Los afectados por los laudos instan a formar Gobierno para evitar embargos internacionales
Las empresas afectadas por la retirada de ayudas a las renovables advierten del aumento de los intereses de demora
Los animales conviven con molinos de energía eólica en la Sierra del Gistral, en Lugo. | Carlos Castro (Europa Press)
España podría perder en unas semanas la sede del Instituto Cervantes en Londres y el Instituto Vicente Cañada Blanch. Son algunos de los bienes sobre los que pesa una orden de embargo por el impago de indemnizaciones a las empresas de energías renovables, que denunciaron la retirada de ayudas con carácter retroactivo ante los organismos internacionales. La factura supera los 1.200 millones de euros, a los que hay que sumar otros 25o por intereses de demora. Las compañías afectadas instan a los partidos a formar Gobierno y resolver la situación para evitar que aumente la cifra y que se confisquen más activos.
Hay procedimientos de embargos contra España en Reino Unido y Australia, a los que podría sumarse en breve otros en Estados Unidos. El más abultado, el que afecta a NextEra, valorado en 300 millones de euros. Hace dos semanas, la japonesa JGC denunció a nuestro país ante la justicia estadounidense por los impagos a las renovables. La empresa operaba dos plantas de energía solar en la provincia de Córdoba hasta que en 2013 sufrió la retirada de primas aprobadas seis años antes.
JGC presentó una denuncia por incumplimiento del Tratado de la Energía ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). El tribunal condenó a España en 2021 a pagar 23,5 millones. La empresa japonesa no fue la única que acudió al organismo dependiente del Banco Mundial, donde se abrieron medio centenar de procesos. Por el momento, los mediadores internacionales han dado la razón a los afectados en 22 ocasiones.
El Gobierno rechaza pagar
La factura por indemnizaciones supera ya los 1.200 millones de euros, pero España aún no ha satisfecho ningún pago por los laudos condenatorios. La cifra resulta más abultada si se consideran las condenas en costas, los intereses de demora o los honorarios de consultoras y abogados. Por esos conceptos, nuestro país tendrá que abonar más de 250 millones extras.
Los afectados por la retirada de primas a las renovables advierten de que esa cantidad crece sin parar, por lo que instan a las formaciones políticas a no dilatar más la formación de Gobierno. «Cada día que pasa aumenta el gasto para los contribuyentes y aumenta la inseguridad jurídica en España», afirman fuentes de las empresas a THE OBJECTIVE. Consideran necesario un Ejecutivo que no se encuentre en funciones para liquidar deuda y evitar males mayores: los embargos en Reino Unido.
No son los únicos pendientes. La Corte Suprema australiana ya autorizó la incautación de activos por valor de 101 millones de euros. La operación se concretará en los próximos meses, después de que los afectados facilitaran una lista de posibles objetivos. Peligran la sede del Instituto Cervantes en Sidney, edificios, cuentas corrientes, obras de arte y los activos de Navantia en el país austral. Estados Unidos también podría activar los embargos en los próximos meses.
«Son procesos rápidos, pero España está recurriendo y eso dilata el proceso. Antes de que finalice el año tienen que convertirse en definitivos», explicó este verano Nick Cherryman, socio del bufete neoyorquino Kobre & Kim LLP. El abogado de las empresas afectadas por los impagos a las renovables pasó en junio por Madrid, donde mantuvo encuentros con «diferentes ámbitos de la sociedad española». Volverá en noviembre para explicar la situación de los procedimientos.
De Reino Unido a Australia
Los litigios comenzaron con el plan de apoyo a la producción eléctrica procedente de fuentes renovables que aprobó el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Seis años más tarde, el Gobierno de Mariano Rajoy modificó ese régimen perjudicando a las empresas que habían comenzado a recibir las ayudas, ya que la normativa tenía carácter retroactivo.
España acumuló 51 procedimientos en instancias internacionales. Una veintena de los resueltos hasta la fecha han sido favorables a las empresas. Las indemnizaciones reconocidas superan los 1.200 millones de euros. El incumplimiento sistemático de laudos llevó a varias compañías a elevar sus casos a los tribunales ordinarios. La Corte Suprema del Reino Unido aceptó por primera vez en abril confiscar bienes españoles en ese país para satisfacer los pagos. Días más tarde, la justicia australiana seguía sus pasos.
Para no pagar, España se aferra a la Comisión Europea, que considera ilegales los laudos que son resultado de acuerdos arbitrales entre países miembros por ser contrarios al derecho comunitario. Aboga por resolverlos en sus tribunales en lugar del Ciadi. Para ello ya ha solicitado formalmente abandonar el Tratado de la Carta de la Energía, que obliga a los firmantes a garantizar las inversiones extranjeras.
Las empresas afectadas por el impago de los laudos esperaban que las elecciones del 23-J supusieran un punto de inflexión en la batalla que emprendieron hace casi una década. La mayoría de las encuestas otorgaban la victoria del PP y confiaban en que Alberto Núñez Feijóo enmendara la plana a Rajoy, que fue quien eliminó las ayudas. No obstante, la probable reelección de Pedro Sánchez ha rebajado sus expectativas, pues ha sido el presidente que se ha negado a pagarles hasta ahora.
