Nuevo varapalo judicial a Hacienda: absuelven por segunda vez a su enemigo número uno
La Audiencia de Madrid también absuelve al magnate del acero José María Aristrain del delito de alzamiento de bienes
Segunda absolución en año y medio para el ex enemigo público número uno de Hacienda. La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al magnate del acero José María Aristrain, una de las mayores fortunas de España y uno de los máximos accionistas de ArcelorMittal, de un presunto delito de alzamiento de bienes por el que la Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión para el empresario y uno de sus sobrinos. En un nuevo varapalo para la Agencia Tributaria, la sección segunda de ese tribunal ha declarado que durante el juicio el Ministerio Público y Hacienda no lograron probar los hechos por los que Aristrain y su sobrino se sentaron en el banquillo de los acusados el pasado 21 de septiembre.
«No se ha acreditado que los acusados actuaran con la intención de perjudicar los intereses de la Agencia Tributaria», concluyen los jueces en la sentencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El fallo de los jueces es similar al que también la Audiencia Provincial de Madrid dictó en enero de 2022 y que supuso la absolución de Aristrain, cuando la Fiscalía y Hacienda solicitaban para él una pena de 64 años de prisión y 1.190 millones de euros de multa por un presunto fraude fiscal de 211 millones de euros entre 2005 y 2009.
En esta ocasión el Ministerio Público y la Agencia Tributaria acusaban a Aristrain de haber simulado la compraventa de un inmueble en Madrid para eludir así la ejecución de un embargo, con la presunta participación de uno de sus sobrinos como presunto cooperación necesario del presunto delito de alzamiento de bienes. En su sentencia, los jueces subrayan que en el procedimiento «no ha quedado probado que los acusados enajenasen el inmueble con el fin de perjudicar a la Agencia Tributaria».
Un inmueble de 5,5 millones de euros
El fallo considera como hechos probados que en diciembre de 2012 la sociedad Pioninin SL, participada en un 99,9% por Aristrain, vendió el inmueble ubicado en la calle Zurbano de Madrid por un precio aplazado durante cinco años de 5,5 millones de euros más 220.000 euros de IVA. El inmueble fue vendido al propio Aristrain, actuando su sobrino como apoderado de la sociedad. La Fiscalía y la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, acusaban a ambos de haber enajenado «de forma concertada» el inmueble para impedir «la eficacia de un procedimiento ejecutivo tributario de previsible iniciación para el cobro de una deuda vencida». Es decir, la futura y «previsible» ejecución de un embargo sobre la propiedad, lo cual no se produjo hasta tres años después del cambio de titularidad del inmueble y por una deuda tributaria adquirida en 2014.
Sostenían el Ministerio Público y Hacienda que en el momento en que se procedió a cambiar de titularidad el inmueble, la Fiscalía ya había incoado diligencias por los 11 delitos fiscales de los que Aristrain acabaría siendo absuelto once años después, en 2022. Sin embargo, los magistrados reprochan a los inspectores de Hacienda y a la Fiscalía haber «pasado de puntillas» sobre la cuestión de la previsibilidad. Subrayan que el procedimiento administrativo de la Agencia Tributaria sobre Pioninin SL se inició, precisamente, a raíz de una serie de declaraciones complementarias presentadas por esa sociedad el 15 de febrero de 2012, en las que se incluyó el gasto de las obras realizadas en el inmueble, incluido el IVA soportado, como valor del inmueble reformado.
Además, los jueces recuerdan que para incurrir en el delito por el que Aristrain y su sobrino se sentaron en el banquillo de los acusados el pasado 21 de septiembre es necesario probar una «intencionalidad» de perjudicar a sus acreedores, en este caso la Agencia Tributaria. «Corresponde a las acusaciones a través de la prueba pericial, justificar fundamentadamente la naturaleza de la infracción, y lo cierto es que esto no ha sucedido», indica la sentencia.
La defensa de Aristrain
La defensa del magnate del acero y de su sobrino -ejercida por Carlos Neira, del despacho Garrido, Isabel López Paños y María Dolores Márquez de Prado- rechazaba que existiese cualquier intencionalidad de perjudicar los intereses de la Hacienda pública ni de ocultar la operación de compra-venta del inmueble. Además, alegaba que la incoación del expediente administrativo por el que se quiso ejecutar el embargo del inmueble fue posterior a la venta del inmueble. Y añadió que, como consecuencia de la operación, la mercantil adquirió un crédito de 5,5 millones de euros (más IVA) frente a una persona, José María Aristrain, «con una solvencia económica conocida» y titular de 400 millones de euros en acciones de ArcelorMittal.
