Pascual Sala, expresidente del TC: «La amnistía debe dirigirse a garantizar la convivencia»
El jurista valenciano considera que si su objetivo es la investidura de Pedro Sánchez, la medida sería inconstitucional
El magistrado Pasqual Sala durante la jornada sobre amnistía. | Fernando Alvarado (EFE)
La clave de la amnistía puede estar en el preámbulo de la Constitución. Esa es la consideración que ha realizado este martes el ex presidente del Tribunal Constitucional Pascual Sala, que ha participado en un debate sobre los desafíos del Estado de derecho organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). El jurista valenciano ha afirmado que la medida de gracia que se pretende otorgar a los encausados del procés debe dirigirse a garantizar la convivencia, pero que sería inconstitucional si su objetivo fuese investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
El preámbulo de la Carta Magna proclama su voluntad de «garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo». Sala, que presidió el Constitucional entre 2011 y 2013, es consciente de que «el encaje de Cataluña en España es un problema nacional», por lo que es lógico que se busque una solución. Avala que sea a través de una amnistía, cuyo término no aparece en el texto supremo, aunque siempre que sea para garantizar la paz social.
«La amnistía puede aprobarse siempre y cuando sea esta la finalidad. Estaríamos interpretando un argumento esencial», ha reconocido el magistrado sobre las razones que esgrimen PSOE y Sumar. Partidario de la indisolubilidad del Estado español, como proclama el artículo 2 de la Constitución, Sala considera que se puede discutir la oportunidad política, pero si el motivo de fondo es ese, conseguir los votos para investir a Sánchez, la medida sería «arbitraria e inconstitucional».
La amnistía como solución
Sala ha realizado estas declaraciones en el Foro Justicia ICAM sobre los desafíos del Estado de derecho, en el que también han participado el catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbernat y Encarnación Roca, magistrada de la corte de garantías entre 2012 y 2021, los últimos cuatro años como vicepresidenta.
La jurista, nacida en Barcelona, ha afirmado que el problema de Cataluña palpita en su familia desde que finalizó la Guerra de Secesión en 1714. «Desde entonces no ha habido ninguna solución positiva», se ha lamentado. La amnistía, ha avanzado, tampoco lo será. En su opinión se trata de una cuestión política que ha seguido pasos exigidos, no proclamados, como el indulto y la derogación del delito de sedición.
«La amnistía en una consecuencia lógica de haber derogado el delito de sedición. Queda uno que no ha desaparecido, el de la malversación, que podría comportar consecuencias comprometidas. Europa se traga que no hay sedición, pero cuando roza el larguero de la UE esta dice que hay que seguir una serie de normas», ha sostenido Roca. En su opinión, los países democráticos deben preservar el Estado de derecho, que comporta la división de poderes, algo que pone en riesgo esta medida de gracia.
Roca ha alertado del peligro de no controlar al Poder Ejecutivo, ahora en funciones, y ha recordado que los gobiernos occidentales habían estado tentados, y lo habían hecho, de recortar derechos fundamentales durante la pandemia. El Constitucional incluso falló en contra de los decretos de alarma del Gobierno, que «cada vez tiene más tentaciones de saltarse las limitaciones constitucionales». En esta ocasión ha preferido no pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley que aún no existe.
El principio de igualdad
En un ejercicio práctico, la magistrada catalana ha explicado qué pasaría si el Poder Ejecutivo envía al Legislativo una ley de amnistía, algo que considera contrario al principio de igualdad. «Si se perdona a unos señores por cometer un delito de sedición, ¿por qué no a los demás? ¿Por qué no a los de la Gürtel? ¿O a Urdangarín? Si están de acuerdo en el Estado de derecho deben estarlo también con el principio de igualdad».
Gimbernat ha sido el más beligerante contra la posibilidad de una ley de amnistía. «Es inconstitucional», ha dicho sin vacilar. En su opinión, el artículo 62 de la Constitución prohíbe indultos generales, «por lo que con más motivo prohíbe una medida de gracia que va mucho más allá». El catedrático también ha criticado los planteamientos del dictamen que presentó Sumar porque insiste en que la amnistía puede hacerse en Alemania (está incluida en los textos constitucionales de varios países europeos).
«Aquí no se puede hacer porque estamos interpretando la Constitución española, no la alemana», ha insistido Gimbernat. El informe que presentó la formación que lidera Yolanda Díaz también señala las resoluciones judiciales por «desproporcionadas». Este especialista en Derecho Penal ha advertido de las consecuencias de llevar esta cuestión a la exposición de motivos de una ley de amnistía porque supondría darle al Legislativo la oportunidad de interpretar las leyes, lo cual acabaría con la división de poderes.
Este debate es la continuación al foro celebrado la semana pasada. En esta ocasión, Eugenio Ribón, decano del ICAM, ha apelado a los políticos a actuar con responsabilidad y sentido de Estado en la defensa de los valores constitucionales y democráticos. «En un momento donde las democracias a menudo enfrentan desafíos y amenazas, es esencial que trabajemos activamente para propiciar que nuestros partidos ctúen como pilares de nuestras democracias». Ribón ha destacado que la defensa del Estado de derecho «es una misión compartida».
