de conclusión de sumario tras tomarle declaración cuando fue detenida por un presunto delito de desobediencia por el 1-O.
Según ha adelantado OkDiario y han confirmado fuentes fiscales a Europa Press, el Ministerio Público ha presentado el escrito antes de que los magistrados de la Sala se pronuncien sobre el horizonte judicial de Ponsatí. El pasado julio, Llarena dictó el auto de conclusión de sumario al considerar que tras haberle tomado declaración no era necesaria ninguna indagación más. Así, puso fin a las pesquisas y las elevó a la Sala de lo Penal, que será quien decida los próximos pasos.
Ponsatí fue detenida en julio después de que ella misma anunciara en sus redes sociales que se encontraba en Barcelona, a pesar de la orden de busca y captura nacional que pesaba en su contra. Llarena acordó que fuera el Juzgado de Guardia de Barcelona quien le tomara declaración para comunicarle su procesamiento por desobediencia y poder continuar así el procedimiento penal en su contra.
La exconsejera se acogió a su derecho a no declarar, tras lo cual quedo libre, tal y como había dispuesto el instructor del procés, aunque con la imposición de designar domicilio en España para recibir notificaciones judiciales.
El plantón de Ponsatí al Supremo
Aquella fue la segunda vez que Ponsatí fue detenida en Barcelona por orden del Supremo. Ya lo fue el 28 de marzo y entonces fue puesta en libertad con la obligación de que acudiera a declarar ante Llarena el 24 de abril, pero se ausentó alegando, primero, que tenía trabajo en la Eurocámara y, segundo, que estaba amparada por su inmunidad como eurodiputada.
Tras este plantón, el instructor volvió a dictar orden de busca y captura nacional contra Ponsatí con el único objetivo de que pueda comunicarle su procesamiento por un delito de desobediencia y continuar así el procedimiento penal en su contra, que hasta el pasado marzo estaba paralizado por encontrarse prófuga en Bruselas.
Llarena resolvió que había faltado a su cita con el Supremo «injustificadamente», al considerar que se podían haber buscado fórmulas para que compareciera incluso desde Estrasburgo; mientras que la segunda cuestión planteada por Ponsatí la contestó el Tribunal General de la UE (TGUE) el pasado 5 de julio al levantar la inmunidad que retenían cautelarmente la ex consejera, el también ex consejero Toni Comín y el ex presidente catalán Carles Puigdemont.
De esta forma, el TGUE despejó el camino para que Llarena, previa petición de los fiscales del ‘procés’, pueda reactivar las euroórdenes contra Puigdemont y Comín. No obstante, en el caso de Ponsatí ya no es posible porque ha quedado procesada por un delito sin cárcel.
Delito sin cárcel
El horizonte penal de Ponsatí se despejó tras la entrada en vigor el 12 de enero de la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación, obligando a Llarena a revisar el procesamiento de los huidos del ‘procés’. Hasta ese momento, la exconsejera estaba procesada por sedición, por lo que la desaparición de este delito -penado con entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación- propició que el magistrado lo sustituyera por el de desobediencia, castigado con multa de 3 a 12 meses e inhabilitación de 6 meses a 2 años.
Aunque tanto Fiscalía como Abogacía del Estado solicitaron al instructor que sumara el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, con penas de 3 a 5 años de cárcel y 6 a 8 de inhabilitación, Llarena lo descartó. Así las cosas, las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que el camino a recorrer por Ponsatí es similar al que ya siguieron ante el Supremo la ex diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel y la ex consejera catalana Meritxell Serret. Tras regresar de Suiza y Bélgica, respectivamente, prestaron declaración ante Llarena y éste las dejó libres para después poner fin a la investigación y avanzar a juicio.