Durante el juicio, el sobrino del empresario negó que la venta fuese fraudulenta. Explicó que «estuvo en una reunión donde había varias personas presentes para valorar la situación tributaria de su tío y, como quiera que este iba a mudarse a vivir de Somosaguas a Zurbano, el asesor fiscal les aconsejó que tenían que comprar la vivienda». «Para evitar que fuese una autocontratación, se le pidió si tenía inconveniente en actuar en representación de la sociedad, sin recibir nada de la operación», añadió el sobrino de Aristrain. El asesor fiscal del empresario añadió que la operación «se realizó con finalidad de que la titularidad jurídica recayese en la persona que tenía el uso y disfrute del mismo».
Varapalo a Hacienda
En su sentencia, los jueces consideran clave la inexistencia de contraprestación y recuerdan que «la venta de un bien embargado, en abstracto, no es por sí misma delictiva». «Ningún alzamiento de bienes se produce cuando la transmisión del bien embargado o futuramente embargado se realice a cambio de un precio equivalente», añaden los jueces. El perito designado por Garrido para el procedimiento, Juan Luis Sendín, señaló en un informe que «no hubo ningún tipo de ocultación» en la operación de compra-venta del inmueble, y que la misma «se incluyó en las cuentas anuales» de la sociedad Pioninin SL. «Se cambió un inmueble gravado por la sociedad por un crédito libre de cargas de una persona con un patrimonio ingente», indicó la pericial aportada por la defensa de Aristrain.
Los abogados del empresario justificaron que la sociedad intercambiara el inmueble por un crédito de 5,5 millones de euros, pactando un pago aplazado a cinco años, debido a que Aristrain «tenía embargado su patrimonio inmobiliario y bancario embargado a causa de la imputación por once delitos fiscales que durante once años supusieron un calvario y por los cuales fue finalmente absuelto, lo que de facto le privaba de liquidez, y ello a pesar de haber intentado sustituir aquellos embargos por otros sobre las acciones de las que era titular». «Y fue esa falta de liquidez la que impidió al acusado abonar el pago del precio en el plazo fijado», añadía.
Unos meses después de firmarse la compra-venta del inmueble, en abril de 2013, la Agencia Tributaria abrió un procedimiento administrativo a esa mercantil en relación con las liquidaciones de IVA correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011, a raíz de una serie de declaraciones complementarias presentadas por esa sociedad el 15 de febrero de 2012, en las que se incluyó el gasto de las obras realizadas en el inmueble, incluido el IVA soportado, como valor del inmueble reformado.
El procedimiento terminó con un acta de conformidad fechada el 29 de julio de 2014 por un importe total de 661.296 euros. En noviembre de 2015 la Agencia Tributaria embargó aquel inmueble al no haberse inscrito el cambio de titularidad de la vivienda aún en el Registro de la Comunidad de Madrid. Cuando iba a celebrarse la pertinente subasta, Aristrain presentó administrativamente una tercería de dominio y paralizó la ejecución.
Al tiempo del otorgamiento de la escritura pública no existía ningún procedimiento judicial ni tributario de inspección ni apremio abierto a la mercantil Pioninin SL, añade la sentencia en el capítulo de hechos probados. El inmueble descrito, junto al resto de patrimonio de Aristrain, se encontraba embargado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Pozuelo en el marco de las diligencias incoadas por la Fiscalía en 2011 contra Aristrain por 11 presuntos delitos contra la Hacienda Pública de los que quedó absuelto 11 años después.
Y aquí también les va a salir gratis a los responsables de haber perseguido a un ciudadano sin motivo.
Hacienda es cada día más una cueva de ladrones.
Dedicado al MASTUERZO (3ª acepción de la RAE) del Alejado:
Dirigentes del PSOE condenados por CORRUPCIÓN:
–>Ministro Interior José Barrionuevo Peña. Fue condenado a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por implicación en banda criminal, por el delito continuado de malversación de caudales públicos y fondos reservados en sobres.
–>Subsecretario de Interior y Director de la Seguridad del Estado. Rafael Vera Fernández. Condenado a 7 años de prisión y 18 de inhabilitación por un delito continuado de malversación de caudales públicos «caso de los fondos reservados», al considerar probado que se lucró personalmente «en cantidades importantísimas» y sustrajo otras cantidades a favor de terceras personas, «hasta una cifra global que supera de lejos los 600 millones de pesetas».
