Esperanza Aguirre demandará a un portavoz de Más Madrid por sugerir guillotinarla
La expresidenta de la Comunidad de Madrid exigirá una disculpa, una rectificación y una indemnización
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. | Europa Press
El tuit de Carlos Arnal, portavoz y concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Las Rozas, sugiriendo que Esperanza Aguirre debe ser guillotinada por sumarse a las manifestaciones contra la futura ley de amnistía no ha sentado nada bien a la expresidenta madrileña. Su abogada, Guadalupe Sánchez, ha confirmado a THE OBJECTIVE que emprenderá acciones legales contra Arnal por insinuar que en España «se guillotina poco» en un tuit en el que hablaba sobre la también exministra de Educación.
«Una tipa que tiene en la cárcel a vicepresidentes, consejeros y cientos de cargos de confianza, que está demostrado acudió a las urnas dopada económicamente, esta dando lecciones de democracia y Constitución. Poco nos pasa en este país. Y que poco se guillotina», aseguró el izquierdista a través de la red social X (antes Twitter).
El portavoz de Más Madrid en Las Rozas ha borrado el tuit que llevaba publicado cuatro días contra Esperanza Aguirre poco después de que THE OBJECTIVE lo hiciese público.
Esperanza Aguirre ha encomendado su representación a Guadalupe Sánchez, abogada del despacho Novalex que pretende llevar el proceso por la vía civil con el objetivo de que el futuro demandado se disculpe, rectifique públicamente y pague una indemnización simbólica a la víctima (podrían ser en torno a 1.000 euros).
La acción que plantearán será la prevista en la ley 1/1982: delitos contra el honor, la intimidad y la propia imagen. En concreto, el artículo 9, que establece que «podrá recabarse la tutela judicial por las vías procesales ordinarias o por el procedimiento previsto en el art. 53.2 de la Constitución Española». Y es que tal y como ha confirmado la abogada de Esperanza Aguirre a THE OBJECTIVE, la libertad de expresión de la que gozan los cargos públicos «tiene límites»: «En ningún caso amparan la difamación ni la descalificación, y mucho menos que desde la posición de privilegio que confiere la condición de concejal y de portavoz de un partido político, se aliente el odio o incluso la violencia contra una persona concreta», ha zanjado.
18.000 euros a Irene Montero
El despacho de abogados Novalex Spain ya defendió a Ramón Marcos cuando personalidades públicas como Irene Montero, Ángela Rodríguez Pam y Ana Pardo de Vera le acusaron de ser un «maltratador». En el caso de la ministra de Igualdad, el alto tribunal señaló que, «en el conflicto entre el derecho fundamental a la libertad de expresión y el derecho al honor», «atenta contra la reputación personal atribuir infundadamente a una persona la condición de maltratadora». Por eso fue condenada al pago de la indemnización y a dar difusión a la sentencia.
Al tratarse de unas declaraciones realizadas en el ejercicio de su cargo como ministra del Gobierno, la demanda fue formalizada ante la Sala Primera del Tribunal Supremo.
Pese a que Montero ya ha abonado la cantidad solicitada, la disculpa pública aún no se ha producido y la ministra en funciones está de hecho tratando de evitarla a toda costa. Su último intento, recurriendo al Constitucional, que ya ha inadmitido el recurso de amparo alegando que «el honor es un derecho fundamental que protege frente a atentados en la reputación personal, la cual se ve afectada cuando se atribuye a una persona conductas merecedoras del máximo reproche social».