(Sigue)
–>Director ni más ni menos que de la Guardia Civil Luis Roldan Ibáñez: Ni tan siquiera terminó el bachillerato, se presentaba como “ingeniero industrial y economista” y para empezar ya pidió la llave de la caja de caudales de los niños huérfanos de la Guardia Civil con 7 millones de ptas. dentro. Se fugó de España, la fuga más famosa de España, siendo detenido por policías españoles en el aeropuerto de Bangkok (Tailandia). Condenado a 28 años de cárcel, por malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa. Entre lo que quedó demostrado estaba que se llevó 435 millones de pesetas de los fondos reservados y 1800 millones en comisiones “b”. Por ello se le impuso una multa de 1600 millones de pesetas y una indemnización al Estado de 578,9 millones.
–>Subdelegada del Gobierno por el PSOE en Málaga y Directora de La Guardia Civil. María Gámez Gámez. Dimitió de su cargo de directora general de la Guardia Civil, tras la imputación de su marido, por la supuesta comisión de los delitos de «prevaricación administrativa, malversación y blanqueo de capitales» cuando era jefe de gabinete del antiguo consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía.
–>Vicepresidente del Gobierno de España, Ministro de Trabajo y de otros ministerios y Presidente de la Comunidad de Andalucía. Manuel María Chaves González. Condenado a 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación. Se ha librado de cárcel por no ser del Partido Popular.
–> Ministro de Sanidad y Consumo en España y más tarde Ministro de Trabajo y Seguridad Social y más tarde Presidente de Andalucía. José Antonio Griñán Martínez. Condenando a 6 años y 2 días de prisión e inhabilitación absoluta por 15 años y 2os días, por malversación de caudales públicos y prevaricación continuada, por su implicación en el caso de los ERE.
–> Diputada por PSOE en Europa y Ministra de Fomento en España Magdalena Álvarez Arza. La misma que solo se le ocurre a alguien del PSOE terminar un AVE 4 km antes de llegar a la Estación de Santiago de Compostela y eso que la UE financiaba hasta Santiago. Imputada por desvío de capitales públicos entre los años 2001 y 2010 bajo el mandato del PSOE, con fianza de 29 millones de euros y condenada por un delito de prevaricación a 9 años de inhabilitación por_el_caso_ERE.
(Sigue)
–> Secretario de Estado de Cooperación Territorial. Vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y Presidente Junta de Andalucía. Gaspar Carlos Zarrías Arévalo. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, en la que se le condenó a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.
–>Ministro de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía. José Antonio Viera Chacón. Condenado a siete años y un día de prisión, y a inhabilitación absoluta durante 18 años y un día por los delitos continuados de malversación y prevaricación.
–>Ministro de Empleo de la Junta de Andalucía. Antonio Fernández García. Condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel, e inhabilitación absoluta durante 19 años, seis meses y un día, por los delitos continuados de malversación y prevaricación.
–>Ministra de Hacienda de la Junta de Andalucía. Carmen Martínez-Aguado. Condenada a 6 años y dos días de prisión e inhabilitación absoluta durante 15 años y dos días.
(Sigue)
–>Ministro de Obras Públicas Junta de Andalucía, y antes Ministro de Innovación, Ciencia y Empresa. Francisco Vallejo Serrano. Condenado a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 18 años y un día.
–> Director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía. Francisco Javier Guerrero. Condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por 19 años, 6 meses y un día.
–> Viceconsejero de Empleo de La Junta de Andalucía. Agustín Barberá Salvador. Condena: 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta por prevaricación y malversación.
–>Ministro de Justicia de la Junta de Andalucía. Jesús María Rodríguez Román. Condenado a 6 años y dos días de prisión e inhabilitación absoluta durante 15 años y dos días.
–>Ministro de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Jesús Rodríguez Román. Condena: 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta por prevaricación y malversación.
(Sigue)
–> Director General de Trabajo y Seguridad Social. Condena: 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta por prevaricación y malversación.
–> Presidente de Renfe y José Salgueiro Carmona y Ministro de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. Condena: 9 años de inhabilitación especial por prevaricación.
–>Etc. etc. etc. etc. etc.
IMPOSIBLE NO HAY PARTIDO MÁS CORRUPTO DEL MUNDO, INCLUSO UN GRANUJA DE PRESIDENTE SUBVENCIONANDO A LA EMPRESA QUE VENDIÓ SU SUEGRO.